| Andalucía, 23 de Diciembre de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
La medida supondrá una revalorización adicional del 2% sobre la subida fijada por el Gobierno central para 2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda económica de carácter extraordinario para los casi 109.000 beneficiarios andaluces de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, con el objetivo de propiciar un aumento real de sus recursos económicos el próximo año. Esta aportación, cuya cuantía media individual alcanza los 73,78 euros, compensará a los pensionistas andaluces de la pérdida de poder adquisitivo que supone el incremento del 2% previsto por el Gobierno central, considerado insuficiente por la Junta.
Con la medida adoptada hoy, los beneficiarios de estas prestaciones en Andalucía verán incrementada su pensión en un 4% respecto a 2002, el doble de la subida fijada por el Gobierno central. El importe total de la ayuda extraordinaria, que se abonará mediante pago único el próximo mes de enero, asciende a ocho millones de euros.
De acuerdo con sus competencias exclusivas en materia de asistencia y servicios sociales, la Junta de Andalucía ya aprobó ayudas extraordinarias de este tipo para 1999. Ello dio lugar a que el Gobierno de la Nación planteara entonces un recurso ante el Tribunal Constitucional, por entender que se invadían sus competencias. Este argumento ha sido rechazado recientemente por el Alto Tribunal, que ha dado la razón a la Junta subrayando que la aportación complementaria autonómica no compromete la unidad presupuestaria de la Seguridad Social. Por otra parte, en la vigente normativa andaluza de servicios sociales se prevé la posibilidad de que la Junta establezca prestaciones económicas, periódicas o no, para que las personas con escasos recursos puedan atender sus necesidades básicas.
Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social se implantaron mediante ley en el año 1990. Sus destinatarios son todos aquellos ciudadanos que carecen de recursos suficientes para hacer frente a situaciones de jubilación e invalidez con incapacidad laboral, aunque no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social o lo hayan hecho de forma insuficiente para acceder a las pensiones de tipo contributivo. Comprenden tanto una prestación económica mensual como el derecho a asistencia sanitaria de la Seguridad Social en las mismas condiciones que el resto de los pensionistas.
En Andalucía se benefician actualmente de estas pensiones 108.803 personas, repartidas del siguiente modo por provincias: Almería, 6.746; Cádiz, 17.783; Córdoba, 9.815; Granada, 10.295; Huelva, 8.286; Jaén, 8.689; Málaga, 22.055, y Sevilla, 25.134.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda económica complementaria de carácter extraordinario para las pensiones asistenciales (Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos –LISMI–), con objeto de proporcionar a los ciudadanos andaluces más desfavorecidos un aumento real de sus recursos. Esta aportación asciende a una media individual de 495 euros, lo que supone una revalorización del 23,6% respecto a la cuantía fijada por el Estado para 2003, que es de 2.098,07 euros. Su importe total, que se fraccionará en cuatro pagas trimestrales durante el año 2003, asciende a 15,18 millones de euros.
Andalucía es la única comunidad autónoma española que complementa estas pensiones con ayudas económicas complementarias, de carácter extraordinario y personales e intransferibles. La medida se viene aplicando desde 1990, como expresión de solidaridad hacia las personas con recursos insuficientes. Actualmente, más de 33.700 andaluces tienen derecho a percibir estas pensiones, dirigidas a mayores, enfermos y discapacitados que carecen de posibilidades laborales.
La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, de 4 de abril de 1988, prevé que el Gobierno andaluz pueda establecer prestaciones económicas, periódicas o no, para que las personas con escasos recursos puedan atender sus necesidades básicas. Esta ley responde a la potestad que el Estatuto de Autonomía atribuye, con carácter de exclusividad, a la comunidad autónoma en materia de asistencia y servicios sociales.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un anticipo a cuenta por valor de tres millones de euros para los más de 5.000 pensionistas andaluces que cotizaron en Gibraltar, con el fin de atenuar el trato discriminatorio que sufren respecto a los residentes en la Roca, ya que, a diferencia de éstos, sus prestaciones no se han revalorizado desde 1990. La Junta pretende así garantizar los derechos de estos pensionistas hasta que el Gobierno británico les reponga las cantidades que les corresponden. La aportación, de carácter extraordinario, consistirá en una paga individual de 600 euros, que se hará efectiva en el próximo mes de enero.
