| Andalucía, 5 de marzo de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, norma que refuerza el urbanismo como función pública e introduce, como principales novedades, la creación de instrumentos para dinamizar el mercado de suelo y medidas concretas para la protección del litoral andaluz.
El proyecto tiene como objetivos generales reforzar el papel de las administraciones en la actividad urbanística, propiciar el desarrollo sostenible de las ciudades andaluzas, facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda en las mejores condiciones posibles, fomentar la iniciativa privada y reforzar la colaboración interadministrativa y la participación ciudadana.
De acuerdo con estos principios, se establecen cuatro tipos de documentos básicos de planeamiento urbanístico: el Plan General de Ordenación Urbanística, marco general en el que se fijan las condiciones de desarrollo urbano del municipio; las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización; los Planes de Ordenación Intermunicipales, y las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. Estas dos últimas figuras son de nueva creación y responden al objetivo de ofrecer a los ayuntamientos pautas de ordenación supramunicipales.
El texto legal reconoce a los ayuntamientos la iniciativa de elaboración del Plan General y amplía sus competencias para la aprobación tanto del planeamiento de desarrollo como de aquellas modificaciones que no afecten a la ordenación estructural del municipio.
Por su parte, la Comunidad Autónoma mantiene sus competencias para la aprobación definitiva del planeamiento general y para la aprobación de aquellas modificaciones que afecten a la ordenación estructural, principalmente en los casos de cambios en la clasificación de los suelos, equipamientos públicos, infraestructuras, zonas verdes, centros históricos y suelos no urbanizables protegidos.
Junto a esta regulación del planeamiento, la futura ley creará nuevos instrumentos para dinamizar el mercado del suelo, tanto a través de la intervención pública como del fomento de la iniciativa privada en la actividad urbanística.
En cuanto a la intervención pública, se establece la cesión a los ayuntamientos del 10% del suelo urbanizado por parte de los promotores, para el desarrollo de los fines del Patrimonio Municipal de Suelo, cuyos fines serán, de forma preferente, los relativos a las políticas públicas de construcción y rehabilitación de viviendas. Al mismo tiempo, se crea como figura novedosa el Patrimonio Autonómico de Suelo, con los mismos fines que el Patrimonio Municipal, y se establece que los planes generales de las principales ciudades deberán garantizar suelo suficiente para viviendas de protección pública.
Respecto a los instrumentos para incentivar a la iniciativa privada, destaca la creación de las figuras del agente urbanizador, el agente edificador y el agente rehabilitador. El primero de ellos hará posible que los promotores privados sustituyan a los propietarios de suelo urbanizable en la ejecución del planeamiento ante la inactividad de estos últimos, a través de una concesión administrativa que podrá sacar a concurso el Ayuntamiento. El mismo procedimiento se utilizará para el agente edificador en el caso de suelo urbano ocioso y para el agente rehabilitador en la recuperación de edificios en ruina.
Protección del litoral
Junto con los anteriores preceptos, algunas de las más novedosas aportaciones del borrador se refieren a la protección del medio ambiente, el paisaje y los bienes naturales. Estos fines se introducen en los criterios para la clasificación de los terrenos, la tipificación de las infracciones y, sobre todo, en las nuevas medidas para la protección del litoral.
Los Planes Generales deberán contener la normativa para la protección y adecuada utilización del litoral, con delimitación de la Zona de Influencia, que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, ampliable en función de las características del territorio, y en donde se deberá evitar la urbanización continua y la formación de pantallas de edificación.
Al mismo tiempo, en la franja de Servidumbre de Protección del Litoral –los 100 primeros metros desde el límite interior de la ribera del mar– sólo se permitirán los espacios libres de uso y disfrute público, prohibiéndose por tanto los usos privados no residenciales que sí se aceptaban en la Ley de Costas de 1988.
La participación ciudadana en la actividad urbanística se garantiza mediante la información pública de todos los proyectos en los que se tomen las principales decisiones en materia de planificación y ejecución urbanística. Se crea un Registro de Planeamiento público y se regulan los convenios urbanísticos, que se regirán por los principios de transparencia y de publicidad en sus procesos de tramitación y cumplimiento.
