| Andalucía, 7 de mayo de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Parejas de Hecho, que establece para estas uniones los mismos derechos que ya tienen los matrimonios residentes en la comunidad en sus relaciones con las administraciones andaluzas. La norma considera pareja de hecho a toda unión de dos personas, con independencia de su opción sexual, dirigida a convivir de forma estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal.
En el ámbito de las prestaciones sociales, el proyecto reconoce el derecho de estas uniones a solicitar su ingreso conjunto en los centros residenciales públicos para personas mayores, de forma que puedan compartir habitaciones en exclusiva. Del mismo modo, las parejas de hecho serán tenidas en cuenta en aquellos casos en que el mantenimiento de la relación sea determinante para la adecuada asistencia en materia de drogodependencias. Los miembros de este tipo de uniones podrán además ejercer el derecho que la legislación reconoce a los familiares y allegados a obtener información completa y continuada sobre asistencia sanitaria, incluyendo los datos relativos a diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.
Los beneficios previstos en la futura ley serán aplicables a todas las personas que estén inscritas en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con el texto legal, la pareja de hecho quedará disuelta en caso de matrimonio de los dos miembros o de alguno de ellos, así como por mutuo acuerdo, voluntad unilateral de uno de sus integrantes o cese efectivo de la convivencia por un periodo superior a un año.
En las materias no reguladas expresamente por el proyecto, las parejas de hecho quedarán equiparadas también al matrimonio en sus relaciones jurídicas con las administraciones públicas andaluzas, teniendo como únicas limitaciones las que puedan resultar de la aplicación de la normativa estatal.
La Junta de Andalucía incrementará las ayudas para la contratación indefinida, la constitución de trabajadores autónomos y la creación de puestos de trabajo entre los colectivos de mujeres, jóvenes y personas con dificultades de acceso al mercado laboral. Así se recoge en el nuevo marco de incentivos aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que sustituye al anterior de 1997 y cuyo objetivo se dirige a favorecer en los próximos tres años la contratación estable de 45.000 trabajadores y la creación de 19.500 empleos de carácter autónomo.
La norma, denominada Decreto sobre Incentivos, Programas y Medidas de Fomento a la Creación de Empleo y Autoempleo, da cumplimiento a una de los principales contenidos del V Acuerdo de Concertación Social firmado el pasado año por la Junta y las principales organizaciones empresariales y sindicales de la comunidad autónoma. Los incentivos previstos supondrán un gasto aproximado de 360,6 millones de euros hasta 2004, año de finalización del V Acuerdo, aunque esta cifra puede variar dependiendo de la demanda de ayudas que se produzca.
En relación con el marco de incentivos vigente hasta ahora, más centrado en transformar contratos temporales en indefinidos, el nuevo decreto apoyará directamente la contratación estable, vinculando las ayudas al tamaño de la empresa y dando prioridad a las iniciativas de las pymes y de los autónomos. De este modo, la norma amplía los supuestos de apoyo a la creación de empleo estable –con hasta 4.208 euros por contrato– introduciendo una discriminación positiva a favor de las pymes, cuyas nuevas contrataciones obtendrán la máxima cuantía de respaldo.
En el caso de los autónomos, las ayudas, también novedosas, alcanzarán los 6.011 euros por inicio de actividad y los 4.208 por la primera contratación indefinida que realicen. Además, estos trabajadores podrán beneficiarse de bonificaciones de hasta un máximo de 3.006 euros en los intereses de los créditos que suscriban.
Otra aportación destacada respecto a la normativa anterior es la creación de nuevas ayudas dirigidas de forma específica a los territorios con mayores niveles de paro y a los grupos sociales que atraviesan dificultades de empleo por circunstancias excepcionales. Estos incentivos podrán alcanzar 13.266 euros en el caso de los contratos indefinidos y 1.804 en los temporales.
De nueva creación son también las líneas de apoyo a los contratos fijos discontinuos para favorecer la estabilidad laboral en actividades estacionales. Las ayudas se fijan en un máximo de 3.607 euros, siempre y cuando esta modalidad contractual figure en el convenio colectivo de la empresa que realiza la contratación.
Jóvenes y mujeres
En líneas generales, las distintas medidas aprobadas para el fomento del empleo centran su prioridad en las mujeres y los jóvenes menores de 30 años, así como en otros colectivos con especiales dificultades de acceso al trabajo: desempleados pertenecientes a minorías étnicas, mayores de 45 años, beneficiarios del Programa de Solidaridad, drogodependientes en procesos de rehabilitación o reinserción social, reclusos cuya situación penitenciaria les permite acceder a un empleo y ex reclusos.
