| Andalucía, 2 de abril de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno al Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas, que destinará en los próximos cuatro años un total de 500 millones de euros a favorecer el bienestar y la estabilidad de las familias residentes en la comunidad autónoma y a fomentar la compatibilidad entre la vida laboral y la atención a los hijos y a las personas mayores. De la cantidad total prevista, 120 millones de euros ya están recogidos en los presupuestos de la Junta para 2002.
Esta iniciativa, que será presentada en las próximas semanas a los diferentes sectores sociales de Andalucía, incluye tanto el establecimiento de ayudas económicas directas como la creación de una red integral de servicios de apoyo en los ámbitos de la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo y la asistencia social.
El decreto pretende también dar respuesta a las nuevas demandas sociales derivadas de fenómenos como los nuevos tipos de familias, el papel social de la mujer, la atención al creciente número de personas mayores, la menor cantidad de hijos y su más prolongada dependencia y los cambios demográficos registrados durante las últimas décadas.
En total se establecen 30 medidas, la mayor parte novedosas y que se irán desarrollando más allá del horizonte temporal que plantea el decreto. Entre ellas destacan las referidas a la ampliación de la oferta de servicios de apoyo, especialmente los de atención a personas mayores y discapacitados; incorporación de las familias al uso de las nuevas tecnologías; fomento de la compatibilidad entre la vida profesional y el cuidado de los hijos; adaptación de las viviendas de personas mayores y discapacitadas, y ayudas para hijos menores y partos múltiples.
Las medidas previstas en el decreto se dirigen fundamentalmente a las capas medias y bajas de la población andaluza. En este sentido, se establecen las siguientes limitaciones de ingresos familiares: tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el caso de las familias monoparentales; 4,8 veces el SMI para las familias de dos miembros, y 6 veces el SMI para las de tres miembros, a lo que se añade un SMI por cada nuevo miembro de la unidad familiar.
Familias con hijos
Entre otras prestaciones directas, el decreto establece ayudas para paliar las dificultades económicas de aquellas familias que al nacer el tercer hijo o sucesivos tienen otro o más de edades inferiores a tres años. Con la misma finalidad se concederán prestaciones en casos de partos múltiples durante los tres primeros años de vida de los nacidos.
En el ámbito laboral, la principal medida se dirige a apoyar la incorporación a la actividad profesional de las personas que dejan de trabajar para atender a hijos menores de tres años. Para ello se fijan incentivos a la contratación estable durante los 48 meses siguientes a la fecha del último nacimiento.
En cuanto a los servicios adicionales de apoyo, el decreto determina la creación de 50.000 nuevas plazas (10.000 durante este año) en guarderías infantiles públicas y concertadas para niños de cuatro meses a tres años. También se ampliarán los horarios de estos centros, con el objetivo de facilitar la actividad profesional de los padres. Las guarderías abrirán ininterrumpidamente de 7.30 a 20.00 de lunes a viernes y durante once meses al año.
En los centros docentes públicos no universitarios también está prevista una ampliación de los horarios de apertura, desde las 7.30 a las 18.00 todos los días lectivos. El periodo entre las 7.30 y la hora de comienzo de la jornada lectiva se configura como un servicio adicional cuyo acceso podrá ser solicitado por días determinados o con carácter continuo.
También en relación con los centros docentes públicos de la comunidad, el decreto impulsa medidas destinadas a generalizar el servicio de comedor para niños de 3 a 16 años y la organización de actividades complementarias (informática, idiomas, deporte, etc.) en jornadas de tarde.
Para la utilización de todos estos nuevos servicios educativos, que este primer año serán ofertados en 300 centros y utilizados por unos 50.000 alumnos, se prevén bonificaciones de hasta el 50% de su coste.
Las medidas de apoyo en el ámbito de la educación se completan con la convocatoria anual de 150.000 nuevas ayudas para la adquisición de libros de texto. Estos cheques-libro se sumarán a los 250.000 que actualmente gestiona la Junta, con lo que se abarcará la mitad de la población escolar andaluza.
En cuanto al acceso de las familias a las nuevas tecnologías, se establecerán 10.000 ayudas anuales para la adquisición de equipos informáticos, de hasta el 50% del precio y con un tope de 450 euros. También están previstas bonificaciones de hasta el 50% del coste de la tarifa para la conexión a Internet durante un año y cursos de formación sobre manejo de equipos informáticos y tecnologías de la información.
