| Andalucía, 28 de mayo de 2002 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de creación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo que se encargará de la gestión integral y coordinada de todas las políticas sobre esta materia en la comunidad autónoma. El texto será remitido ahora al Parlamento de Andalucía, tras haber obtenido el respaldo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
El Servicio Andaluz de Empleo será un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en cuyo consejo de administración participarán los agentes económicos y sociales y el Consejo Andaluz de Municipios. Contará con un presupuesto inicial de 394 millones de euros anuales, a los que se añadirán otros 294 cuando se materialicen las transferencias de las políticas activas de empleo a la comunidad autónoma. Será financiado con cargo al presupuesto de la Junta y a través de subvenciones, aportaciones y donaciones, rendimientos de su patrimonio y créditos que se traspasen de otras administraciones públicas.
La futura entidad tendrá como principales funciones la gestión de los planes y líneas de ayudas para el fomento del empleo estable y del autoempleo; el registro de las demandas de puestos de trabajo; la prospección e intermediación en el mercado laboral; la asistencia técnica a los departamentos de la Junta y a otras administraciones públicas, y el desarrollo de las competencias que sean transferidas a la comunidad autónoma en materia de empleo. Su actividad se desarrollará atendiendo a principios de igualdad de oportunidades, solidaridad territorial, gratuidad y calidad de servicio para trabajadores y empresas.
De acuerdo con las previsiones de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el SAE promoverá cada año la formación de unos 95.000 trabajadores desempleados a través de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO); fomentará la constitución de 7.000 trabajadores autónomos, y contribuirá a crear 400 nuevos empleos para personas discapacitadas en los Centros Especiales de Empleo. Asimismo, ofrecerá orientación laboral a 12.000 desempleados (130.000 cuando se transfieran las competencias de las políticas activas de empleo).
El Consejo de Administración del SAE estará presidido por el titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico e integrado por 18 vocales. De ellos, nueve serán designados por este departamento, cuatro por las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad autónoma, otros cuatro por las principales organizaciones empresariales y uno por el Consejo Andaluz de Municipios.
Este órgano directivo se encargará fundamentalmente de elaborar las directrices de actuación y de aprobar las propuestas de planes y programas. También elaborará el borrador de anteproyecto de presupuesto y realizará la memoria y las cuentas anuales. Además, marcará la regulación de los criterios de concesión de ayudas y propondrá la presentación de proyectos a la Unión Europea.
De acuerdo con el proyecto de ley, el SAE contará también con un director-gerente encargado de ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, ocho direcciones provinciales y una red de oficinas que dará servicio a todo el territorio andaluz.
Centros
En tanto se traspasan las competencias pendientes, el SAE dispondrá inicialmente de más de 120 centros de orientación, siete centros propios y 1.200 colaboradores en materia de FPO y 13 escuelas especializadas en formación de excelencia, además de las 112 Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. Una vez materializadas las transferencias, a esta red se sumarán las 190 oficinas y los dos centros de formación que el Instituto Nacional de Empleo tiene en la comunidad autónoma.
Finalmente, el SAE dispondrá de un Consejo Asesor presidido también por el titular de Empleo y Desarrollo Tecnológico e integrado por un vicepresidente y 22 vocales. De ellos, seis serán nombrados por la Junta de Andalucía, cuatro por los sindicatos, cuatro por las organizaciones empresariales y cuatro por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Los restantes miembros serán personas de reconocido prestigio en materia de empleo propuestas por el Consejo de Administración.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto de Municipio Turístico, una norma prevista en la Ley de Turismo de Andalucía con la que se pretende compensar económicamente a aquellas poblaciones de gran afluencia turística que realizan un especial esfuerzo para la prestación de los servicios municipales, sin que reciban por ello la correspondiente financiación específica por parte del Estado.
El nuevo decreto incentivará a estos municipios para que puedan atender las demandas adicionales de servicios que plantean los flujos turísticos, mediante la implicación de todos los departamentos de la Junta y de las entidades públicas y privadas en la dotación de infraestructuras, en la preservación de los recursos naturales y en la mejora de la calidad de la oferta. Este apoyo se dirigirá tanto a la financiación como a los ámbitos organizativo, planificador y de fomento y promoción.
Para la declaración de Municipio Turístico, el texto legal establece una serie de requisitos en cuanto a población, volumen de visitantes y número de pernoctaciones y de viviendas de segunda residencia, ponderándose estos criterios de diferente forma en función del tipo de municipio.
