| Andalucía, 25 de junio de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, el Barrio Reina Victoria de Huelva, más conocido popularmente como Barrio Obrero, testimonio de la presencia británica con motivo de la explotación de las riquezas mineras de la provincia onubense.
Esta singular zona residencial, que hoy constituye una de las principales referencias históricas de la ciudad, comenzó a construirse en el Cerro de San Cristóbal en 1916 con el objetivo de facilitar viviendas a los trabajadores de la Riotinto Company Limited, sociedad británica que explotaba las minas de Riotinto desde 1873.
La empresa encargó a los arquitectos municipales José María Pérez Carasa y Gonzalo Aguado una primera fase de 71 edificios iguales e independientes con planta en forma de T, de una sola altura y formado por tres viviendas cada uno. Las casas, que recogen algunos de los rasgos característicos de la arquitectura inglesa, presentan cubiertas a dos aguas con teja plana y chimenea y fachadas enfoscadas, encaladas y con detalles decorativos de ladrillo visto. Esta primera fase concluyó en 1919, con algunas modificaciones del arquitecto británico R. H. Morgan respecto al proyecto inicial.
Entre 1923 y 1929 se construyen otros 16 bloques, proyectados tanto por Aguado y Pérez Carasa como por Morgan. Este último imprime su sello personal al introducir, entre otros elementos, la doble altura, las buhardillas y las marquesinas con cubiertas de madera.
Actualmente, el Barrio Obrero Reina Victoria de Huelva ocupa una superficie aproximada de 8,25 hectáreas y cuenta con 274 viviendas distribuidas en 88 edificios, en las que reside una población que no sobrepasa el millar de personas. Rodeado por la ciudad y delimitado por un murete que recorre su perímetro, el conjunto se alza sobre una plataforma de hasta diez metros por encima de las calles que lo rodean. El trazado general responde al de una ciudad-jardín, con un paseo de circunvalación, nueve calles paralelas con las que se cruzan otras dos y diversas plazoletas elípticas y ajardinadas en las intersecciones.
El Consejo de Gobierno ha acordado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de construcción de las conducciones de abastecimiento de agua potable a la comarca onubense del Andévalo. La medida permitirá agilizar la finalización de estos proyectos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuyo presupuesto supera los 12,5 millones de euros.
Las nuevas instalaciones beneficiarán a un total de trece municipios con una población cercana a los 28.000 habitantes: El Almendro, Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro del Andévalo, El Granado, Paymogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Santa Bárbara de Casa, Villanueva de las Cruces y Villanueva de los Castillejos. Estas poblaciones han sufrido tradicionalmente problemas de abastecimiento y se han visto sometidas a frecuentes restricciones debido a la falta de garantía de recursos hídricos y a la baja calidad de los mismos.
Con estos proyectos, el sistema de abastecimiento del Andévalo estará integrado por 81,7 kilómetros de tuberías, tres estaciones de bombeo y ocho depósitos con una capacidad global de almacenamiento de 7.350 metros cúbicos, que se nutrirán fundamentalmente del embalse del Chanza.
El abastecimiento de agua potable en la comarca se completará en los próximos años con recursos provenientes de la presa del Andévalo. Para ello, la Junta de Andalucía tiene previsto invertir 3,7 millones de euros en la construcción de una potabilizadora y de una nueva tubería de conexión con este embalse.
El Consejo de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 1.054.670 euros a los titulares de las sociedades promotoras Inver 2001, S.L., Rural XXI, S.L., Idelpladur, S.L., Agrupación Rural, S.L. y Estraplantar, S.L., como responsables de una parcelación urbanística ilegal realizada en dos fincas del municipio sevillano de Carmona calificadas como no urbanizables y con protección forestal. Esta infracción, tipificada como grave en la actual normativa urbanística, está penalizada con una multa que sobrepasa el límite de la potestad sancionadora de los municipios (601.012 euros), por lo que es el Consejo de Gobierno la instancia encargada de su imposición.
La resolución adoptada hoy tiene su origen en un informe enviado a la Junta por el Ayuntamiento de Carmona en el que se daba cuenta de la realización de diversas acciones ilegales de parcelación, división en lotes, ampliación y creación de viales, cerramientos e instalación de infraestructuras de agua y electricidad en los parajes conocidos como Mata de las Naranjillas y Las Palmas.
Los responsables de estas infracciones disponen ahora de un mes para interponer recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, o bien de un plazo de dos meses para recurrir la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 884.023 euros en la construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria en Grazalema (Cádiz). El nuevo instituto, cuyas obras correrán a cargo de la Diputación Provincial de Cádiz, tendrá una capacidad total para 120 alumnos y dispondrá, entre otras instalaciones, de cuatro aulas polivalentes, una pista polideportiva y aulas específicas de Informática, Música, Plástica e Idiomas.
Grazalema es uno de los más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación y Ciencia con el objetivo de ampliar la oferta de puestos escolares y adecuar las estructuras y medios educativos a la implantación de la Logse en Andalucía. Este plan, que se inició en 1997, incluye tanto la construcción de nuevos centros como la ampliación y remodelación de los ya existentes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Carlos Toscano Sánchez como secretario general técnico de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Carlos Toscano, nacido en Sevilla en 1957, es licenciado en Derecho y hasta ahora desempeñaba el cargo de delegado provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Sevilla, para el que fue designado en 2000. Anteriormente ocupó, entre otros puestos, los de director general de Empleo (1990-1992), director general de Trabajo