El origen del problema se remonta al año 1993, cuando las autoridades del Peñón disolvieron de forma unilateral el Fondo Social de Pensiones, lo que supuso el cese de la percepción de sus prestaciones para un total de 6.822 pensionistas españoles que trabajaron en la colonia británica, 5.628 de ellos residentes en Andalucía. Ya en 1994 la Junta promovió la defensa jurídica de estos ex trabajadores y asumió un primer adelanto a cuenta de casi 20 millones de euros.
En septiembre de 1996, gracias a las distintas iniciativas llevadas a cabo por la Administración andaluza ante las autoridades nacionales y europeas, el Gobierno del Reino Unido se vio obligado a habilitar los fondos necesarios para que Gibraltar repusiera el pago de las prestaciones adelantadas por la Junta. Sin embargo, los pensionistas andaluces siguen estando discriminados debido a que no se les han revalorizado las cantidades desde hace 12 años y a que tampoco se benefician de un complemento especial que sí perciben los residentes en la Roca.
De acuerdo con el decreto aprobado hoy, la devolución del anticipo por parte de los pensionistas se producirá cuando éstos alcancen un acuerdo con las autoridades competentes o se les reconozca judicialmente el derecho a la revalorización, o bien si otras administraciones públicas asumen su pago. En relación con ello, la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central su presencia en la negociación que debe mantener con el Reino Unido sobre el contencioso de las pensiones y a la que puede aportar el informe jurídico encargado a un gabinete especializado para la defensa de los intereses de los pensionistas.
El futuro parque natural garantizará la protección de más de 19.000 hectáreas de costas, fondos marinos y sierras en el extremo sur de la provincia de Cádiz
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del futuro Parque Natural del Frente Litoral Algeciras-Tarifa, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente con carácter previo a la declaración como espacio protegido de esta zona de la provincia de Cádiz, de gran valor para las aves migratorias.
El que será el vigésimocuarto parque natural andaluz tendrá una superficie total de 19.127 hectáreas, de ellas 9.880 integradas por espacios litorales y serranos y 9.247 situadas en la zona marítima. En él se incluirán tres áreas ya protegidas con anterioridad: el Paraje Natural de la Playa de Los Lances, el Monumento Natural de la Duna de Bolonia y el extremo sur del Parque Natural de Los Alcornocales.
El documento aprobado hoy establece una división del territorio en tres zonas básicas según las diferentes necesidades de protección, fijando para cada una de ellas medidas específicas de conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales.
De acuerdo con esta zonificación, el plan cataloga como zonas de reserva un total de 2.058,89 hectáreas de valor ambiental excepcional. De ellas, 2.004,77 se extienden a lo largo de espacios marinos, especialmente los situados en el entorno de Tarifa, la isla de las Palomas y el Bajo de la Perla. Las 54,12 restantes corresponden a espacios naturales costeros de extraordinario interés, como los islotes de Cabrita y Paloma.
En todas estas zonas de reserva, se consideran incompatibles con los objetivos de protección, entre otras actividades, el fondeo y amarre de embarcaciones fuera de lugares habilitados; la extracción de flora, fauna y muestras de minerales; la instalación de arrecifes artificiales; las obras que impliquen movimientos de tierra, y la construcción de edificaciones.
El plan también considera zonas de reserva espacios culturales de interés como el conjunto arqueológico de Baelo Claudia y las canteras romanas. En este caso las actividades incompatibles serán las que no estén autorizadas por la Consejería de Cultura.
