| Andalucía, 14 de mayo de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto regulador de la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. Esta norma, que desarrolla las leyes autonómicas de Solidaridad en la Educación y de Atención a las Personas con Discapacidad, beneficiará sobre todo al colectivo de alumnos discapacitados físicos, psíquicos, cognitivos y sensoriales. Sus principales novedades se centran en la ordenación de la oferta formativa de los centros específicos y en el refuerzo de la formación del profesorado en esta materia.
Para las aulas y centros específicos, el decreto fija el límite de escolarización en los 20 años y establece dos periodos formativos, uno de formación básica y otro de transición a la vida adulta y laboral.
El primero de ellos, que se inicia a los seis años y puede prolongarse hasta los 18, tiene como objetivo desarrollar la capacidad de comunicación, la integración social y la adquisición de habilidades relacionadas con entornos comunitarios y laborales, así como incrementar la autonomía personal del alumno y su bienestar físico, psíquico y social.
El periodo de transición a la vida adulta y laboral, que tendrá una duración de cuatro años y podrá iniciarse a partir de los 16 años, se dirige a la formación y orientación para el trabajo, la integración social y el desarrollo de las capacidades de autonomía personal en la vida diaria.
Otra novedad recogida en el decreto es la posibilidad de que los alumnos escolarizados en centros específicos puedan recibir también atención educativa en centros ordinarios, mediante la promoción de experiencias de escolarización combinada cuando lo requieran las necesidades educativas.
En cuanto a la formación de los profesores en materia de Educación Especial y atención a la diversidad, la norma prevé la creación de asesorías en los centros del profesorado, tanto para las etapas de Primaria y Secundaria como para Educación Infantil.
Finalmente, el decreto regula el proceso de elaboración de la evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización, a partir del cual se decide el tipo de formación que deben recibir los alumnos con necesidades educativas especiales.
La realización de la evaluación psicopedagógica corresponde a los equipos de orientación educativa (encargados también del dictamen de escolarización) en las etapas de Infantil y Primaria; a los departamentos de orientación en los institutos de Secundaria, y a los profesionales de orientación en los centros concertados. En los tres casos, se garantiza la participación del profesorado y la colaboración de los representantes del alumnado.
Actualmente hay 28.346 alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en Andalucía. De ellos, 25.029 reciben formación en centros ordinarios y 3.317 en centros específicos, tanto públicos como privados.
El sistema educativo público andaluz cuenta con 3.357 maestros especialistas en Educación Especial, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, de los que 2.379 prestan servicio en centros de Educación Infantil y Primaria, 698 en institutos de Secundaria y 280 en centros específicos. A ellos se añaden los profesionales de los distintos equipos de orientación educativa: 293 psicólogos, 197 pedagogos, 139 logopedas, 71 maestros de Educación Compensatoria, 126 médicos y 11 trabajadores sociales.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy modificar el decreto que establece las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Andalucía, vigente desde 1992. El nuevo texto adapta la normativa autonómica al Real Decreto 3473/2000 sobre enseñanzas mínimas para todo el Estado y, por otra parte, otorga un mayor protagonismo a la cultura andaluza en los contenidos educativos de la ESO. Asimismo, refleja cambios introducidos por el Real Decreto que ya habían sido incorporados a la legislación andaluza, como la ampliación de horarios en Lengua y Matemáticas y el incremento de la oferta obligatoria de la asignatura de Cultura Clásica y de la segunda lengua extranjera.
Respecto a la cultura andaluza, la modificación recogida se dirige a subrayar su papel como elemento configurador de las enseñanzas. De este modo, se establece que los contenidos deben partir de las características y peculiaridades del pueblo andaluz, servir a la comprensión de la realidad de la comunidad autónoma y reflejar su contribución a la construcción de España y Europa.
De modo similar, la norma incorpora las referencias a los valores cívicos y éticos sin proponer su organización separada en bloques temáticos sino integrándolos de forma transversal en todas las áreas de conocimiento de la Secundaria Obligatoria. En este ámbito, se presta especial atención a la igualdad de derechos entre sexos, el fomento de hábitos de comportamiento democrático y el respeto a las diversas culturas, además de aspectos como el desarrollo sostenible, la cultura de la paz, los hábitos saludables, la contribución de las mujeres al progreso de la sociedad y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Entre las novedades respecto a los actuales contenidos de la ESO, destacan la incorporación al área de Tecnología de materias relacionadas con la nueva sociedad de la información y la posibilidad de separar del área de Ciencias Naturales, en los cursos tercero y cuarto, las materias de Biología y Geología y Física y Química, cuyos aprendizajes se evaluarán por separado.
En cuanto a los criterios de evaluación, el nuevo decreto elimina la excepcionalidad de la segunda repetición a lo largo de toda la etapa de Secundaria. A partir de ahora, el equipo educativo de cada centro podrá acordar por dos veces, en cursos distintos, la decisión de que un alumno permanezca un año más en el mismo ciclo o curso. Esta iniciativa deberá ir acompañada de las correspondientes medidas de refuerzo educativo.
Por último, con el fin de garantizar que los textos escolares recojan los nuevos contenidos aprobados, la norma establece un procedimiento transitorio para que los proyectos de las empresas editoras sean supervisados previamente por la Junta.