En cuanto a la primera de las condiciones, el decreto se aplicará en municipios de menos de 100.000 habitantes, mientras que para las ciudades de mayor población la Consejería de Turismo y Deporte tiene previsto un tratamiento específico a través del Plan de Grandes Ciudades.
El número de visitantes deberá ser cinco veces superior al de vecinos inscritos en el padrón, al menos durante 30 días al año. Este parámetro se fijará teniendo en cuenta las visitas diarias al recurso turístico que registre mayor afluencia en el municipio.
Respecto al número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico, la media anual deberá superar al 10% de la población total del municipio o bien alcanzar este porcentaje durante al menos tres meses al año.
Por su parte, el número de segundas residencias deberá superar al de viviendas principales de la localidad, siempre que estas últimas sean más de 500.
Finalmente, el decreto estipula que la declaración de Municipio Turístico requerirá el acuerdo plenario previo del Ayuntamiento. Una vez aprobada, siempre por mayoría absoluta del número legal de los miembros de la corporación, la declaración se someterá a la consideración del Consejo Andaluz del Turismo, órgano en el que están representadas la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores, entre otras.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento Orgánico de los Institutos Provinciales de Formación de Adultos, que adecua la organización y el funcionamiento de estos centros a las exigencias de la Logse. Entre otras novedades, la nueva norma potencia la constitución de asociaciones de alumnos y su participación en los órganos colegiados, además de crear un departamento específico encargado de reforzar la dotación de medios materiales para las modalidades de enseñanza a distancia.
Los Institutos Provinciales de Formación de Adultos, que funcionan desde 1998, proporcionan una oferta amplia y flexible de Educación Secundaria y Bachillerato a colectivos sociales como desempleados, trabajadores que necesitan recualificación profesional, inmigrantes, mujeres que interrumpieron su formación por diversas circunstancias o personas adultas que en su día no pudieron y ahora quieren seguir estudiando. Los alumnos disponen de una doble opción de matrícula que les permite cursar estudios en la modalidad presencial y de forma semipresencial o a distancia.
La red andaluza de estos centros está integrada por ocho institutos, uno por provincia, y dos secciones localizadas en Algeciras (Cádiz) y Linares (Jaén). En ellos estudian actualmente 7.095 alumnos, atendidos por 208 profesores.
El reglamento aprobado hoy se enmarca en el conjunto de iniciativas desarrolladas por la Junta durante los últimos años con el objetivo de reforzar la educación permanente en Andalucía y garantizar unos niveles básicos de formación a toda la población adulta. Entre estas medidas destaca la adoptada el pasado mes de marzo para reducir de 18 a 16 años la edad de acceso a estas enseñanzas en los casos de trabajadores, beneficiarios de contratos de formación, discapacitados y deportistas profesionales o de alto rendimiento.
El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo adoptado por el Instituto de Fomento de Andalucía de conceder una ayuda de 1.425.602 euros a la firma Easa del Sur, S.A., filial de Gamesa, para crear una unidad de gestión especializada de montajes aeronáuticos en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.
Este proyecto, que supondrá una inversión de más de 11 millones de euros y la creación de 47 nuevos puestos de trabajo fijos, permitirá a la empresa ofrecer servicios competitivos y horas de montaje a subcontratistas aeronáuticos de primer nivel. En concreto, abordará la fabricación de diversos componentes para los aviones comerciales CRJ-700 y CRJ-900 de la firma Bombardier.
La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico ya aprobó el pasado 22 de mayo otra subvención de 2,08 millones de euros vinculada al mismo proyecto aeronáutico y acogida al Programa de Ayuda para la Promoción y Desarrollo del Sector Industrial.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de la Presidencia, ha nombrado hoy a Enrique Cervera Grajera nuevo secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno.
Enrique Cervera (Huelva, 1963), casado y con una hija, es periodista y comenzó su trayectoria profesional en 1985 en El Correo de Andalucía, donde desempeñó las jefaturas de las secciones de Economía y Política. Articulista especializado en política y actividad parlamentaria, ha colaborado además con distintos medios de comunicación españoles y extranjeros.
Desde mayo de 1997 y hasta el día de hoy, ha sido director de los Servicios Informativos de la Oficina del Portavoz del Gobierno.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Antonio Troya Panduro secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Antonio Troya (Cádiz, 1959) es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en Ordenación del Territorio. Entre otros cargos, ha sido director del organismo autónomo Parques Nacionales, coordinador nacional para la elaboración de la Estrategia Española para la Conservación de la Diversidad Biológica, responsable de Relaciones Internacionales de la empresa pública Egmasa y director de Programas Especiales e Inversiones Extranjeras del Instituto de Fomento de Andalucía. También ha trabajado en el Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza (Icona), el Ministerio de Agricultura y la Dirección General XI de la Comisión Europea.