La gestión urbanística se agilizará mediante la simplificación del documento del Plan General, a través de la introducción de la figura del Suelo Urbanizable Ordenado, la posibilidad de revisión parcial del Plan General y la creación de las Juntas de Compensación para las reparcelaciones y de las Comisiones Provinciales de Valoración, en sustitución de los Jurados Provinciales de Expropiación.
Sanciones
En cuanto al apartado de disciplina, infracciones y sanciones, se refuerzan las actuaciones de inspección urbanística, tanto de los ayuntamientos como de la Administración autonómica. En caso de actividades sin licencia municipal, se faculta a la Administración para precintarlas, retirar la maquinaria, cortar el suministro de energía y tomar medidas para la reposición de la realidad física alterada, tales como la demolición, la reconstrucción o la reparcelación.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde a los ayuntamientos. No obstante, existen cinco supuestos en los que podrá intervenir la Comunidad Autónoma ante una eventual inactividad municipal: actividades que se realicen sin instrumento de planeamiento preciso para su legitimación; parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable; actividades que afecten a suelo no urbanizable de especial protección, bienes o espacios catalogados, zonas verdes, espacios libres, infraestructuras o demás reservas para dotaciones, y actividades que afecten a otras determinaciones de la ordenación estructural del planeamiento.
Las infracciones se tipifican en leves, graves y muy graves, oscilando las sanciones entre los 600 euros como valor mínimo y el 300% del valor de la obra o del bien alterado como valor máximo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la relación de puestos de trabajo de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía. Estos servicios, creados en todas las provincias a partir de la reorganización de los antiguos Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajo, tienen como principal objetivo garantizar la protección de la salud y la seguridad de los más de 220.000 trabajadores de la Administración autonómica.
Con la decisión adoptada hoy, la dotación de personal de la Junta en este ámbito pasa de 541 a 681 puestos de trabajo, todos ellos integrados en la estructura de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Más del 75% de las 140 nuevas plazas creadas corresponde a técnicos superiores especializados.
Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales integran diversas disciplinas preventivas en materia de salud y seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada. También asumen tareas como el diseño y la coordinación de los planes preventivos, la evaluación de factores de riesgo y la determinación de los medios para primeros auxilios y control de la salud, así como iniciativas de formación e información.
La creación de estos centros y su dotación de personal ha sido pactada con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa para la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La participación de los sindicatos en la estrategia de prevención de riesgos laborales de la Administración autonómica se canaliza ahora a través de los Comités de Seguridad y Salud, órganos que han comenzado a constituirse a principios de este año en los distintos centros de trabajo de la Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, el casco antiguo de la localidad sevillana de Utrera, atendiendo a sus destacados valores históricos, monumentales y paisajísticos. El área delimitada comprende las distintas expansiones urbanas de la ciudad desde sus comienzos hasta el siglo XIX.
La zona más antigua, situada en el centro, se desarrolló en torno al castillo entre la época musulmana y finales del siglo XIV, con una especial expansión a partir de la conquista cristiana. Está ocupada por viviendas con plantas muy irregulares y generalmente de doble altura, entre las que abundan las de tipo señorial, así como por edificios de gran interés arquitectónico como la Iglesia de Santiago, el Convento de la Purísima Concepción o el propio castillo.
Al suroeste de este núcleo central se ubica el área construida entre los siglos XV y XVI, densamente configurada por manzanas y parcelas irregulares con viviendas de dos plantas y marcado carácter señorial, en torno a la Iglesia de Santa María de Mesa y a las plazas de Enrique de la Cuadra y Santa María. Estas casas presentan en su mayoría fachadas de destacados rasgos estilísticos que conceden a los espacios públicos de la zona un gran valor visual.
Por su parte, el sector correspondiente a los siglos XVII y XVIII presenta una trama urbana más regular, con manzanas cuadrangulares en las que predomina la vivienda popular de carácter tradicional. En esta zona de expansión hacia el norte se concentran numerosos monumentos de gran relevancia, como las iglesias de San Francisco el Real y Nuestro Padre Jesús Nazareno, el palacio de los Marqueses de Tous o la Casa Surga.