Las modificaciones recogidas en el decreto comenzarán a aplicarse a partir del próximo curso en 1º y 3º y del 2003/2004 en 2º y 4º.
El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo suscrito el pasado 22 de enero entre la Consejería de Educación y Ciencia y los sindicatos CCOO, FETE-UGT, CSIF, ANPE y USTEA, para mejorar en un 124,6% la gratificación por jubilación voluntaria de los funcionarios docentes no universitarios. Esta medida se llevará a cabo mediante la fijación de un complemento sobre la cantidad fijada por la Administración central.
La cuantía final dependerá de la edad de jubilación (entre 60 y 64 años), los años de servicio (un mínimo de 28) y las retribuciones complementarias establecidas con carácter general para los distintos cuerpos docentes. Por ejemplo, un maestro que se jubile a los 60 años tras 35 de servicio cobrará una gratificación de 11.272,79 euros, frente a los 5.019,05 establecidos hasta ahora.
El nuevo complemento beneficiará este curso a los 968 maestros y profesores que han solicitado la jubilación voluntaria y que reúnen los citados requisitos.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una inversión de 3,1 millones de euros para las obras de adaptación y mejora del Instituto de Educación Secundaria Luis Barahona de Soto, en Archidona (Málaga).
El edificio que alberga a este centro, construido en el siglo XIX, será reformado y adaptado para una dotación de 480 plazas, diez unidades de Educación Secundaria Obligatoria, cuatro de Bachillerato y dos de Ciclos Formativos. Asimismo, contará con aulas de Música e Informática, taller de Tecnología, laboratorio, biblioteca y pista polideportiva, entre otras instalaciones.
Archidona es uno de los más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación y Ciencia con el objetivo de ampliar la oferta de puestos escolares y adecuar las infraestructuras educativas a la implantación de la LOGSE. Este plan incluye tanto la construcción de nuevos centros escolares como la ampliación y remodelación de los ya existentes.
Desde su inicio en 1997, Aula 2000 ha propiciado en la provincia de Málaga una inversión total de 85 millones de euros. De esta cantidad, 57,5 millones de han destinado a la construcción de 42 nuevos centros y 27,5 a obras de ampliación y mejora en otros 69 colegios e institutos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de la Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Gobernación, que se encargará de coordinar las iniciativas de la Junta de Andalucía y los municipios andaluces en esta materia.
La Comisión, presidida por el titular de la Consejería de Gobernación, tendrá una composición paritaria de seis miembros en representación de la Junta de Andalucía y de otros seis designados por el Consejo Andaluz de Municipios. A sus reuniones podrán asistir también representantes de la Administración General del Estado cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos que se vayan a tratar. También está prevista la creación de un gabinete técnico encargado de elaborar propuestas técnicas, informes y estudios para la Comisión.
Entre las funciones del nuevo órgano destacan las de realizar un seguimiento de licencias y autorizaciones, controlar horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos y proponer al Consejo de Gobierno el Plan General de Inspección de Establecimientos Públicos, así como todas aquellas que contribuyan a mejorar la coordinación entre las Administraciones autonómica y local.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar el pago de las ayudas a las entidades locales para mejora de infraestructuras, gastos corrientes de servicios obligatorios e innovación tecnológica. Estas aportaciones, cuyo importe anual supera los 30 millones de euros, serán abonadas en un único pago. Se sigue así la fórmula de exención prevista en la ley de presupuestos autonómicos respecto del límite del 75% exigido con carácter general para el anticipo de subvenciones por parte de la Junta.
La concesión de ayudas a los municipios andaluces tiene en cuenta criterios como el equilibrio financiero de las corporaciones, el grado de insuficiencia de recursos propios para la prestación de servicios municipales o el nivel de desarrollo de las poblaciones.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Justicia y Administración Pública, ha autorizado el pago de 7.683.072 euros al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el segundo semestre de 2001. Esta subvención cubre los gastos de la defensa por abogado en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en Andalucía, así como los gastos de funcionamiento e infraestructura de dichas actividades.
El acuerdo del Consejo de Gobierno se adopta una vez examinada la certificación remitida por el Consejo Andaluz de Abogados sobre las 14.012 guardias de asistencia letrada al detenido, las 6.580 asistencias individualizadas para el mismo fin y los 45.443 procedimientos por turno de oficio realizados durante la segunda mitad de 2001 en Andalucía.
El pago autorizado hoy supone un incremento de 1,4 millones de euros respecto al del primer semestre de 2001, ya que recoge la mejora de las retribuciones aprobada el pasado diciembre para los profesionales que atienden el servicio de asistencia jurídica gratuita. Estas subidas alcanzan una media del 23% en el caso de los abogados y del 100% en el de los procuradores, ambas por encima del promedio nacional.
Junto con la mejora de las compensaciones económicas, durante la segunda mitad de 2001 también se reforzó la justicia gratuita en ámbitos como la violencia contra las mujeres, la inmigración y la asistencia penitenciaria. En materia de malos tratos se han aplicado nuevas fórmulas que dan prioridad absoluta a la resolución de este tipo de casos y reconocen el derecho de las víctimas a la asignación inmediata de abogado y procurador, aun cuando no sea preceptiva la intervención de estos profesionales.
Desde 1997, año de la asunción de las competencias de Justicia, la Junta de Andalucía ha destinado más de 67 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, del que se han beneficiado más de 200.000 andaluces en el último quinquenio.