Información general
La Constitución Española en su artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud, disponiendo que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto, y su apartado tercero, que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, su artículo 149.1.16ª establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.
La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición tiene el carácter de normativa básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª de la Constitución, estableciendo normas en materia de seguridad alimentaria como un aspecto fundamental de la salud pública, en orden a asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas en relación con los alimentos, así como a establecer las bases para fomentar hábitos saludables que permitan luchar contra la obesidad, en especial los artículos 36, 40 y 41.
A nivel internacional, en la declaración final de la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, organizada conjuntamente por la FAO y la OMS en el mes de noviembre de 2014, se destaca la necesidad de que las políticas de nutrición promuevan una alimentación diversificada, equilibrada y saludable en todas las etapas de la vida.
En el ámbito autonómico andaluz, la regulación contenida en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, contempla la salud como un objetivo de bienestar colectivo y plenitud personal, siendo el cometido de la salud pública contribuir a generar en la sociedad las condiciones de vida más favorecedoras para la salud de la población, promover conductas y estilos de vida más saludables, proteger la salud ante las amenazas y los riesgos, y no solo luchar contra las enfermedades, y minimizar la pérdida de la salud. Destacando los artículos 4.e, 12, 27, 33, 43, 50, 68 y 70 abordan diversos derechos y medidas en aras a garantizar tales derechos.
La Consejería de Salud y Familias ha venido desarrollando diferentes iniciativas para combatir este problema, así pues el IV Plan Andaluz de Salud establece entre sus metas conseguir mayores niveles de salud con las acciones contempladas en los planes integrales y las estrategias de salud priorizadas en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA); potenciar la acción social e intersectorial en el abordaje de las condiciones de vida y los determinantes de salud de mayor impacto en la esperanza de vida en buena salud de la población; promover hábitos y entornos de vida saludable; e identificar y desarrollar los activos que promueven salud y generan bienestar en la población andaluza. Asimismo, han contribuido a estos objetivos el Plan para la Promoción de la Actividad Física y Alimentación Equilibrada (PAFAE) puesto en marcha en el año 2004 y el Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía (PIOBIN) desde el 2007.
También debe destacarse el Acuerdo de 8 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2016-2020, que tiene como objetivo general definir un sistema andaluz para la seguridad alimentaria en el que se integren todos los actores con responsabilidades en esta materia, incorporando entre sus líneas de acción la promoción de la calidad nutricional de los alimentos y el fomento de hábitos alimenticios saludables.
Y más recientemente, con el Acuerdo de 12 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, cuya finalidad es mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza, mediante la articulación de medidas intersectoriales en todos los entornos de vida para favorecer la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables en las diferentes edades, siendo la alimentación saludable y sostenible uno de sus retos principales.
La falta de una regulación que fomente una alimentación saludable y sostenible en los centros docentes, sanitarios y sociales, y en general todas las instalaciones de titularidad o financiación pública, especialmente en las zonas con necesidad de transformación social.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que Andalucía tiene prevalencias de exceso de peso (sobrepeso más obesidad) en la población de 2 a 17 años más elevadas que el conjunto de España, según la información obtenida de las Encuestas Nacionales de Salud. En 2017, el sobrepeso y la obesidad infantil en España afectaba al 28,6% de la población mientras que en Andalucía la prevalencia era del 33,4%, es decir, cinco puntos porcentuales más. En cuanto a la población mayor de 17 años, las cifras también son mayores en Andalucía, con una diferencia de cuatro puntos (54,5% en España y 58, 5% en Andalucía). Además, las cifras de exceso de peso muestran un gradiente en relación con la clase social. Las clases más desfavorecidas presentan prevalencias más elevadas de obesidad.
La necesidad y oportunidad de aprobar esta norma responde al interés general plasmado en las normas citadas en los antecedentes, que requiere de un instrumento normativo concreto que garantice el acceso a una alimentación saludable y sostenible en centros de utilidad pública de Andalucía,
Este interés general sería la salud pública, entre cuyos fines se encuentran el fomento de una alimentación saludable y sostenible, para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad (que constituye en sí misma una enfermedad y un factor de riesgo para otras enfermedades iguales o más graves, como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer), incorporando iniciativas basadas en el conocimiento científico actual y en recomendaciones de organismos internacionales.
Establecer una serie de exigencias e incentivos que fomente una alimentación saludable y sostenible en los centros docentes, sanitarios y sociales, y en general todas las instalaciones de titularidad o financiación pública, especialmente en las zonas con necesidad de transformación social.
En la presente propuesta normativa no procede una solución no regulatoria porque se trata de regular una serie de obligaciones y medidas que exigen un carácter normativo para su establecimiento..
La ciudadanía, organizaciones, sociedades científicas y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, durante el plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación, a través del siguiente buzón de correo electrónico:
consultas.previas.csafa@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.