La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Parlamento, que su departamento “está trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de Orden que regulará la prestación del servicio de ayuda a domicilio que publicaremos el próximo mes de abril. A tal fin, estoy llevando a cabo una ronda de contactos con diversas entidades para fomentar la colaboración institucional y para alcanzar un acuerdo que permita blindar la ayuda a domicilio, un servicio del que se benefician más de 101.000 andaluces y andaluzas en la actualidad”.

En concreto, ha detallado que la subida del precio/hora, que entró en vigor el pasado lunes 1 de marzo hasta los 14,6 euros desde los 13 euros en los que permanecía congelado desde 2007, “es el primer paso, pero nuestro compromiso con este servicio va más allá, ya que vamos a seguir avanzando en términos económicos y laborales para las más de 32.000 profesionales de la ayuda a domicilio”. En este sentido, ha informado de los encuentros ya mantenidos con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, los sindicatos UGT y CCOO, varias entidades locales, la Comisión de Seguimiento de la Renta Mínima de Inserción Social y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

Rocío Ruiz ha señalado que el objetivo de la Consejería de Igualdad es que el aumento se destine a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, para lo que “hemos tendido la mano al diálogo a entidades locales y sindicatos para blindar la ayuda a domicilio en base a dos aspectos fundamentales: que las entidades locales contribuyan también a la subida del precio/hora y que velen para que esta se destine a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras”.

Por otra parte, ha destacado las novedades de la nueva Orden que se encuentra en proceso de redacción y que persigue, entre sus fines, establecer un régimen jurídico común de este servicio, unificando sus condiciones, tanto como prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de prestación derivada de la Ley de Dependencia de 2006.

Asimismo, la nueva Orden contempla un modelo de intervención de atención centrada en la persona, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad y elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este servicio no vinculado a la Ley de Dependencia, que será tenido en cuenta solo para fijar la aportación al coste del servicio.

Con el fin de garantizar los derechos y deberes de los y las profesionales de la ayuda a domicilio, la consejera ha informado de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación. “Con la ayuda de este marco legal, la organización de este servicio puede mantener unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo y prohíbe la realización de servicios de menos de una hora”.

Finalmente, ha destacado que, “con el objetivo de fomentar la integración social mediante la contratación, se especifica que los pliegos deberán contemplar colectivos como las personas ex tuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, personas residentes en zonas desfavorecidas, perceptoras de la Renta Mínima, con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social”.

Hasta 71,9 millones de euros más que en 2018
Con el trascurso de los años, el servicio de ayuda a domicilio ha ido creciendo y evolucionando hasta convertirse en uno de los recursos más demandados por las personas en situación de dependencia por su eficacia a la hora de responder a las necesidades de las personas en su entorno habitual.

A 31 de diciembre del año pasado, 101.049 personas se benefician en Andalucía de esta prestación, lo que representa el 44% del total de personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el 40% del total de prestaciones de ayuda a domicilio en el conjunto de España.

Para ello, durante 2020, la Consejería de Igualdad ha transferido 442,26 millones de euros a los ayuntamientos y diputaciones provinciales en concepto de pago de las liquidaciones, lo que supone un incremento de 71,9 millones de euros más con respecto a lo abonado en 2018.