Mayores y discapacitados
Entre las medidas destinadas a las familias con personas mayores o discapacitadas, destacan las ayudas para mejorar la seguridad y adecuación funcional básica de las viviendas que constituyan residencia habitual y permanente de personas mayores o discapacitadas. Estas subvenciones podrán alcanzar hasta el 70% de las obras necesarias en el caso de que la persona solicitante sea titular de la tarjeta Andalucía-Junta Sesentaycinco Oro.
En el área sanitaria, la principal prioridad se dirige a consolidar la atención domiciliaria a personas mayores, enfermas y discapacitadas. Para ello se reforzarán los actuales equipos de enfermería de los centros de salud en las ocho capitales andaluzas con la contratación de un centenar de profesionales. En el caso de los enfermos de Alzehimer, está prevista la conexión entre los centros de salud y los hospitales de referencia para la realización de diagnósticos, evitando así los desplazamientos de los pacientes residentes en áreas rurales.
Con una finalidad similar, la de evitar traslados de mayores y discapacitados a los hospitales, el decreto determina el establecimiento de una red de unidades de fisioterapia y rehabilitación en los centros de atención primaria. En este sentido, está prevista la posibilidad de firmar acuerdos con los ayuntamientos para acceder al uso de sus instalaciones deportivas.
En el campo de la salud mental, el principal objetivo propuesto se dirige a paliar la sobrecarga familiar que ocasionan algunas psicopatologías propias de la población infantil y juvenil. Para ello se reforzarán los equipos de salud mental que trabajan en los distritos de atención primaria y, en el caso de las patologías más complejas, se creará una red especializada que incluirá hospitalización completa.
Servicios sociales
Respecto a la atención social, el decreto introduce como principal novedad la creación de programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar, que se encargarán de sustituir en centros residenciales o específicos, las tareas de cuidado prestadas a una persona dependiente por algún miembro de su familia. Este servicio se prestará durante parte del día o en cortos periodos de tiempo a fin de permitir que el beneficiario pueda ausentarse del domicilio por razones laborales o de descanso. A lo largo de 2002 se prevé la creación de 2.850 plazas de Estancia Diurna y se facilitarán 3.500 estancias de Respiro Familiar.
El decreto incluye también la previsión de incrementar en 1.600 anuales el número de plazas para mayores de 65 años y discapacitados en los centros residenciales.
Finalmente, otras medidas se dirigen a financiar hasta el 50% de las inversiones que realicen las empresas que tengan en su objeto social el desarrollo de alguna de las actividades recogidas en la norma. Igual financiación se establece para aquellas empresas que creen guarderías y centros de atención a mayores para los hijos y familiares de sus trabajadores.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación incluidas en el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, cuyo presupuesto total alcanza los 220 millones de euros.
Respecto a la regulación anterior, esta norma simplifica y agiliza todo el procedimiento de concesión, ya que sólo será necesaria una única notificación a la Comisión Europea durante todo el periodo 2000-2006. Esta comunicación se realizaba antes, con carácter anual, para cada una de las órdenes de convocatorias elaboradas por las distintas consejerías encargadas de canalizar las subvenciones.
El Consejo de Gobierno ya reguló el pasado año en la misma línea las ayudas para medio ambiente, agricultura e inversiones empresariales de desarrollo regional. Actualmente se elabora el decreto correspondiente a formación y empleo, que completará el régimen de las subvenciones acogidas al Marco Comunitario de Apoyo.
La norma aprobada hoy incluye incentivos de los que se pueden beneficiar todos los sectores de la economía andaluza, pero especialmente las actividades relacionadas con la industria aeronáutica, la información y la comunicación, la minería y los sectores agrario, agroalimentario y pesquero. El decreto define tanto los posibles beneficiarios como los tipos de ayudas, los criterios para su concesión y los costes que se subvencionan, entre otros aspectos.
Como empresas beneficiarias se señalan todas aquellas privadas y públicas que se encuentren radicadas en Andalucía. Entre los objetivos concretos de las ayudas, destaca el de apoyar a proyectos que contribuyan a la creación y desarrollo de empresas tecnológicamente avanzadas, competitivas y generadoras de empleo.
En cuanto al tipo de incentivos, se trata fundamentalmente de subvenciones, aunque también están previstos préstamos, bonificaciones de intereses y aportaciones a fondos y sociedades de capital riesgo.
Entre los costes subvencionables, el decreto señala los relativos a gastos de personal, asesoría y adquisición de material, terrenos y locales, así como inversiones en bienes de equipo y desembolsos suplementarios derivados de la actividad investigadora.
Las ayudas incluidas en el decreto se canalizan a través de las consejerías de Presidencia, Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca y Educación y Ciencia.
El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, el núcleo delimitado por el recinto amurallado de Palma del Río, en cuyo interior se conserva un rico patrimonio artístico y arquitectónico que abarca desde la época altomedieval hasta el siglo XVIII.
