| Andalucía, 23 de julio de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
La Junta de Andalucía asumirá el pago del cien por cien de los intereses de la deuda de los municipios andaluces de entre 1.500 y 10.000 habitantes. Además, se hará cargo de un porcentaje de la amortización del capital, que rondará el 22% de media y variará en función de la población de cada localidad. Esta es la principal medida prevista en el Plan de Saneamiento Financiero de las Corporaciones Locales aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que contará con una aportación máxima de 120 millones de euros por parte de la Junta para el periodo 2002–2007.
Al plan podrá acogerse el endeudamiento a largo plazo contraído con las entidades de crédito por 382 municipios, y pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2001, hasta un límite total de 303 millones de euros. Estos municipios, que suman una población de más de un millón y medio de habitantes (el 21% del total regional), tendrán de plazo hasta el próximo 16 de septiembre para presentar sus solicitudes.
La gestión de la deuda incluida en el plan se realizará a través de un consorcio integrado por los ayuntamientos beneficiarios, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Este consorcio financiará, además, hasta el 60% del coste de los estudios, informes y programas de saneamiento que elaboren las corporaciones locales.
Las provincias con un mayor número de municipios con posibilidad de acogerse al saneamiento financiero propuesto por la Junta son Granada y Sevilla, con 67 cada una. Les siguen Jaén (60), Córdoba (46), Málaga (46), Almería (39), Huelva (37) y Cádiz (20).
El Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, que supondrá una inversión de 246,3 millones de euros hasta el año 2007. Sus principales objetivos se centrarán en ampliar y mejorar la red de centros asistenciales, diversificar la oferta terapéutica para incluir todo tipo de adicciones y reforzar los programas de prevención dirigidos a la población juvenil. La estrategia de la Junta, hasta ahora centrada prioritariamente en la asistencia sociosanitaria, se ampliará al ámbito de la integración sociolaboral de los drogodependientes.
Del presupuesto total previsto, 61 millones de euros serán aportados por los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, entidades que, junto con el movimiento asociativo, tendrán un papel destacado en el desarrollo del plan.
La principal partida, 131 millones de euros, se destinará a la atención sociosanitaria de drogodependientes. El resto se reparte entre los programas de integración social (51,7 millones), prevención (36,6) e información, formación e investigación científica (19,7).
Dentro del primer bloque de medidas, la red de centros de atención se adaptará a los nuevos perfiles de usuarios y diversificará sus tratamientos para poder dar una respuesta adecuada a cada caso individual y atender todas las adicciones, tanto legales como ilegales, incluido el juego patológico. Otra novedad destacada es la creación de una red de Centros de Encuentro y Acogida con salas de consumo higiénico, que se encargará de atender a los drogodependientes más excluidos de los recursos sociosanitarios normalizados. El plan establece la construcción de al menos un centro de este tipo en cada provincia.
De acuerdo con las previsiones para los próximos seis años, la red de atención sociosanitaria, hasta ahora orientada a trabajos de asistencia y desintoxicación, ampliará su actividad con el desarrollo de programas de integración sociolaboral, principalmente intervenciones de discriminación positiva y de fomento de las empresas de inserción.
En el terreno preventivo, los programas se dirigirán prioritariamente a los niños, adolescentes y jóvenes que no hayan se hayan iniciado en el consumo, haciendo especial hincapié en aquellas sustancias adictivas de carácter legal con las que primero se toma contacto, como es el caso del tabaco y del alcohol. También se vigilará de forma especial el cumplimiento de la normativa sobre publicidad y venta de estos productos.
Heroína
En cuanto a las iniciativas de investigación científica, destaca el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (Pepsa), con el que se pretende facilitar la dispensación controlada de heroína como alternativa terapéutica para los adictos que no han conseguido abandonar el consumo por los métodos habituales. El ensayo clínico, que ha sido autorizado por el Gobierno central tras cuatro años de espera, comenzará este año en Granada y en La Línea de la Concepción (Cádiz), con la participación de de 240 heroinómanos que han fracasado en al menos dos modalidades de tratamiento.
Finalmente, el Plan establece la creación del Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones, órgano consultivo de carácter interdisciplinar que asesorará a la Junta en estas materias y que estará integrado por profesionales de reconocido prestigio.
El Consejo de Gobierno ha acordado modificar la normativa sobre las enseñanzas de Bachillerato en Andalucía, vigente desde 1994, para su adaptación al Real Decreto 347/2000, regulador de las enseñanzas mínimas en todo el Estado. Además de esta adecuación, el nuevo texto incluye como aportaciones específicas el reforzamiento de la cultura andaluza en los contenidos educativos, la obligatoriedad de la segunda lengua extranjera y la ampliación de las posibilidades de cursar asignaturas optativas.
Respecto a la cultura, se establece que los contenidos de las distintas enseñanzas deben partir de las características y peculiaridades del pueblo andaluz, servir a la comprensión de la realidad de la comunidad autónoma y reflejar su contribución a la construcción de España y Europa.
De igual modo, se incorporan referencias a los valores cívicos y éticos en todas las áreas de conocimiento, prestando especial atención a aspectos como la igualdad de derechos entre sexos, la cultura de la paz o el desarrollo sostenible.
La oferta de la segunda lengua extranjera, recogida también en la nueva norma, es una medida que ya se planteaba en el anterior decreto de 1994. Andalucía se destaca actualmente como la única comunidad autónoma en la que esta materia tiene carácter obligatorio para el Bachillerato.
