La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia ha publicado el contrato administrativo especial que tiene por objeto concertar plazas para la prestación de los servicios de atención residencial, centro de día y centro de día con terapia ocupacional para personas con discapacidad en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo acceso a estos servicios venga autorizado por el órgano competente mediante la aplicación de los criterios de acceso previstos en la normativa reguladora del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en un número inicial de 13.323 plazas con la distribución territorial y tipologías por servicios que se desglosan en el anexo I del PCAP.

Próximo a agotarse el plazo de vigencia del concierto para la reserva de plazas con la finalidad indicada, todas las entidades que en la actualidad se hayan incorporado al mismo y quieran seguir poniendo plazas a disposición de la Agencia, así como aquellas nuevas que lo deseen, deberán presentar su proposición.

De estas más de 13.323 plazas de titularidad privada objeto de concierto, 5.623 corresponden al servicio de atención residencial, 2.574 al servicio de centro de día mientras que 5.126 corresponden al servicio de centro de día con terapia ocupacional para la atención de las personas con discapacidad.

Los conciertos, gestionados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, tendrán una duración máxima de ocho años, incluidas las prórrogas, que estará supeditada a la garantía de continuidad de la prestación o del servicio.

Por ello, además de la aprobación en este Consejo de Gobierno del gasto correspondiente a los próximos cuatro años, se contempla una estimación de gasto idéntica para una única prórroga por otro período de otros cuatro años, de forma que el valor estimado del concierto ascendería a 1.553 millones de euros (1.553.391.452 €).

El concierto social se configura como un procedimiento abierto y dinámico que contrata las plazas en centros y la prestación de servicios a partir de la comprobación de la capacidad y solvencia de la entidad y la acreditación del centro de servicios sociales donde se hallen las plazas propuestas. Asimismo, se tiene en cuenta para la adjudicación de la plaza la libre elección de la persona usuaria, con base a los criterios de eficacia y eficiencia en el uso de los medios disponibles en el momento de la adjudicación, a partir de la resolución aprobatoria del programa individual de atención. Junto con estas condiciones, también se incluyen cláusulas relativas a la dignidad de las condiciones laborales, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente.

Además, el concierto social para la prestación de servicios sociales, que se regula en el Decreto 41/2018, de 20 de febrero, establece que las contrataciones a través de esta modalidad valorarán de forma especial circunstancias como la vinculación preexistente tanto afectiva como terapéutica de las entidades con las personas, la continuidad de las personas usuarias atendidas, la proximidad a la población destinataria favoreciendo el arraigo de la persona en su entorno y la atención personalizada, integral e interdisciplinar. El objetivo es mantener la permanencia en el entorno y con los mismos referentes personales y profesionales, capaz de garantizar la seguridad emocional que necesitan las personas que viven en residencias o asisten a centros de día.