Las murallas fueron construidas durante el periodo de la dominación islámica y rehechas en gran parte tras la conquista cristiana de 1231. Los almohades construyeron una alcazaba en el extremo noroeste, hoy prácticamente desaparecida. Una de sus torres, denominada de las Angustias, fue convertida en capilla en el último tercio del siglo XVIII. En la zona oriental se halla la Puerta del Sol o de la Villa, que cuenta con una balconada plateresca y sirve de acceso a la antigua ciudadela medieval.
El interior del recinto se organiza con una trama muy elemental constituida por dos calles y una agregación de plazoletas que las unen a la Puerta del Sol. Entre sus edificios destacan el Palacio de los Portocarrero, que data del siglo XVI; la iglesia y el claustro del antiguo Convento de Santa Clara (siglos XVI y XVIII, respectivamente); la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre 1710 y 1770, y la citada Capilla de Nuestra Señora de las Angustias. También se conservan restos de otras construcciones antiguas, entre ellas un aljibe, un almacén de granos y unas caballerizas, actualmente convertidas en museo.
El Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, la Iglesia del Antiguo Hospital de la Concepción de la localidad sevillana de Écija. Este templo, construido en el siglo XVI y única parte conservada de lo que fue el conjunto arquitectónico conocido también como ‘El Hospitalito’, se sitúa en la céntrica calle del Conde cerca de otros destacados edificios históricos de la localidad, como la Iglesia de Santa María, el Convento de las Carmelitas Descalzas y el Ayuntamiento.
La iglesia posee una sola nave con un presbiterio diferenciado mediante arco toral de ladrillo con almohadillados, en el que destaca un púlpito dieciochesco de jaspe rojo y negro. Todo este conjunto está cubierto con armaduras mudéjares de lazo.
Entre los elementos más destacados del edificio figura la portada, construida en ladrillo visto de color rojizo y sobre la que se dispone un ático con hornacina que alberga una imagen de la Inmaculada. La espadaña, situada en el lateral derecho, se compone de un cuerpo de campanas de arcos de medio punto entre pilastras de perfil ondulado.
La declaración de Bien de Interés Cultural incluye también las obras de arte que alberga el templo. Entre ellas sobresalen una talla de Jesús del Mayor Dolor, un lienzo del Cristo ante la Verónica y otro de Jesús Nazareno, así como los retablos de la Virgen de la Soledad, la Sagrada Familia, la Visión de San Antonio y San Juan Nepomuceno.
El entorno de protección del monumento incluye tanto las parcelas contiguas como las correspondientes a la calle del Conde y algunas de las calles Marquesas y Sor Ángela de la Cruz.
El Consejo de Gobierno ha acordado expresar su criterio contrario a tomar en consideración la proposición de reforma de la Ley Electoral presentada por el Grupo Mixto del Parlamento de Andalucía para, entre otros objetivos, añadir una circunscripción central correspondiente al territorio de la comunidad autónoma.
Según el Gobierno andaluz, esta propuesta contraviene lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto de Autonomía, que establece que la circunscripción electoral es la provincia. En relación con ello, recuerda que la reforma de una ley orgánica como el Estatuto no puede acometerse a través de una ley de rango inferior, sino que requiere un procedimiento especial con un alto nivel de consenso.
La citada proposición del Grupo Mixto plantea además modificar la Ley Electoral de Andalucía para incentivar la democracia paritaria y propiciar que ninguno de los dos sexos logre una representación superior al 60%. El Ejecutivo autonómico considera que esta reclamación redunda sobre otro acuerdo parlamentario del mismo tenor, aprobado en junio del pasado año y sobre el que ya se está trabajando bajo la premisa de lograr un consenso con todos los grupos de la Cámara autonómica.
El artículo 124 del Reglamento del Parlamento de Andalucía faculta al Consejo de Gobierno a manifestar su criterio contrario a la aceptación de cualquier iniciativa parlamentaria, sobre todo si implica un crecimiento del gasto presupuestario. En este sentido, la proposición del Grupo Mixto supondría un aumento de los gastos electorales correspondientes a retribuciones y a subvenciones por escaños obtenidos, ya que plantea incrementar éstos de 109 a 110.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a María de la Luz Méndez Correa directora general de Coordinación Institucional de la Consejería de Relaciones Institucionales.
María de la Luz Méndez, docente de profesión, es natural de Écija (Sevilla), localidad de la que fue alcaldesa durante el periodo 1986-87. Anteriormente, desde 1979 hasta 1986, fue teniente de alcalde de este municipio.