Como zonas de regulación especial, también sujetas a medidas de protección específicas aunque permitiendo diversos usos, se catalogan la Playa de los Lances y otros espacios costeros de interés natural y paisajístico (1.484,80 hectáreas); zonas de sierra (4.241,37 hectáreas), y otras áreas con instalaciones sujetas a la defensa nacional (256,66 hectáreas), así como 7.242,39 hectáreas de espacios marinos de usos restringidos.
Finalmente, en el tercer tipo de zonas, denominadas de regulación común y ocupadas muchas de ellas por huertas familiares, se permiten los usos tradicionales forestales y agroganaderos. Las limitaciones en estos espacios, que ocupan una superficie de 3.707,97 hectáreas, se refieren a la destrucción de obras de protección de suelos y a la roturación de enclaves con vegetación.
Valores naturales
Situada estratégicamente entre dos mares y dos continentes, la franja litoral de Algeciras y Tarifa destaca tanto por su riqueza natural como por sus valores paisajísticos y territoriales. La zona, en la que convergen tres provincias biogeográficas (lusitánica, mauritánica y mediterránea), incluye 18 hábitats de interés comunitario y ofrece una gran diversidad zoológica y botánica, además constituir uno de los principales enclaves europeos en las rutas migratorias intercontinentales.
Entre la fauna destacan aves como el águila imperial y la cigüeña negra, mamíferos como la nutria y reptiles como el lagarto ocelado y el galápago leproso, así como varios moluscos en peligro de extinción. El medio marino, paso habitual de cetáceos, acoge a 23 especies de protección estricta, entre ellas la tortuga boba, el delfín mular, la marsopa, el cachalote y la orca.
Respecto a la riqueza botánica, se han detectado 16 especies incluidas como endémicas o en peligro de extinción en el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada.
A estos valores naturales se suma el interés paisajístico de sus espacios serranos y costeros, así como la presencia de importantes muestras del patrimonio cultural. Entre estas últimas figuran el conjunto arqueológico de Baelo Claudia (antigua factoría romana de salazones), diversas torres vigía y unas 30 cuevas con manifestaciones de arte rupestre.
El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento de El Peñón de la Reina, ubicado en el término municipal de Alboloduy (Almería).
El conjunto, de gran interés para el estudio del poblamiento en el periodo del Bronce Final en la provincia de Almería, se sitúa estratégicamente con una posición dominante sobre la vía de comunicación natural del Valle del Nacimiento-Andarax, una zona de contrastada importancia durante la Prehistoria y con fuerte presencia de las culturas de la Edad del Cobre. Su superficie total es de 165.553 metros cuadrados.
Tras las investigaciones arqueológicas realizadas entre 1976 y 1978, se comprobó que El Peñón de la Reina había sido ocupado por las culturas del Neolítico Final, Bronce Antiguo (en torno al 1600 a.C.) y Bronce Final (desde la segunda mitad del siglo VIII a finales del VII a.C.).
Del hábitat correspondiente al Neolítico Final, en la zona más elevada e inaccesible del promontorio, se conservan restos de construcciones de planta ovalada distribuidas de forma irregular por toda el área del poblado. Al Bronce Antiguo pertenece el recinto amurallado que protege la ladera más vulnerable. En cuanto al Bronce Final, periodo de máxima ocupación de la zona, destacan los restos de cuatro cabañas excavadas y otras 23 localizadas a nivel superficial.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Alfredo Martínez Almécija Rector Magnífico de la Universidad de Almería, conforme al resultado de la elección efectuada por este centro el pasado 3 de diciembre.
Alfredo Martínez Almécija (Almería, 1949), es licenciado en Matemáticas, doctor en Ciencias y catedrático de Estadística y Matemática Aplicada. Desde 1997 es rector de la Universidad de Almería, habiéndose presentado a la reelección en dos ocasiones.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de seis miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía designados por la Unión General de Trabajadores. Estos nuevos miembros son Rafael Periáñez Cristóbal (titular) y María Dolores Gavilán Sánchez, María Piedad Pérez Arcos, Carmen García Jurado, Antonio Mendoza Castellón y José Carlos Mestre López (suplentes).