| Andalucía, 26 de febrero de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
Los andaluces conmemoramos en estos días el 22 aniversario del referéndum autonómico celebrado el 28 de febrero de 1980. El proceso político que desembocó en aquella jornada simboliza, sin ninguna duda, el cambio de signo político, económico y social de nuestra tierra. Es de justicia que, en primer lugar, dediquemos un homenaje a la generación de hombres y mujeres que hizo posible el autogobierno de Andalucía y tengamos un recuerdo para quienes ya no se encuentran entre nosotros y que en aquel momento, ya lejano, compartieron la ilusión por lograr una Andalucía más próspera, más justa y más moderna.
La Andalucía de hoy poco o nada tiene que ver con la que fue escenario de aquel formidable impulso autonomista. No es hora ni ocasión de autocomplacencias pero podemos y debemos enorgullecernos de los avances alcanzados en todos los terrenos, de la recuperación de nuestra autoestima como pueblo y del esfuerzo de la sociedad en su conjunto: administraciones, trabajadores y empresarios, la universidad, los investigadores, el entramado plural y diverso de la sociedad civil, los mujeres y los jóvenes que a lo largo de esta fructífera etapa de autogobierno han puesto su capacidad y su ilusión al servicio de Andalucía.
Pronto se cumplirá también el XX aniversario de las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía. Gracias al esfuerzo de todos, Andalucía avanza y ha alcanzado los cambios del nuevo siglo y de la nueva sociedad con la ilusión intacta y con la convicción reforzada de que estamos en condiciones de afrontar con garantías de éxito los retos del nuevo mundo que se avecina.
En efecto, estamos ante un marco radicalmente distinto al que vivimos en febrero de 1980 pues no sólo Andalucía ha cambiado sino que el mundo entero también lo ha hecho y de forma vertiginosa en los últimos años. El abanico de retos que se dibuja ante nosotros no debe traducirse en incertidumbre sino en ilusión. Hemos de salir al encuentro del futuro para esbozar la Andalucía que queremos dejar a nuestros hijos. Ni las legítimas discrepancias políticas ni los problemas que aún subsisten en nuestra sociedad, herencia en la mayoría de los casos de un pasado de marginación y abandono al que ya nunca volveremos, van a impedir que Andalucía dibuje el futuro que por historia y por capacidad le pertenece.
El primer paso para afrontar esta Segunda Modernización de Andalucía no puede ser otro que la plena toma de conciencia de las exigencias de los nuevos tiempos y responderlas con ambición y determinación. Esta nueva fase del autogobierno debe traducirse en un notable impulso a las políticas de innovación y desarrollo; de equilibrio territorial; de lucha contra cualquier forma de exclusión social; de fortalecimiento de la eficiencia y transparencia de las Administraciones públicas; de incremento de la participación de mujeres y jóvenes; de igualdad real de oportunidades; políticas de empuje económico adaptado al nuevo rumbo de la economía globalizada y al objetivo irrenunciable de la defensa del medio ambiente.
Debemos poner en valor el fruto del esfuerzo colectivo de los andaluces a lo largo de todos estos años de desarrollo sostenido en lo político, lo social y lo económico. Los retos ciertos en campos como la educación deben animarnos a una apuesta por más calidad para que ese gran activo con el que hoy contamos –la generación más preparada de nuestra historia— lo siga siendo dentro de veinte años. Ante retos de tal magnitud, debemos evitar atajos y modelos que en realidad resultan excluyentes y condenan al ostracismo a buena parte de la sociedad. De la misma manera, no podemos tolerar que las reformas que sean convenientes en éste u otros ámbitos de la vida pública se aborden desde la descalificación y la desconfianza infundada hacia amplios sectores de la población. En este sentido, parece hoy más necesario que nunca reafirmar el apoyo y el aliento a los jóvenes de Andalucía, que son el mejor aval de futuro de nuestra tierra.
Este dinamismo de nuestro país y esta voluntad de participación de Andalucía y del resto de comunidades autónomas en la construcción de Europa y en la conformación de la voluntad del Estado debe tener su correspondiente correlato en fórmulas institucionales que canalicen adecuadamente la enorme riqueza que supone el reconocimiento de la diversidad política, social y territorial de España. La presidencia española de la UE, cuando precisamente se comienza a discutir la nueva arquitectura institucional europea, supone una oportunidad de oro para abordar, con coraje e inteligencia, el perfeccionamiento del sistema político español, desde la perspectiva de comunidades autónomas y entidades locales.
