| Andalucía, 19 de marzo de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra ocho artículos de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), por entender que invaden competencias autonómicas en materia universitaria y vulneran el principio de autonomía universitaria reconocido por la Constitución. Este recurso se ajustará al dictamen emitido recientemente por el Consejo Consultivo.
Los preceptos que se van a recurrir hacen referencia, entre otras cuestiones, al procedimiento para la creación de nuevas universidades, las funciones de los Consejos Sociales, la constitución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la homologación de títulos y las competencias sobre las áreas de enseñanza de los profesores colaboradores.
En cuanto al primero de los temas, se recurre el artículo 4.3 por invasión de las competencias de la Comunidad Autónoma, ya que otorga al Gobierno central la potestad de determinar mediante desarrollo reglamentario los requisitos básicos para la creación y reconocimiento de universidades, tanto públicas como privadas.
Por su parte, los artículos 11.1 párrafo primero, 15.2, 23 y 46.3, relativos al Consejo Social, vulneran todos ellos el principio de autonomía universitaria. En el caso concreto del 15.2, atribuye a este órgano de representación funciones académicas a través de la inclusión de tres de sus miembros en el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Respecto a la constitución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, recogida en el artículo 32, el Gobierno andaluz subraya que la Ley deja sin definir las directrices básicas para su regulación y, sin embargo, exige a las comunidades autónomas una norma con rango de ley para crear órganos de evaluación similares.
Esta falta de directrices también se da en el caso del procedimiento y de los criterios para la suspensión o revocación de la homologación de títulos universitarios, que serán fijados por el Gobierno central según el artículo 35.6. Este precepto conculca además el principio de seguridad jurídica, al no garantizar la protección de un título obtenido conforme a planes de estudio válidos en su momento.
Finalmente, también se recurrirá el artículo 51, que establece que será el Gobierno central quien únicamente determine las áreas en las que pueden impartir enseñanzas los profesores colaboradores. A juicio del Gobierno andaluz, ello cercena el margen de decisión de las Universidades en materias que afectan a su organización académica y a la apreciación de sus necesidades docentes.
Por otra parte, en el acuerdo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se expresa una especial inquietud respecto a los artículos 42 y 45, referidos al procedimiento para la admisión de los estudiantes en los centros universitarios y al sistema general de becas y ayudas al estudio, respectivamente. En estos dos casos, la Junta de Andalucía seguirá con atención su desarrollo reglamentario, por si pudiera incurrir en inconstitucionalidad.
La Junta de Andalucía convocará este año un total de 1.269 plazas para profesores de Educación Secundaria, Música y Artes Escénicas y Formación Profesional y para el cuerpo de inspectores de Educación. Así se establece en la oferta de empleo público docente para 2002, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno y acordada previamente con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO, FETE-UGT, CSIF, ANPE y USTEA).
Del total de plazas, 896 corresponden al cuerpo de profesores de Educación Secundaria y se reparten entre las especialidades de Lengua y Literatura (150), Francés (130), Música (120), Informática (100), Educación Física (50), Psicología y Pedagogía (50), Matemáticas (50), Formación y Orientación Laboral (50), Administración de Empresas (40), Economía (30), Organización y Gestión Comercial (30), Hostelería (24), Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (24), Sistemas Electrónicos (22), Organización de Procesos para el Mantenimiento de Vehículos (16) y Procesos de Producción Agraria (10).
Para profesores Música y Artes Escénicas se convocarán 190 plazas en las siguientes especialidades: Piano (36), Violín (30), Violonchelo (18), Clarinete (16), Fundamentos de Composición (16), Guitarra (12), Viola (12), Flauta Travesera (8), Saxofón (8), Trompeta (8), Lenguaje Musical, (8) Contrabajo (6), Fagot (6) y Trompa (6).
En cuanto a la Formación Profesional, el número de plazas asciende a 150, distribuidas entre las especialidades de Cocina y Pastelería (50), Operación y Equipación de Producción Agraria (34), Servicios de Restauración (16), Soldadura (16), Instalaciones Electrotécnicas (12), Oficina de Proyectos de Construcción (12) y Mantenimiento de Vehículos (10).