Finalmente, la zona más moderna incluida en el conjunto histórico pertenece al desarrollo urbano del siglo XIX y se localiza al oeste, entre las calles Nueva, Eduardo Dato y Vía Marciala. El trazado de sus vías se conserva intacto, tal y como se recoge en el plano de la villa de 1870, con la salvedad de la ampliación de la Vía Marciala. Destacan aquí los valores paisajísticos que relacionan visualmente esta zona con el núcleo más antiguo de población en torno al castillo.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de 32 nuevas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, con el objetivo de agilizar la gestión administrativa y promover el empleo y las iniciativas empresariales en otras tantas comarcas de las ocho provincias andaluzas. Con ello son ya 91 las oficinas de este tipo aprobadas en Andalucía.
Las 32 sedes autorizadas hoy se situarán en los municipios de Alhama de Almería, Cantoria, Carboneras, Purchena, Tabernas, Vélez-Rubio y Vícar, en la provincia de Almería; Medina-Sidonia y Vejer de la Frontera (Cádiz); Baena e Hinojosa del Duque (Córdoba); Cortegana (Huelva); Atarfe, Cádiar, Guadix, Iznalloz y Órgiva (Granada); Campillo de Arenas, Martos, Orcera, Úbeda, Santisteban del Puerto, Mancha Real, Huelma, Andújar y Bailén (Jaén); Ronda, Torrox, Guaro, Cortes de la Frontera y Mijas (Málaga), y La Rinconada, en la provincia de Sevilla.
Los acuerdos para la creación de estas oficinas establecen que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico financiará al cien por cien los costes de contratación de personal, mobiliario y equipamiento, mientras que las corporaciones locales se encargarán de los gastos de mantenimiento y de proporcionar los inmuebles.
La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico tiene previsto cubrir todo el territorio andaluz con un total de 112 sedes, a través de la formalización de consorcios con los respectivos ayuntamientos. La red completa contará con una plantilla de 672 trabajadores, entre técnicos y administrativos, lo que supone una media de seis personas por oficina, ampliable según el número de habitantes de cada zona de influencia. La provincia de Sevilla acogerá 19 sedes y Granada 17. Les siguen Cádiz y Jaén, con 15 cada una, Málaga (14), Córdoba (13), Almería (10) y Huelva (9).
ANEXO. MUNICIPIOS INCLUIDOS EN LAS NUEVAS UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ALMERÍA
Alhama de Almería: Alboloduy, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Alsodux, Beires, Benahadux, Bentarique, Canjáyar, Gádor, Huécija, Huércal de Almería, Illar, Instinción, Ohanes, Padules, Pechina, Rágol, Rioja, Santa Cruz de Marchena, Santa Fe de Mondújar, Terque y Viator
Cantoria: Albanchez, Cantoria, Chercos, Fines, Líjar y Macael
Carboneras: Carboneras
Purchena: Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Lúcar, Purchena, Serón, Sierro, Sulfí y Urrácal
Tabernas: Abla, Abrucena, Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Fiñana, Gérgal, Lubrín, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Uleila del Campo y Velefique
Vélez-Rubio: Chirivel, María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio
Vícar: Enix, Felix, La Mojonera y Vícar
CÁDIZ
Medina-Sidonia y Vejer de la Frontera: Alcalá de los Gazules, Benalup, Medina-Sidonia, Paterna de Rivera, San José del Valle, Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera
CÓRDOBA
Baena: Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya, Valenzuela
Hinojosa del Duque: Belalcázar, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Villaralto y Villanueva del Duque
HUELVA
Cortegana: Almonaster la Real, Aroche, Castaño del Robledo, Cortegana, Cumbres de en Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Jabugo, La Nava, Rosal de la Frontera y Santa Ana la Real
GRANADA
Atarfe: Albolote, Atarfe, Jun, Moclín, Peligros, Pinos Puente y Pulianas
Cádiar: Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Cádiar, Juviles, Lobras, Murtas, Nevada, Turón y Válor
Guadix: Alicún de Ortega, Beas de Guadix, Benalúa, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Fonelas, Gor, Gorafe, Guadix, La Peza, Lugros, Marchal, Polícar, Purullena, Valle del Zalabí y Villanueva de las Torres
Iznalloz: Benalúa de las Villas, Campotéjar, Colomera, Deifontes, Gobernador, Guadahortuna, Huélago, Iznalloz, Montejícar, Montillana, Morelábor, Pedro Martínez, Piñar y Torre Cardela
Órgiva: Almegíjar, Bubión, Busquístar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, La Taha, Lanjarón, Órjiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, Torvizcón y Trevélez
JAÉN
Campillo de Arenas: Campillo de Arenas, La Guardia de Jaén, Pegalajar, Cárcheles y Noalejo
Martos: Torredelcampo, Fuensanta de Martos, Higuera de Calatrava, Jamilena, Martos, Santiago de Calatrava, Fuente del Rey, Torredonjimeno y Villardompardo
Orcera: Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benalae, Hornos, La Puerta de Segura, Orcera, Génave, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albánchez y Puente de Génave
Úbeda: Rus, Sabiote, Torreperogil y Úbeda
Santisteban del Puerto: Arquillos, Montizón, Chiclana de Segura, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto
Mancha Real: Albanchez de Mágina, Bedmar y Garcíez, Jimena, Mancha Real y Torres.