Desde Andalucía debemos participar decididamente en la culminación del proceso autonómico. La reforma del Senado, la creación y fortalecimiento de mecanismos como la conferencia de presidentes y la habilitación de fórmulas que hagan posible la presencia de las Comunidades Autónomas en las instituciones y órganos de la UE son materiales necesarios para la consolidación y fortalecimiento del Estado democrático. Andalucía también es Estado y tenemos derecho a contribuir, desde la más insobornable lealtad institucional, al enriquecimiento del modelo político y social de convivencia establecido en la Constitución Española de 1978.
El desarrollo del Estado de las autonomías exige evitar, por parte de los poderes públicos, concepciones patrimonialistas del Estado. En este sentido, la negativa arbitraria a transferir a Andalucía las políticas activas de empleo ensombrecen las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central, en un período que se presumía más fructífero tras la firma del nuevo modelo de financiación autonómica.
La celebración del 22 aniversario del 28-F debe servirnos de acicate para debatir, con limpieza democrática y altura de miras, el papel de Andalucía en el Estado, en la construcción europea y en la nueva sociedad globalizada. Debemos reflexionar sobre nuestro autogobierno y sobre su herramienta fundamental, el Estatuto de Autonomía, demandando el cumplimiento de sus previsiones y planteando, si se considera necesario, una eventual reforma.
Debemos abordar, con serenidad y confianza, el modelo de convivencia para la sociedad andaluza del primer cuarto del nuevo siglo, caracterizado por una multiculturalidad que no tiene vuelta atrás y que debe ser encauzada para que, desde la perspectiva de la integración social y laboral, enriquezca a nuestra Andalucía.
Muchos son, en fin, los retos que nos aguardan a los andaluces. Abordémoslos con ilusión, tenacidad y confianza en nuestras posibilidades.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía. Esta regulación, que sustituye a un decreto de 1982, actualiza las normas de protocolo para dar cabida a las instituciones y autoridades surgidas durante las últimas dos décadas, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo o los delegados del Gobierno de la Junta. Igualmente, se incorporan al régimen protocolario los ex presidentes de la Junta y del Parlamento de Andalucía y las personas distinguidas con el título de Hijo Predilecto de Andalucía y con las Medallas de Andalucía del Parlamento de Andalucía.
El decreto determina la clasificación de los actos oficiales, la presidencia de los mismos y el orden de prelación de las instituciones y autoridades, así como sus tratamientos. Esta regulación se refiere a los actos oficiales que se celebran en la comunidad autónoma y en los que no resulta aplicable la normativa estatal vigente, aprobada en 1983.
Entre las principales novedades introducidas destacan la unificación del régimen de presidencia de los actos oficiales, que se atribuye con carácter general a la autoridad que los organice, y la modificación del orden de prelación de autoridades y e instituciones en estos actos, con un criterio que prima a las de elección popular.
Respecto a la nueva ordenación de autoridades, se incorporan el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los ex presidentes de la Junta y del Parlamento de Andalucía, los miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, los portavoces de los grupos parlamentarios, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, el consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el rector de la Universidad con sede en la provincia donde se celebre el acto, los rectores de otras Universidades, el delegado del Gobierno de la Junta y los delegados de las distintas consejerías de la Junta en dicha provincia.
En cuanto a las instituciones, organismos y corporaciones, se incorporan al orden protocolario el Consejo Consultivo de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Tanto en el caso de las autoridades como en el de las instituciones, la representación municipal queda reforzada al ganar un puesto en el orden protocolario respecto a la normativa de 1982.
Por otra parte, el decreto extiende la regulación de los tratamientos a la totalidad de las autoridades citadas en la norma. Se incluyen de este modo los ex presidentes de la Junta y del Parlamento y los Predilectos de Andalucía, que tendrán el tratamiento de Excelentísimos Señores, y las personas distinguidas con las Medallas de Andalucía y del Parlamento de Andalucía, que tendrán la consideración de Ilustrísimos Señores. Este último tratamiento se atribuye también a los presidentes de Diputaciones Provinciales y alcaldes de capitales de provincia, aunque respetando los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.
