El instrumento más poderoso del Estado para influir sobre la actividad económica es sin duda alguna el ejercicio de su poder coactivo y reglamentario. Pero las decisiones públicas son adoptadas por determinados individuos ¿Quién garantiza que utilicen criterios racionales?

El Estado puede establecer controles de precios, limitar el crecimiento de los salarios, regular los monopolios, defender al consumidor controlando la publicidad y la calidad de los productos, puede establecer límites a las emisiones contaminantes, planificar la distribución espacial de industrias y, sobre todo, puede reservarse para sí la producción de ciertos bienes y servicios. El Estado se encarga directamente de la producción de bienes de interés estratégico económico o militar o de los bienes públicos, aquellos que, al no poder excluir de su uso al que no pague, no serían ofrecidos en cantidad suficiente por la iniciativa privada. Este es el caso de la defensa nacional, de la enseñanza y de la sanidad, entre otros. El problema reside en que, aunque la empresa privada no lo haga bien, puede ser que el Estado lo haga aún peor.

En todos los países  se acusa a los gobiernos de falta de eficacia en la administración de las empresas públicas. Muchas empresas públicas sufren pérdidas un año tras otro. La explicación es que los gobiernos suelen seguir el principio de la subsidiariedad, encargándose de producciones que no resulten rentables a la empresa privada. Los gobiernos se hacen cargo frecuentemente, para evitar la pérdida de puestos de trabajo, de gestionar empresas que la iniciativa privada haya administrado de forma descuidada hasta dejarlas obsoletas y a punto de cerrar. Resultan muy onerosas la reconversión y adaptación de las industrias a las exigencias de la competencia en una economía cada vez más global. Los gobiernos se suelen encargar de las inversiones necesarias para la reconversión de estas empresas procediendo a privatizarlas una vez que han vuelto a ser rentables.

Las decisiones del Estado las toman los políticos que están en el poder. Todo el mundo encuentra lógico que los consumidores y los empresarios adopten sus decisiones en función de su propio interés, sin embargo se tiende a considerar que los políticos deciden en función del bien común. Eso no ocurre en la realidad. En el mundo real los políticos adoptan sus decisiones en función de sus propios intereses, como todo el mundo. Esto no es una alusión a los políticos corruptos que utilizan su poder para enriquecerse de forma deshonesta; un político absolutamente honrado en un país democrático se esforzará en ser reelegido y en que su partido obtenga más votos. Lo que ocurre es que en los países democráticos donde hay libertad de prensa, los intereses de los políticos suelen coincidir con los intereses de la mayoría de la población.

El análisis económico del comportamiento político es el objeto de una rama especializada de nuestra ciencia: la Elección Social o Public Choice uno de cuyos más destacados líderes y teóricos es Buchanan. Para esta corriente, los sistemas democráticos pueden ser vistos como mercados en los que los partidos políticos son empresas que ofrecen servicios administrativos a la comunidad. En su publicidad dicen qué harán y cómo lo harán. Tratan de captar el mayor número posible de clientes-votantes. Cuando están en posiciones de poder —local, regional o estatal— tratan de satisfacer los deseos del mayor número posible de ciudadanos con el fin de maximizar el número de votos en las siguientes elecciones.

El mercado político presenta unas interesantes peculiaridades. Al parecer en ese mercado existen fuertes economías de escala por lo que hay tendencia a que se reduzca el número de partidos hasta convertirse en un oligopolio o duopolio. El posicionamiento de los partidos políticos con respecto a los problemas sociales se realiza con criterios muy similares a los que utilizan las empresas para establecerse geográficamente cerca de los consumidores.