El Debate del Estado de la Comunidad es la sesión más importante que celebra cada año el Parlamento de Andalucía y una iniciativa de profundo significado democrático de la que fuimos pioneros.
La Cámara Andaluza cumple ahora 20 años y el mejor homenaje que podemos tributar a esta efemérides, es demostrar que sigue siendo el centro y eje de la vida política, el marco en el que se plasma la pluralidad de ideas e intereses de la sociedad y el ámbito institucional que, a través de la representación, el control y la actividad legislativa, impulsa el progreso y el bienestar de nuestra Comunidad.
El Gobierno Andaluz, que compareció recientemente para dar cuenta ante el Pleno de una importante iniciativa de futuro, vuelve de nuevo a sede parlamentaria para exponer, como viene siendo habitual, la gestión realizada y para fijar su posición ante los temas y cuestiones que, en estos momentos, afectan de manera especial a los andaluces y andaluzas.
La celebración de este Debate en el ecuador de la presente legislatura, va a permitir hacer una evaluación suficientemente amplia y realizar nuevas propuestas para el período legislativo que aún resta.
Creemos que la situación actual y los resultados obtenidos en estos años son alentadores. Dos datos lo confirman, desde distintas perspectivas: Andalucía avanza en el proceso de convergencia con sus economías de referencia, lo cual crea un clima de confianza en las propias posibilidades y, por otra parte, los acontecimientos vividos en los últimos meses -los atentados del 11 de Septiembre y sus repercusiones o la llegada e implantación del Euro-, han puesto de manifiesto una vez más el grado de madurez de la sociedad andaluza.
Consolidar e intensificar esta dinámica de progreso económico y social constituye, por tanto, el principal objetivo del Gobierno. Para conseguirlo, confía sobre todo en la capacidad de diálogo de las organizaciones sociales, de los ciudadanos y del conjunto de las administraciones públicas. Contar con todos y trabajar para todos, no es sólo un lema, sino una forma de entender la democracia y de aplicarla con absoluta coherencia.
Este empeño se concreta de múltiples formas, se propone a los más diversos interlocutores, se plasma en importantes acuerdos y se revitaliza constantemente a través de numerosos instrumentos de participación e integración de esfuerzos y voluntades.
La política de diálogo y de consenso nos está sirviendo para garantizar la estabilidad política e institucional de Andalucía, para seguir avanzando en el proceso de convergencia, para superar los déficits que aún tenemos y para enfrentarnos a los desafíos del futuro.
Son muchas y muy diversas las cuestiones planteadas en estos momentos, pero estamos firmemente convencidos de que, con la participación e implicación de todos, es posible mantener la tendencia de crecimiento de los últimos años, crear más y mejor empleo, fomentar el espíritu emprendedor, mejorar la articulación del territorio andaluz, afianzar el compromiso con la sostenibilidad, hacer de la calidad el santo y seña de los servicios públicos e incorporarnos a la nueva Sociedad de la Información y del Conocimiento.
A lo largo del Debate, se irá dando cuenta de todos estos temas, de la situación y evolución de los distintos sectores económicos y de las políticas de bienestar y de solidaridad. Explicaremos también cómo acrecentar nuestra contribución a la España plural de las Autonomías y cuál debe ser nuestro papel en el seno de la U. Europea y en el Mediterráneo, cuya compleja realidad, sobre todo en lo que se refiere al fenómeno migratorio, vivimos tan de cerca.
No podemos dar la espalda a lo que ocurre a nuestro alrededor. Ser sede próximamente de una importante Cumbre Europea nos lo va a recordar, si hacía falta, y a poner de manifiesto que Andalucía se enfrenta hoy al mismo tipo de problemas y tiene las mismas exigencias y aspiraciones que las sociedades desarrolladas de su entorno político y cultural.
Tal vez la única diferencia estribe en la obligación de dar una respuesta propia, una alternativa elaborada desde nuestra propia circunstancia y ajustada a nuestras posibilidades.
Creemos, en consecuencia, que este Debate del Estado de la Comunidad, con las aportaciones del Gobierno y de todos los Grupos Parlamentarios, es una buena ocasión para demostrar la capacidad y vitalidad que tiene hoy Andalucía.