Con la norma aprobada hoy, la ordenación de las autoridades queda como sigue: Presidente de la Junta de Andalucía, presidente del Parlamento de Andalucía, alcalde de la localidad donde se celebre el acto, miembros del Consejo de Gobierno por su orden, miembros de la Mesa del Parlamento por su orden, portavoces de los Grupos Parlamentarios, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, diputados del Parlamento de Andalucía, presidente de la Diputación Provincial de la provincia donde se celebre el acto, rector de la Universidad con sede en la provincia en la que se celebre el acto, viceconsejeros y asimilados por orden de consejerías, delegado del Gobierno de la Junta en la provincia donde se celebre el acto, secretarios generales técnicos, directores generales y asimilados por orden de consejerías, delegados provinciales de Junta en la provincia donde se celebre el acto, por orden de consejerías, presidentes de Diputaciones Provinciales y alcaldes de capitales de otras provincias (ordenados entre sí por orden alfabético de provincias) y rectores de otras Universidades (ordenados según la antigüedad de sus centros).
A estas autoridades se añaden otras tres cuya presencia puede ser más esporádica: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se situará inmediatamente después de los presidentes de la Junta y del Parlamento de Andalucía en los actos a los que asista; los ex presidentes de la Junta (después de los miembros del Consejo de Gobierno), y los ex presidentes del Parlamento de Andalucía (después de los miembros de la Mesa del Parlamento).
El decreto también prevé que, en aquellos actos que se celebren en los municipios del Campo de Gibraltar, el subdelegado del Gobierno de la Junta en esta comarca se situará inmediatamente después del delegado del Gobierno de la Junta en la provincia.
Finalmente, las instituciones, organismos y corporaciones se ajustarán al siguiente orden: Consejo de Gobierno, Parlamento de Andalucía, Ayuntamiento de la localidad donde se celebre el acto, Consejo Consultivo de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Cámara de Cuentas de Andalucía, Diputación Provincial de la provincia donde se celebre el acto y consejerías del Gobierno andaluz por su orden de prelación y de acuerdo con sus respectivas estructuras orgánicas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nomenclátor y el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía, norma que servirá de referencia para la gestión de autorizaciones y licencias en estos sectores por parte de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.
El decreto recoge una exhaustiva tipología de actividades y establecimientos, con el objetivo de evitar situaciones de competencia desleal e incrementar los niveles de calidad y seguridad. También amplía el contenido mínimo de las autorizaciones y licencias para incluir datos como el aforo máximo permitido y el horario de apertura y cierre. Finalmente, fija un plazo de dos años para que los municipios revisen las licencias concedidas con anterioridad y las adapten a las nuevas denominaciones y condiciones.
En cuanto a la tipología establecida en el catálogo, los espectáculos y las actividades podrán ser permanentes, de temporada (con duración superior a seis meses e inferior a un año), ocasionales (menos de seis meses) y extraordinarios. Por su parte, los establecimientos se clasifican en fijos y eventuales (estructuras desmontables o portátiles) e independientes (con acceso directo desde la vía pública) y agrupados (espacios comunes para diferentes locales).
El catálogo incluye en la consideración de espectáculos públicos el cine, el teatro, las actuaciones musicales, el circo, los festejos taurinos, los acontecimientos deportivos, los de exhibición y los no reglamentados.
En cuanto a las actividades recreativas se citan los juegos de suerte, envite y azar; las atracciones y los juegos recreativos, y las actividades deportivas, culturales, sociales, festivas populares, zoológicas, botánicas, geológicas, acuáticas y de hostelería y catering.
Por último, se fija una exhaustiva clasificación de establecimientos, con 66 tipos diferentes encuadrados en 15 grupos. En esta relación figuran cines, teatros, auditorios, circos, plazas de toros, estadios deportivos, circuitos de velocidad, casinos, hipódromos, cibersalas, parques acuáticos, piscinas, museos, bibliotecas, zoológicos, restaurantes y discotecas, entre otros locales.