Huelma: Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Huelma, Larva y Cambil
Andújar: Andúlar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espelúy, Lopera, Marmolejo, Villanueva de la Reina y Porcuna
Bailén: Bailén, Baños de la Encina, Guarromán, Jabalquinto, Mengíbar, Torreblascopedro y Villatorres
MÁLAGA
Ronda: Alpandeire, Arriate, Cartajima, Igualeja, Júzcar, Parauta y Ronda
Torrox: Algarrobo, Archez, Arenas, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares, Sayalonga, Sedella y Torrox
Guaro: Alozaina, Casarobonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera
Cortes de la Frontera: Algatocín, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cortes de la Frontera, Gaucín, Genalguacil, Jimena de Líbar, Jubrique y Montejaque
Mijas: Fuengirola y Mijas
SEVILLA
La Rinconada: Alcalá del Río, Brenes, Cantillana, La Algaba, La Rinconada y Villaverde del Río
La Junta de Andalucía ampliará a partir del próximo curso los servicios de los centros docentes públicos con el objetivo de atender las nuevas demandas de la sociedad. La consejera de Educación y Ciencia, Cándida Martínez, ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno el Plan de Apertura de los Centros Docentes a la Comunidad Educativa, que, entre otras medidas, reforzará la oferta de aulas matinales, comedores escolares y actividades extraescolares y complementarias. Inicialmente, la Junta destinará un presupuesto de 60 millones de euros a este plan y a otras iniciativas de apoyo a la familia para compaginar los horarios laboral y escolar.
La Consejería prevé que el próximo curso se beneficien de los nuevos servicios unos 300 centros y 50.000 alumnos. Los colegios e institutos serán seleccionados en función de la demanda existente y de los proyectos que presenten. Asimismo, la Junta realizará las mejoras necesarias en los centros que precisen de una adecuación de las instalaciones.
El servicio de aulas matinales se ofrecerá de lunes a viernes para los centros de Educación Infantil y Primaria. Estas aulas, que podrán funcionar desde las 7.30 de la mañana hasta el comienzo del horario lectivo con actividades no regladas, garantizarán la atención educativa del alumnado en función de su edad, pudiéndose solicitar por las familias con carácter continuado o para días determinados.
Respecto a los comedores, los centros acogidos al Plan podrán ofrecer este servicio a su alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, con una duración de hasta dos horas a partir del término de la actividad lectiva de la mañana. El comedor se ofrecerá de lunes a viernes y se podrá solicitar por las familias con carácter continuado o para días determinados.
Los centros de educación Infantil, Primaria y Secundaria que se incluyan en el plan ofrecerán también, fuera de horario lectivo y de lunes a jueves, actividades extraescolares como deporte, música, informática e idiomas. Al menos se organizarán dos tipos de actividades cada día, con una hora de duración y un cómputo semanal mínimo de dos horas para cada una de ellas.
En los próximos días, la Consejería de Educación informará de estas medidas a los centros docentes, sindicatos, Confederación de Empresarios de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Consejo Escolar de Andalucía y Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Vicente Vigil-Escalera Pacheco secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Vicente Vigil-Escalera, natural de Sevilla, es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, como los de director provincial en Sevilla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y director del INEM en Sevilla. En la actualidad ocupaba el cargo de director general de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a José Taboada Castiñeiras director general de la Función Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública, cargo en el que sustituye a Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
José Taboada, natural de Santiago de Compostela, es licenciado en Filosofía y Psicología por la Universidad de Salamanca. Profesor de Enseñanza Secundaria y funcionario de carrera, ha ocupado, entre otros puestos, el de director de personal de la Radiotelevisión de Andalucía.