Finalmente, el decreto incorpora cambios que afectan tanto a la relación de materias como a sus contenidos, con el fin de dar mayor solidez a la formación del alumno. De este modo, la Filosofía pasa a ser una enseñanza común para todo el alumnado, no sólo en primer curso como hasta ahora, sino también en segundo para todas las modalidades. Además, se facilita la elección de materias por parte del alumnado, dotando de mayor autonomía a los centros en la organización de su oferta de optativas. Entre otras medidas, la norma permite cursar Dibujo Técnico y Griego en los dos cursos de Bachillerato, además de crear como nueva materia la asignatura de Historia de la Música.
Las modificaciones aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno comenzarán a aplicarse a partir del próximo curso en 1º y del 2003-2004 en 2º.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios, que prevé una inversión de 61 millones de euros hasta 2005 para mejorar de la atención al ciudadano, potenciar el uso de las nuevas tecnologías y simplificar y agilizar de los trámites en la Administración andaluza.
El plan, cuyo objetivo es modernizar los servicios que presta la Junta para responder a las nuevas demandas de la sociedad, incluye entre sus principales novedades la implantación de un tramitador único de expedientes, herramienta informática que contribuirá a simplificar los procedimientos administrativos de todas las consejerías. Este sistema permitirá a los ciudadanos informarse sobre el estado de tramitación de cualquier asunto de su interés, a través de un teléfono único y de una dirección de correo electrónico para atender las consultas.
En la línea de agilizar la atención al ciudadano, se prevé también la creación de un registro unificado para la recepción de documentos en cualquier sede administrativa de la Junta de Andalucía.
De igual modo, se establece la implantación de la Ventanilla Única Empresarial en todas las provincias andaluzas, después de los resultados positivos de la experiencia piloto llevada a cabo en Sevilla. Este proyecto, en el que participan las organizaciones empresariales y las administraciones locales y central, tiene como objetivo unificar la totalidad de los trámites de creación y ampliación de proyectos empresariales, tanto los que son competencia de la Junta como los que afectan a otros organismos públicos.
En el apartado de las nuevas tecnologías, el plan recoge la implantación de la firma digital para facilitar la presentación de documentos a través de Internet, donde también se habilitará un libro de reclamaciones y sugerencias sobre este servicio. Además, se abrirá un portal específico para los empleados de la Administración autonómica, a través del cual podrán realizar cualquier trámite o gestión desde sus puestos de trabajo.
Respecto a la mejora de la calidad los servicios, las principales medidas se dirigen a crear unidades específicas de control y a desarrollar un modelo de evaluación del rendimiento. Además, la Junta convocará cada año premios para distinguir a los departamentos y servicios que destaquen por su eficacia.
Finalmente, el plan incluye medidas para reforzar la protección de los datos personales que maneja la Administración andaluza en su relación con los ciudadanos. Entre ellas destacan la realización de auditoría periódicas y la creación de un fichero único de datos.
El Consejo de Gobierno ha acordado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras para la depuración de las aguas residuales urbanas de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). La medida permitirá agilizar la finalización de estos proyectos, que beneficiarán a una población de casi 16.000 habitantes y en los que la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 2,5 millones de euros.
Las obras consisten en la construcción de una depuradora con sistema de aireación prolongada de baja carga y en la creación de una red de conducciones. El colector y emisario principal, de 3.346 metros, recogerá todas las aguas residuales del municipio y las verterá, una vez depuradas, al arroyo Paraíso. Dos colectores secundarios, de 487 metros de longitud total, se encargarán de trasladar a la conducción principal los vertidos procedentes de las distintas zonas de la población.
El Consejo de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 300.500 euros a la empresa Ágora Desarrollos Comerciales S.L., titular de la gran superficie comercial Bahía Mar, en el polígono industrial El Guadalete de El Puerto de Santa María (Cádiz), como responsable de una falta muy grave por haber realizado obras sin contar con la preceptiva licencia de apertura.
El expediente sancionador se inició a raíz de las denuncias remitidas a la Consejería de Economía y Hacienda por la Asociación de Comerciantes de El Puerto y por el Grupo de Diputados de IU-LV-CA de la Diputación Provincial de Cádiz.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy actualizar los precios máximos y mínimos de las tierras incluidas en el Plan de Transformación de la Zona Regable de Villamartín (Cádiz), impulsado por la Junta. Esta revisión, solicitada por la comunidad de regantes Llanos de Villamartín, afecta a una superficie total de 3.000 hectáreas.
Para las tierras de primera clase, conocidas como negras, con buena retención de agua y óptima potencialidad productiva, se fijan unos precios máximos y mínimos de 12.020 y 11.268 euros por hectárea, respectivamente. En las de segunda categoría, también negras y con buenas posibilidades productivas, el valor oscilará entre los 11.118 y los 10.878 euros/hectárea. Para las de tercera, rojizas y de productividad media, se fija un máximo de 10.818 euros y un mínimo de 10.637. Las de cuarta categoría, de escasa productividad, se situarán entre los 10.517 y los 10.277 euros. Finalmente, a los terrenos de baja productividad encuadrados en la quinta categoría se les asigna un valor de entre 10.217 y 9.616 euros por hectárea.
Las nuevas cantidades se han fijado teniendo en cuenta la situación del mercado de la tierra en la zona, los precios que figuran en las encuestas oficiales de los dos últimos años y las valoraciones orientativas realizadas por técnicos de la Junta y representantes de las organizaciones agrarias. También se han tomado en consideración los incrementos de la renta de los agricultores durante los últimos once años como consecuencia de las ayudas agrarias de la Unión Europea.