El decreto aprobado hoy, que desarrolla la Ley de Espectáculos Públicos de Andalucía, es fruto de las negociaciones mantenidas entre la Consejería de Gobernación y las corporaciones locales, las asociaciones empresariales y sindicales y las asociaciones de consumidores y de vecinos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se delimita la zona arqueológica de las Cuevas del Higuerón y la Victoria. Este enclave, situado en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, alberga manifestaciones de arte rupestre y restos de materiales que abarcan desde el Paleolítico Superior hasta la Prehistoria reciente.
La delimitación aprobada, de 61.874 m2 de superficie total, comprende tanto las cavidades del Higuerón y la Victoria como otras cuevas menores y las zonas exteriores de impluvio fundamentales para asegurar la conservación de la pinturas rupestres.
Además de este perímetro, se establecen dos entornos de protección. El primero, con una extensión de 2.863 m2, afecta a una antigua cavidad actualmente enterrada que permite la transmisión de aire hacia la cuevas principales. La segunda zona de protección, de 397 m2, trata de evitar que las edificaciones previstas en el área produzcan un estancamiento perjudicial en el flujo freático.
Las Cuevas del Higuerón y la Victoria estuvieron habitadas entre el Paleolítico Superior y el Calcolítico. Del periodo más antiguo se han encontrado puntas de sílex y diverso utillaje lítico y óseo, especialmente buriles y arpones. La huella del Epipaleolítico se refleja en el uso de guijarros asociados a un conchero, mientras que del Neolítico destaca la proliferación de cerámicas decoradas, piedras talladas y huesos pulimentados.
Las manifestaciones de arte rupestre corresponden tanto al estilo paleolítico como al esquemático. Dentro del primer tipo, la Cueva del Higuerón alberga representaciones zoomórficas adscritas cronológicamente al periodo Magdaleniense, mientras que en la Cueva de la Victoria se encuentran pinturas del periodo Solutrense, fundamentalmente signos asociados a dibujos zoomórficos en tonos rojos.
En cuanto a las pinturas esquemáticas, la Cueva de la Victoria concentra uno de los focos más importantes de Andalucía, con un total de 98 elementos figurativos en la denominada Sala Dosel.
Las Cuevas del Higuerón y la Victoria están declaradas Bien de Interés Cultural con la categoría de zona arqueológica, de acuerdo con la protección que la Ley del Patrimonio Histórico Español establece para todos aquellos lugares que guardan arte rupestre.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy conceder una subvención de 4.207.085 euros a la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias (FADA), para el mantenimiento de su red de centros terapéuticos y el desarrollo de programas de rehabilitación de toxicómanos durante este año.
Este organismo, creado en 1998 y dependiente de la Junta de Andalucía, gestiona actualmente cinco comunidades terapéuticas en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. En ellas se presta atención a 236 toxicómanos permanentemente y se facilita su posterior integración social y laboral. La Fundación completa su actividad con programas específicos de asesoramiento jurídico y asistencia en comisaría.
Los objetivos de la FADA para este año se centran en potenciar la integración sociolaboral de los toxicómanos rehabilitados, a través la organización de cursos de formación ocupacional en su red de centros y de la creación de empresas y cooperativas de inserción, conjuntamente con las corporaciones locales y las asociaciones de drogodependientes.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar los trámites para la aprobación del proyecto de Ley de Fomento y Coordinación de la Ciencia, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que servirá de marco normativo para unificar, planificar y coordinar todas políticas de la Junta de Andalucía sobre estas materias.
Como principal novedad, el borrador de la ley prevé la elaboración de un único plan de carácter cuatrienal que sustituirá a los dos que actualmente llevan a cabo las consejerías de Educación y Ciencia y Empleo y Desarrollo Tecnológico: el Plan Andaluz de Investigación y el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, ambos con una vigencia hasta 2003 y cuyos presupuestos superan conjuntamente los 697 millones de euros.
El nuevo instrumento de planificación, que se denominará Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, tendrá como principales objetivos alcanzar la máxima rentabilidad social en el uso de los recursos de ciencia y tecnología, facilitar la transferencia de resultados a la sociedad y mejorar la relación entre el entorno tecno-científico y el sistema productivo. Su respaldo financiero se articulará a través del Fondo para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que comprenderá todas las partidas que destinen a estos fines las distintas consejerías y organismos de la Junta.