Las nuevas contrataciones estables a mujeres y jóvenes recibirán 4.208 euros en empresas de hasta 10 trabajadores; 3.607 euros en empresas de entre 11 y 50 trabajadores, y 3.006 euros en las que tengan entre 51 y 250 trabajadores. Para colectivos con especiales dificultades, la ayuda en los tres supuestos asciende a 3.607 euros. En cuanto a las empresas con más de 250 trabajadores, la ayuda se fija en 2.405 euros en todos los casos. También se crean incentivos de hasta 6.012 euros por cada nueva contratación estable por sustitución de trabajadores jubilados cuando el contratado sea menor de 30 años o mujer.
Respecto a las personas con discapacidad, el decreto introduce como principal novedad la subvención de 3.006 euros que podrán recibir los centros especiales de empleo (empresas con un 70% de discapacitados en sus plantillas) por cada trabajador con minusvalía de más de tres años de antigüedad que consiga ser contratado por una empresa de ámbito normal. También se establecen subvenciones de 12.021 euros por cada puesto de trabajo estable que se cree en un centro especial de empleo y de 3.607 por la contratación de un discapacitado en una empresa de ámbito general.
Finalmente, el decreto determina una serie de condiciones para que las empresas puedan acceder a las ayudas. Entre estos requisitos, destaca la obligatoriedad de mantener durante un periodo mínimo de tres años los puestos de trabajo indefinidos que se creen gracias a los incentivos previstos. Asimismo, las nuevas contrataciones deberán suponer un incremento neto de la plantilla de al menos el 10% en el caso de empresas de más de 250 trabajadores. Esta condición no se exige a las sociedades con menos de 250 empleados, si bien tanto en un caso como en otro las nuevas contrataciones indefinidas deben suponer que se alcance un porcentaje mínimo del 50% de la plantilla fija.
Agilización de trámites
Como medidas complementarias a las recogidas en el nuevo marco de incentivos, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico introducirá, a partir del próximo mes de septiembre, diversas novedades en la gestión de las ayudas para agilizar su tramitación. De este modo, se ofrecerá la posibilidad de cumplimentar las solicitudes a través de Internet y también de presentarlas en las 112 Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico que comenzarán a funcionar este año en las ocho provincias andaluzas.
Ambas medidas permitirán resolver las solicitudes en un plazo máximo de 45 días. Este mismo periodo se fija como objetivo para el abono de las ayudas una vez emitida la resolución, a través del establecimiento de líneas de financiación preferente con las entidades financieras.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se crea y regula el Registro de establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de experimentación y otros fines científicos. El nuevo censo será de inscripción obligatoria para todas entidades públicas y privadas que se dediquen a la producción, comercialización o uso de animales con fines experimentales en Andalucía.
De acuerdo con la norma, los establecimientos contarán con un libro oficial que deberá ser actualizado con las anotaciones de entrada y salida de animales, resultados de los exámenes sanitarios periódicos y casos de enfermedad, entro otros datos. Además, estarán obligados a notificar a la Consejería de Agricultura y Pesca los experimentos que vayan a realizar, detallando objetivos del proyecto, duración, metodología, especies y número de animales utilizados, destino final de los mismos e identificación del personal investigador.
El registro estará adscrito a la Dirección General de la Producción Agraria y tendrá dos secciones: establecimientos de cría y suministro de animales de experimentación y establecimientos usuarios.
El decreto aprobado hoy recoge también la creación del Comité Andaluz de Experimentación Animal, órgano colegiado que se encargará de planificar la vigilancia y el control de las actividades de los establecimientos inscritos en el Registro, así como de elaborar informes sobre autorizaciones. Este comité estará presidido por el titular de la Dirección General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera e integrado por cuatro miembros en representación de las consejerías de Agricultura y Pesca, Educación y Ciencia, Salud y Medio Ambiente; un representante de las organizaciones de protección de animales; un representante de los establecimientos públicos y otro de los privados.
La Junta de Andalucía invertirá 3,2 millones de euros en la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). El Consejo de Gobierno ha acordado hoy aceptar los terrenos donados por el Ayuntamiento de esta localidad para llevar a cabo el proyecto. La futura sede judicial, de 3.058 m2 de superficie, albergará las dependencias del Registro Civil, la Fiscalía, el Decanato, el Juzgado de Guardia y tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con posibilidad de acoger otros dos.
La construcción del este edificio forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales para Andalucía, que prevé una inversión superior a los 360 millones de euros hasta el año 2008 y la realización de 86 proyectos en 74 municipios de la comunidad autónoma. La Consejería de Justicia y Administración Pública iniciará 30 de estos proyectos durante el presente ejercicio, con una inversión de más de 24 millones de euros.
