| Andalucía, 17 de septiembre de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regulan los órganos consultivos sobre ensayos clínicos y ética e investigación sanitaria en Andalucía. La norma, que establece la creación de sendas comisiones de ámbito autonómico para la coordinación de estas materias, tiene como principal objetivo reforzar los derechos de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía y ofrecer un marco homogéneo en el que puedan abordarse las cuestiones relacionadas con la investigación médica y la ética en el campo de la salud.
En primer lugar, el nuevo texto legal crea la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias, órgano de asesoramiento que se encargará, entre otras funciones, de asesorar a la Junta y proponer las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos ante las actuaciones médicas, especialmente en lo relativo a la información sobre riesgos, consecuencias y alternativas de tratamiento.
La Comisión, que estará presidida por el titular de la Consejería de Salud e integrada por profesionales de reconocido prestigio, también asesorará a la Administración andaluza en la realización de proyectos de investigación dirigidos a mejorar el Sistema Sanitario Público y la calidad de sus prestaciones.
Este órgano será la instancia de coordinación de las distintas Comisiones de Ética e Investigación Sanitarias a las que, según la nueva norma, deben estar vinculados en el ámbito local todos hospitales públicos, distritos de Atención Primaria y centros privados concertados de la comunidad autónoma. Con su participación en estas comisiones, los profesionales asesoran a las direcciones de los centros sanitarios en el cumplimiento de las normas de la buena práctica clínica.
En segundo lugar, el decreto aprobado hoy determina la creación del Comité Autonómico de Ensayos Clínicos. Este órgano, igualmente integrado por profesionales cualificados en el campo de la investigación sanitaria, surge ante las necesidades de agilizar los procedimientos, homogeneizar los criterios de evaluación de los ensayos y establecer un dictamen único para aquellos que se realizan simultáneamente en varios centros sanitarios, de acuerdo con lo previsto por la directiva europea 2001/20/CE.
El Comité, que recibirá todas las solicitudes de ensayos clínicos que se vayan a realizar en Andalucía, estará facultado para evaluar los estudios post-autorización de medicamentos, los protocolos de especiales características y aquellos en los que participen varios centros sanitarios, tanto referidos a medicinas y productos sanitarios como a procedimientos terapéuticos y diagnósticos. También supervisará y coordinará la actividad de los 17 Comités Locales de Ensayos Clínicos acreditados en las ocho provincias andaluzas, ubicados en su mayor parte en los hospitales de referencia.
Andalucía es actualmente, después de Cataluña y Madrid, la tercera comunidad autónoma en cuanto a número de ensayos clínicos aprobados, una cifra que casi se ha duplicado en los últimos años al pasar de 337 en 1997 a 613 en 2000.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de 94 plazas de monitor de Educación Especial para el curso 2002/2003, a fin de mejorar la atención de los alumnos con algún tipo de discapacidad o con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de las ocho provincias andaluzas.
Del total de nuevas plazas, 28 corresponden a la provincia de Sevilla, 15 a Cádiz, 13 a Huelva y 11 a Málaga. Les siguen Jaén (8), Granada (7), Almería (6) y Córdoba (6).
A estos puestos, de régimen laboral, podrán optar todas aquellas personas que posean el título de Técnico Especialista de Educador de Disminuidos Psíquicos o de Técnico Superior en Integración Social.
En Andalucía están escolarizados un total de 28.172 alumnos con necesidades educativas especiales, de los que 23.528 están integrados en centros de Infantil y Primaria y 4.644 estudian en centros específicos.
El aumento de la plantilla de profesionales para este tipo de alumnado coincidirá en el curso que ahora se inicia con la aplicación del nuevo Decreto de Educación Especial, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 14 de mayo. Entre otras novedades, esta norma fija en los 20 años la edad límite de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. Además, establece para ellos dos periodos formativos diferenciados, uno de formación básica y otro de transición a la vida adulta y laboral.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los últimos cambios introducidos por el Gobierno central en la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, por vulneración de las competencias autonómicas en materia de medio ambiente. Las modificaciones cuestionadas por la Junta se refieren a las atribuciones que se otorgan al Estado en cuanto a la aprobación de los planes rectores de uso y gestión y al nombramiento de los directores-conservadores de los parques nacionales.
Respecto al primer asunto, el cambio de la normativa faculta a la Administración central para aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión en el supuesto de que la Administración autonómica no lo haya hecho en el plazo de un año a partir del acuerdo de la comisión mixta correspondiente. A juicio del Gobierno andaluz, esta atribución invade las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre planificación de espacios naturales protegidos.
En igual vulneración se incurre al establecer la adscripción del director-conservador al Organismo Autónomo Parques Nacionales, ya que, en el caso de Andalucía, es a la comunidad autónoma a quien corresponde decidir sobre las funciones de administración del espacio natural, de acuerdo con sus competencias sobre la gestión del mismo.
Según el Gobierno andaluz, estos dos cambios de la ley estatal de espacios protegidos no se ajustan a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su sentencia 102/1995 considera la gestión de los parques nacionales como una competencia normal o habitual de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. El mismo tribunal señala que estas comunidades podrán dictar normas adicionales de conservación y realizar las actividades que estimen oportunas en los parques, siempre que respeten la legislación básica estatal.
Las modificaciones normativas que la Junta va a recurrir están contenidas en la reciente ley de declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. En relación con ello, el Consejo de Gobierno subraya que la decisión de presentar recurso no cuestiona en ningún momento el reconocimiento de este territorio como parque nacional, sino tan sólo la alteración realizada en la normativa general aprovechando una ley que regula un caso particular.
En conclusión, el Consejo de Gobierno destaca que la norma cuyo recurso ha autorizado vulnera el orden competencial establecido en los artículos 149.1.23 de la Constitución Española y en los artículos 13 (apartados 1 y 7) y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así como en el resto de preceptos concordantes.
La Junta ya recurrió en su día por motivos similares otra modificación de la normativa estatal de espacios naturales, concretamente la llevada a cabo por la Ley 41/1997. Como consecuencia, también ha venido planteando durante los últimos años diversos conflictos competenciales ante el Tribunal Constitucional contra diversas órdenes y normas reglamentarias derivadas de dicha ley.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la concesión de un aval de la Junta, por importe de 20 millones de euros, en favor del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), con el objetivo de respaldar la operación de préstamo que esta empresa pública tiene previsto suscribir con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta garantía de la Junta permitirá la obtención de fondos que se destinarán a la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas para financiar inversiones productivas a largo plazo.
La operación crediticia, que será la tercera que firme el Instituto de Fomento de Andalucía con el BEI, tendrá un importe máximo de 20 millones de euros, con un plazo máximo garantizado de doce años a partir de la fecha del desembolso. El tipo de interés podrá ser fijo, variable, revisable o variable convertible a fijo.
El Consejo de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 6.010,12 euros a la empresa Altos de Bheca, S.L. por una falta muy grave contra la legislación minera derivada de la explotación de una cantera en el término municipal de San Roque (Cádiz) sin la preceptiva autorización administrativa.
Pese a la orden de paralización dictada en su día por la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, inspecciones posteriores llevadas a cabo por la Guardia Civil constataron que la empresa continuaba con su actividad extractiva, por lo que la infracción cometida presenta además un carácter de reincidencia.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a María Jesús Montero Cuadrado como viceconsejera de Salud. María Jesús Montero, licenciada en Medicina y Cirugía y técnico de Función Administrativa, ocupaba hasta ahora el cargo de subdirectora gerente del Área Hospitalaria Virgen del Rocío de Sevilla. También ha sido subdirectora médica de este complejo sanitario y subdirectora médica del Hospital de Valme de Sevilla.
La nueva viceconsejera de Salud ha formado parte del grupo de expertos para la elaboración y ejecución del Decreto de Garantía de Plazo de Respuesta Quirúrgica, además de coordinar el grupo de trabajo encargado de la elaboración del Decreto de Segunda Opinión Médica.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la designación de Sergio Moreno Monrové como vocal del Consejo Asesor de la Empresa Pública Radio y Televisión de Andalucía, en representación de la Administración de la Junta de Andalucía. Sergio Moreno, actual viceconsejero de Gobernación, sustituye a la anterior titular de este cargo, Teresa Agudo López.