El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para que las personas usuarias de los centros de día para personas mayores y con discapacidad y los centros ocupacionales para personas con discapacidad conserven el derecho a la plaza concertada en el Programa de Atención Individual mientras su incorporación al centro sea incompatible con la crisis sanitaria por el Covid-19 hasta el próximo 15 de septiembre.

De esta forma, se exime a las personas usuarias de la obligación de participar en la financiación del servicio mientras exista el derecho de reserva de plaza y, por otra parte, se evita un perjuicio económico a los centros cuando los titulares se encuentran ausentes ya que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) abonará al centro el 80 por ciento del coste de la plaza reservada. De esta forma, para garantizar la atención de las personas beneficiarias, se continuarán realizando tareas diarias de seguimiento domiciliario o de carácter telemático a las mismas.

En los casos en que resulte imposible la incorporación de la persona beneficiaria por su especial vulnerabilidad ante la situación de crisis sanitaria por coronavirus, se priorizará la tramitación de la revisión del Programa Individual de Atención con el objetivo de dar continuidad asistencial.

De esta forma, esta medida responde al establecimiento de un equilibrio entre las medidas de protección de la salud pública establecidas por la Consejería de Salud y Familias y la necesidad de proteger a las personas beneficiarias en situación de dependencia.

En la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 una vez superado el estado de alarma, se contemplaban la reorganización asistencial de los centros en función del número de personas usuarias, del espacio disponible y las actividades, tanto individuales como grupales, por ser imprescindible mantener la distancia de seguridad entre personas usuarias y entre estas y el personal trabajador.

El Acuerdo del 13 de marzo del Consejo de Gobierno suspendió la actividad de los centros de día para personas mayores y con discapacidad y centros ocupacionales para personas con discapacidad. En relación a esto, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación vinculó la garantía de financiación del 80 por ciento al compromiso de la entidad prestadora del servicio de mantener el empleo mientras estuviese vigente la declaración del estado de alarma y durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad y a la realización de tareas de seguimiento proactivo de los casos de mayor vulnerabilidad.