Finalmente, la oferta de empleo público incluye también 33 plazas para el cuerpo de inspectores de Educación, con el objetivo de adecuar las plantillas de estos profesionales a las nuevas necesidades del sistema educativo andaluz.
Como en años anteriores, los exámenes se realizarán en los últimos días de junio en tres fases: oposición (pruebas escrita, oral y práctica), presentación de méritos y prácticas. Los temarios de las distintas especialidades serán los mismos que en otras convocatorias, salvo los de Música y Artes Escénicas, que acaban de ser publicados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se amplían en 60 nuevas plazas las plantillas de personal de administración y servicios en 30 centros educativos de las ocho provincias andaluzas.
Los nuevos puestos de trabajo, que se reparten por igual entre auxiliares administrativos y ordenanzas, permitirán mejorar el funcionamiento de diversos colegios e institutos abiertos durante este curso escolar.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Entidad Local Autónoma de Valderrubio, en el municipio de Pinos Puente (Granada). La nueva entidad, que surge tras el acuerdo alcanzado entre sus vecinos y el ayuntamiento de esta localidad con la mediación de la Junta, asumirá, entre otras competencias, las relativas a licencias de obras, recogida de residuos, tráfico, ferias y fiestas locales, servicios sociales y actividades culturales.
La figura de la Entidad Local Autónoma, creada en 1997 de acuerdo con la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, tiene como principales objetivos descentralizar y mejorar la gestión y los servicios que se prestan en aldeas y pedanías alejadas de los núcleos que ostentan capitalidad municipal. Esta figura armoniza los intereses del municipio matriz y los del núcleo separado, además de atender las demandas vecinales de una mayor y más directa participación.
Con el decreto aprobado hoy, Valderrubio se suma a los nueve núcleos reconocidos hasta ahora como entidades locales autónomas por el Gobierno andaluz: Las Marismillas, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla); Isla Redonda-La Aceñuela, en Écija (Sevilla); San Martín del Tesorillo, en Jimena de la Frontera (Cádiz); Serrato, en Ronda (Málaga); Bácor-Oliva, en Guadix (Granada); Mures, en Alcalá la Real (Jaén); Villanueva de la Concepción, en Antequera (Málaga); Castil de Campos, en Priego de Córdoba, y Ventas de Zafarraya, en Alhama de Granada.
Actualmente, la Consejería de Gobernación estudia la constitución de otras tres entidades locales autónomas, concretamente las de Montecorto, en la provincia de Málaga, y Dehesas Viejas y Domingo Pérez en Granada.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Gobernación, Alfonso Perales, un decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán (Huelva) para adoptar su bandera municipal.
Este símbolo tendrá las siguientes características: bandera rectangular, en la proporción 11x18, compuesta por un paño rojo con seis franjas en lo bajo, tres blancas y tres verdes; centrado y sobrepuesto, el escudo heráldico.
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la aprobación del proyecto de Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía. La futura norma establecerá la adscripción obligatoria a estas instituciones para el ejercicio de las profesiones colegiadas, exonerando de la misma a quienes ejerzan su profesión con exclusividad al servicio de las Administraciones Públicas de Andalucía, que en este caso asumirán por sí mismas la tutela de los intereses públicos que tienen delegada los colegios.
La nueva ley, que completará y desarrollará en Andalucía la normativa estatal vigente, regulará la creación de estas entidades y sus fines y funciones en el sentido de una mayor democratización interna. Asimismo, fijará un régimen jurídico dual, sometiendo su actuación al Derecho Administrativo por su repercusión pública y al Derecho Privado por su relación con los particulares.
El anteproyecto prevé que los Colegios Profesionales pasen a ser entes colaboradores de las Administraciones Públicas para la consecución de objetivos considerados de interés público. Además, recoge la creación de un registro en el que deberán inscribirse todas las corporaciones profesionales con ámbito de actuación dentro de la comunidad.
Finalmente, se establece la obligatoriedad de que los colegios dispongan de normas deontológicas y de un régimen disciplinario en el que se tipifiquen las infracciones y sanciones y el procedimiento que han de seguir.