El anteproyecto de ley también establece la creación de la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología, que será el órgano encargado de unificar y coordinar la política de los distintos departamentos Junta de Andalucía en esta materia, bajo la dirección de las consejerías de Educación y Ciencia y de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Esta comisión será también la encargada de elaborar el nuevo marco de planificación previsto, así como de realizar su seguimiento.
Finalmente, la futura ley centralizará en dos organismos de nueva creación la coordinación de los centros de investigación y de los centros de innovación tecnológica de la comunidad autónoma: el Instituto General de Investigaciones Científicas, adscrito a la Consejería de Educación y Ciencia, se encargará de los primeros, mientras que el Centro Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados, dependiente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, será la referencia para el fomento de la innovación en las empresas andaluzas y para la coordinación de la red de parques tecnológicos, tecnoparques, centros de innovación y otros agentes tecnológicos.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Javier Aroca Alonso nuevo viceconsejero de Turismo y Deporte. Javier Aroca, nacido en Sevilla hace 47 años, es licenciado en Derecho y Antropología por la Universidad Hispalense y especialista en Derecho Europeo. En la actualidad ocupaba el cargo de secretario general de Relaciones con el Parlamento.
El nuevo viceconsejero de Turismo y Deporte ha sido también director de investigación del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy, a propuesta del consejero de Turismo y Deporte, a Manuel Prado Fernández secretario general para el Deporte. Prado, natural de San Fernando (Cádiz) es médico. Con anterioridad, ha sido concejal del Ayuntamiento de San Fernando y diputado del Área de Deportes de la Diputación de Cádiz.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a José Luis Villar Iglesias secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Consejería de Relaciones Institucionales.
José Luis Villar Iglesias, natural de La Línea de la Concepción (Cádiz), es licenciado en Derecho e Historia. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta ha sido, entre otros cargos, concejal durante doce años en el Ayuntamiento de Sevilla. En la actualidad ocupaba el puesto de secretario general de la Delegación en Sevilla de la Consejería de Turismo y Deporte.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Marcelino Méndez-Trelles Ramos director general de Fomento y Promoción Turística. Marcelino Méndez-Trelles, nacido en Vélez-Málaga hace 50 años, es licenciado en Químicas por la Universidad de Granada. Hasta la fecha ha ocupado la Secretaría General para el Deporte. Con anterioridad ha desempeñado los cargos de gerente de la empresa pública Turismo Andaluz.
Francisco Balaguer, Gregorio Cámara y Aurora León han sido renovados en sus cargos dentro de dicho organismo
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Antonio Jara Andréu y Javier Barnes Vázquez nuevos miembros del Consejo Consultivo de Andalucía. Asimismo, se ha renovado en sus cargos a Francisco Balaguer Callejón, Gregorio Cámara Villar y Aurora León González, quienes ya formaban parte de dicho Consejo Consultivo.
Antonio Jara Andréu, natural de Alquerías (Murcia), es doctor en Derecho por la Universidad de Granada. Fue alcalde de Granada desde 1979 a 1991 y formó parte de la Comisión Redactora del Estatuto de Autonomía. También ha sido parlamentario autonómico y diputado nacional. Desde el año 1977 es profesor titular de Derecho y ha ejercido tanto la docencia como la investigación.
Javier Barnes Vázquez, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Huelva, ha sido letrado del Tribunal Constitucional entre 1994 y 1998. Ha ejercido como docente e impartido seminarios en universidades españolas y extranjeras.
Por lo que respecta a los tres cargos que han sido renovados en el Consejo Consultivo de Andalucía, Francisco Balaguer Callejón y Gregorio Cámara Villar son catedráticos de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada; mientras que Aurora León González es abogada laboralista especializada en el Derecho de Familia y en la negociación de convenios.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Juan Carlos Benavides Yanguas miembro del Consejo de Administración de la RTVA. Benavides (Motril, 1954) es médico, profesión que ejerce en Almuñécar. También ha sido alcalde de estas localidad granadina y vicepresidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical.