| Andalucía, 9 de enero de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
La Junta consolida y refuerza las iniciativas desarrolladas en los últimos años para la integración de la población inmigrante en Andalucía
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Primer Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que destinará una inversión total de 306,3 millones de euros (casi 51.000 millones de pesetas) hasta el año 2004 para la integración de este colectivo en los ámbitos laboral, económico, educativo y cultural en la comunidad autónoma.
El plan, que contará con una dotación inicial de 70,6 millones de euros (11.746 millones de pesetas) para 2002, establece 172 medidas distribuidas en diez áreas que se corresponden con las competencias exclusivas de la Junta de Andalucía con relevancia en materia de inmigración: socioeducativa, sociolaboral, sociosanitaria, recursos sociales, vivienda, sociocultural, atención jurídica, formación e investigación, sensibilización y cooperación al desarrollo.
El nuevo instrumento de planificación, en el que se han recogido las aportaciones del Foro Andaluz de la Inmigración, consolidará y reforzará muchas de las iniciativas desarrolladas por la Junta durante los últimos años para la integración de los inmigrantes, como las contenidas en el II Plan Andaluz de Salud, el decreto de Obras Públicas para facilitar alojamientos o el Plan para el Alumnado Inmigrante.
Además, se incluyen otras medidas novedosas que comenzarán a aplicarse en este año, entre las que destacan la construcción de una red de centros de primera acogida en zonas costeras, la creación del servicio de atención jurídica y la oferta de un servicio de intérpretes en colaboración con las ONG para la atención sanitaria.
En líneas generales, todas estas medidas se engloban bajo los objetivos básicos de favorecer la plena integración social, laboral y personal; asegurar el acceso de la población inmigrante a los servicios comunes para toda la población (sanidad, educación, vivienda y asistencia jurídica); calibrar la oferta de bienes y servicios públicos para la población inmigrante y la de acogida; mejorar el conocimiento del fenómeno de la inmigración; contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los países emisores; fomentar la sensibilización social, y erradicar toda forma de racismo y de discriminación.
Dentro de la dotación total hasta 2004, las principales inversiones se destinarán a las áreas socioeducativa, con 117,9 millones de euros, y de recursos sociales, con 92,1 millones.
Educación
En el área socioeducativa, el principal objetivo se centra en la plena integración de los escolares inmigrantes a través de los recursos previstos por la Logse y la Ley andaluza de Solidaridad en la Educación. Entre las principales medidas destacan el incremento de los recursos humanos y materiales de aquellos centros con mayor número de inmigrantes escolarizados; la implantación de aulas de adaptación lingüística; la incorporación del colectivo a los programas de educación de adultos y la realización de campañas para la escolarización de niños inmigrantes.
Respecto a los recursos sociales, el plan centra su interés en programas específicos para menores y mujeres inmigrantes, con especial atención a las víctimas de malos tratos.
Entre el resto de las áreas destacan las iniciativas previstas en materia sociosanitaria, que contarán con una inversión total de 39,5 millones de euros con el objetivo principal de prestar una asistencia normalizada a toda la población inmigrante al margen de su situación administrativa, tanto en atención primaria como en la especializada. La creación de un servicio de intérpretes a través de las ONG, la difusión de dípticos informativos sobre campañas de vacunaciones y la distribución de jeringuillas y preservativos en los albergues constituyen algunas de las principales medidas previstas.
Las medidas de tipo jurídico, presupuestadas en 11 millones de euros, se concretarán en el diseño de una red de atención jurídica para inmigrantes, la puesta en marcha de un servicio de orientación en colaboración con los Colegios de Abogados de Sevilla y Málaga y la creación de un punto de información y asistencia en el Campo de Gibraltar. Asimismo, se seguirá incrementando el número de letrados adscritos al turno de oficio.
Vivienda
En materia de vivienda, se destinarán 8,1 millones de euros para facilitar, con la colaboración de los ayuntamientos, el acceso de los inmigrantes a las promociones públicas y al alojamiento en régimen de alquiler para temporeros, mediante la concesión de ayudas a promotores y la financiación del 50% de las cuotas de los préstamos hipotecarios. También se reforzará el alojamiento temporal en zonas de campaña agrícola y se crearán centros de primera acogida en zonas costeras.
Dentro del área sociolaboral, el plan presta una especial atención a las condiciones laborales de la población inmigrante y, entre otras medidas, propone crear una comisión de migraciones en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). También se reforzarán las ayudas a proyectos de autoempleo, se programarán acciones formativas específicas para inmigrantes y se ubicarán servicios de orientación de empleo en zonas con alta concentración de población extranjera. La inversión total prevista alcanza los 4,9 millones de euros.
El plan aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se completa con programas de sensibilización social (4,1 millones de euros), formación e investigación (3,5 millones), iniciativas socioculturales (57.000 euros) y proyectos de cooperación al desarrollo. En esta última área, que contará con una dotación anual media de más de 24,5 millones de euros, la Junta orientará su estrategia hacia una mayor atención a los países que más número de inmigrantes aportan a la comunidad autónoma, con el objetivo de ayudar a erradicar las causas que originan la salida de sus ciudadanos a través de programas de mejora de infraestructuras y condiciones de vida.
La coordinación de todas las estrategias previstas en el plan corresponderá a la Comisión Interdepartamental de Políticas Migratorias, en la que están representadas todas las consejerías de la Junta con competencias en la materia. En el ámbito provincial, estas funciones serán asumidas por los delegados del Gobierno de la Junta.
Inmigrantes en Andalucía
Andalucía es la tercera comunidad, tras Cataluña y Madrid, en cuanto a número de inmigrantes, con una cifra que roza el 14% del total nacional. La población extranjera regularizada y en trámites de regularización alcanza en Andalucía las 150.834 personas, lo que supone un 1,8% de la población total de la comunidad autónoma. Desde el año 2000, la mayor proporción de población extranjera comenzó a corresponder a países no europeos, que ahora aportan el 63% del total, frente al anterior peso que representaban los extranjeros procedentes de la Unión Europea.
Málaga es la provincia con más extranjeros (37,7% del total de Andalucía), seguida de Almería (32,6%), Sevilla (8,2%), Granada (6,4%), Cádiz (5,2%), Huelva (4,7%), Jaén (2,7%), y Córdoba (2,08%).
Los trabajadores inmigrantes inscritos en los registros de la Seguridad Social en Andalucía alcanzan la cifra de 50.188, lo que representa casi el 46% del total. Estos trabajadores están adscritos en su mayor parte al régimen general (38,4%) y al régimen especial agrario (32,8%).
Los centros de enseñanza de primaria y secundaria en Andalucía acogen en sus aulas a más de 14.000 alumnos extranjeros. Durante los nueve primeros meses del año 2001 se practicaron casi 120.000 asistencias sanitarias a inmigrantes, tanto en centros de atención primaria como en centros hospitalarios. También se distribuyeron 45.000 tarjetas de asistencia sanitaria temporal y 80.000 carpetas informativas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo reglamento general de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción interna y profesional de los 18.000 funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Esta norma, que integra en un único texto materias hasta ahora reguladas de forma dispersa, presenta como principal novedad el aumento del 3% al 4% en el número de plazas reservadas para personas discapacitadas, una medida que la Junta ya viene aplicando en los dos últimos años siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz. Asimismo, el reglamento obliga a la utilización de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, en la gestión y difusión de las distintas convocatorias y procedimientos relativos a las ofertas de empleo público.
En cuanto a los sistemas de selección del personal funcionario, se establece como preferente el procedimiento del concurso-oposición, configurado de una manera abierta y flexible para incluir una adecuada valoración de la experiencia y de los méritos y capacidades aplicables a cada puesto de trabajo.
Finalmente, en materia de promoción profesional, el texto introduce como principal novedad la realización de cursos por parte del Instituto Andaluz de Administración Pública con el objetivo específico de facilitar la promoción de los funcionarios y de mejorar la calidad de los servicios de la Administración.
El reglamento aprobado hoy recoge las distintas medidas y modificaciones normativas previstas en el acuerdo suscrito en 1999 por la Junta y las organizaciones sindicales representadas en la Administración autonómica.
El Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, la Iglesia de la Anunciación de Cogollos de Guadix (Granada), templo en el que destacan elementos de gran valor artístico y arquitectónico como las armaduras mudéjares de sus cubiertas, la torre-campanario y el retablo barroco del altar mayor.
Construida en el siglo XVI con una estructura sencilla y técnicas mudéjares, la iglesia enriqueció su carácter monumental a partir de diversas intervenciones realizadas en el XVIII. Su nave principal, de proporciones muy alargadas, desemboca en un arco apuntado que da paso a la capilla mayor, a la que se adosa en su lado izquierdo la única nave lateral. La estructura del templo se completa con la sacristía y con la torre-campanario situada junto a la cabecera.
Las naves y la capilla mayor están cubiertas por armaduras mudéjares del siglo XVI. La torre, construida en ladrillo entre 1760 y 1780, con tres cuerpos y remate ochavado, presenta similitudes con otras de la zona, como las de la Iglesia de La Calahorra y la Catedral de Guadix. Su monumentalidad y riqueza ornamental contrasta con la sencillez de las fachadas del resto del edificio.
También del siglo XVIII es el retablo de la capilla mayor, que recuerda a obras hispanoamericanas y cuyo barroquismo se manifiesta en una profusa decoración de hojarasca vegetal, rocallas, rosetones, frutos, animales y angelotes.
La declaración de Bien de Interés Cultural aprobada hoy incluye los bienes muebles del templo y establece un entorno de protección que abarca todas las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y privados cuya alteración puede afectar a los valores del monumento, así como a su contemplación o estudio.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de diez nuevas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, con el objetivo de agilizar la gestión administrativa y promover el empleo y las iniciativas empresariales en otras tantas comarcas de las provincias de Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Con ello son ya 58 las oficinas de este tipo aprobadas en Andalucía.
Las diez Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico autorizadas hoy se situarán en los municipios de Loja (Granada); Cazorla y La Carolina (Jaén); Antequera, Coín y Estepona (Málaga), y Estepa, Lora del Río, Écija y Morón de la Frontera (Sevilla).
Los acuerdos para la creación de estas oficinas establecen que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico financiará al cien por cien los costes de contratación de personal, mobiliario y equipamiento, mientras que las corporaciones locales se encargarán de los gastos de mantenimiento y de proporcionar los inmuebles.
La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico tiene previsto cubrir todo el territorio andaluz con un total de 112 sedes, a través de la formalización de consorcios con los respectivos ayuntamientos. La red completa contará con una plantilla de 457 trabajadores, entre técnicos y administrativos, lo que supone una media de seis personas por oficina, ampliable según el número de habitantes de cada zona de influencia. La provincia de Sevilla acogerá 19 sedes y Granada 17. Les siguen Cádiz y Jaén, con 15 cada una, Málaga (14), Córdoba (13), Almería (10) y Huelva (9).
MUNICIPIOS INCLUIDOS EN LAS NUEVA UNIDADES TERRITORIALES DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
GRANADA
Loja: Algarinejo, Huétor Tájar, Íllora, Loja, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesía.
JAÉN
Cazorla: Cazorla, Chillúevar, Hinojales, Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé.
La Carolina: Aldeaquemada, Carboneros, La Carolina, Santa Elena y Vilches.
MÁLAGA
Antequera: Alameda, Antequera, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y Villanueva de la Concepción.
Coín: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín.
Estepona: Casares, Estepona y Manilva.
SEVILLA
Estepa: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, El Rubio, Estepa, Gilena, Herrera, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa y Pedrera.
Lora del Río: Alcolea del Río, La Puebla de los Infantes, Lora del Río, Peñaflor y Villanueva del Río y Minas.
Écija: Cañada Rosal, Écija, Fuentes de Andalucía, La Campaña y La Luisiana.
Morón de la Frontera: Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva de San Juan.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy imponer una sanción de 120.202,43 euros (20 millones de pesetas) a la empresa Promotora de Centros de Proximidad S.A. (Proceprosa), titular de la gran superficie comercial situada en la zona del Retiro de Arcos de la Frontera (Cádiz), por una falta grave derivada de la construcción de la segunda fase de este complejo sin el informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda.
De acuerdo con las comprobaciones realizadas por la Junta, Proceprosa superó en sus obras de ampliación los 2.500 m2 de superficie a partir de los cuales es necesario el citado informe preceptivo, según se establece en la Ley de Comercio Interior de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha acordado otorgar la concesión provisional de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a los ayuntamientos de El Carpio y Nueva Carteya (Córdoba); Gójar y Orce (Granada); Canena (Jaén) y Villanueva de Algaidas (Málaga).
A la espera de la aprobación definitiva de sus características técnicas, estas emisoras utilizarán las siguientes frecuencias: El Carpio, 107.5; Nueva Carteya, 107.0; Gójar, 107.1; Orce, 107.9; Canena, 107.9, y Villanueva de Algaidas, 107.1.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el nombramiento de Clemente García Valera como delegado de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Almería.
Clemente García Valera, nacido en 1968 en la localidad almeriense de Olula del Río, es doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla y ha desempeñado distintas responsabilidades en empresas especializadas en la gestión de aguas y farmacia.