Desde la asunción de las competencias de Justicia en 1997, la Junta ha destinado más de 21 millones de euros a la construcción y mejora de edificios judiciales. Entre los proyectos realizados destacan las nuevas sedes de Guadix y Motril (Granada) y Baeza y Cazorla (Jaén). También se han llevado a cabo obras de reforma en las Audiencias de Málaga y Sevilla y en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Turismo y Deporte, ha acordado requerir al Gobierno Central la anulación de varios artículos del Real Decreto de 8 de marzo de 2002 por el que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de las motos náuticas.
En concreto, el Gobierno andaluz pide que se anulen los artículos que atribuyen a las federaciones territoriales de motonáutica la competencia para expedir el título que autoriza la conducción de las motos náuticas de la categoría C (potencia inferior a 55 CV).
Asimismo, la Junta solicita que se anule el artículo que determina el número, las funciones y los requisitos de los monitores que trabajan en las empresas de alquiler de motos náuticas. Entre otros aspectos, este artículo establece que dichos monitores pertenezcan a la Federación de Motonáutica.
A juicio del Consejo de Gobierno, el Real Decreto vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre expedición de autorizaciones para conducir motos náuticas de la categoría C y para ejercer de monitor.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa de control financiero permanente de las empresas de la Junta de Andalucía para 2002. Esta iniciativa, de carácter anual, se realiza desde 1999 con el objetivo de mejorar la actividad de dichas entidades y comprobar su adecuación a los principios de eficacia, eficiencia y rigor.
Entre otras medidas, el programa para este año incluye revisiones de la contabilidad anual; evaluaciones de actividad financiera, mercantil y de tesorería; comprobaciones de la aplicación de la normativa vigente; seguimiento trimestral de la gestión presupuestaria; análisis de la planificación, y controles de la adaptación de los anteproyectos de presupuestos de las empresas a la financiación pública disponible.
Este control financiero permanente afecta a un total de 18 empresas de la Junta. Nueve de ellas son sociedades mercantiles: Canal Sur Radio, S.A.; Canal Sur Televisión, S.A.; Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A.; Turismo Andaluz, S.A.; Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.; Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.; Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.; Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., y Comercializadora de Productos Andaluces, S.A.
Las nueve empresas restantes son entidades de derecho público: Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía; Instituto de Fomento de Andalucía; Empresa Pública de Suelo de Andalucía; Empresa Pública de Puertos de Andalucía; Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol; Empresa Pública de Emergencias Sanitarias; Empresa Pública Hospital Poniente de Almería; Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
El programa de control financiero permanente de las empresas públicas de la Junta de Andalucía, que se lleva a cabo bajo la supervisión y coordinación de la Intervención General, se implantó en 1999 en sustitución de la modalidad anterior basada en la realización de auditorías. Su carácter posterior descarta que suponga una interferencia en el normal desarrollo de la actividad empresarial y, de otro lado, permite un conocimiento pormenorizado y actualizado de la realidad empresarial.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Santiago de Calatrava (Jaén) para adoptar su bandera, escudo heráldico y sello municipal. Estos símbolos tienen las siguientes características:
Bandera de tafetán, en la proporción de una vez y media más larga que ancha, que, en campo con dos fajas paralelas de igual altura y simétricas, de colores blanco (plata) la superior y carmesí (gules) la inferior, carga íntegramente con su timbre el escudo, ajustando el eje geométrico de éste al centro del vexilo, con una altura igual a los dos tercios del ancho de la bandera.
Escudo cortado. Primer cuartel: en campo de oro, la figura de Santiago Apóstol a caballo, con yelmo y con espada empuñada, todo de sable sobre terraza de sinople. Segundo cuartel: en campo de oro, la cruz de Calatrava de gules. Al timbre, corona real española cerrada.
Sello. Tamaño mayor: con un diámetro de 50 milímetros y de una sola cara. El campo del sello contiene el escudo municipal. La orla o corona circular del sello, está separada del campo de éste por una gráfila doble y rematada externamente por otra similar. Contiene, rodeando el campo del sello, la siguiente inscripción: Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Calatrava. Jaén. Andalucía. España.
Tamaño menor: con un diámetro de 35 milímetros y de una sola cara. El campo del sello contiene el escudo municipal. La orla o corona circular del sello, está separada del campo de éste por una gráfila doble y rematada externamente por otra similar. Contiene, rodeando el campo del sello, la siguiente inscripción: Excmo. Ayuntamiento de Santiago de Calatrava. Jaén. Andalucía. España.