Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 72 de 25/06/1996

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal, de la notificación del acto consistente en Providencia de Incoación, producido en el expediente sancionador MA-296/95/ET, incoado por esta Delegación por presuntas infracciones a la normativa sobre Espectáculos Taurinos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos de notificación.

PROVIDENCIA

Vista la denuncia que abajo se indica, por supuestas infracciones a la normativa vigente sobre Espectáculos Taurinos:

Denunciante: Funcionarios Unidad de Policía, Grupo II, Cuerpo Nacional de Policía.

Fecha: 14 de agosto de 1995.

Denunciado: Juan García Almada, con DNI 24.639.958. Hecho denunciado: Proceder a la reventa no autorizada de dos entradas correspondientes a la corrida de todos a celebrar en la Plaza de Toros de Málaga en día de la denuncia.

Calificación: Supuesta infracción a los artículos 37.5 del Real Decreto

176/1992, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos, y 67.2 del Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y artículo 15.n de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos.

Posibles sanciones: Con multa de cinco mil pesetas a veinticinco mil pesetas, por cada falta leve cometida, de acuerdo con el art. 17 de la Ley

10/1991, de 4 de abril; de veinticinco mil pesetas a diez millones de pesetas, por cada infracción grave cometida, artículo 18.1.a) de la citada Ley; de diez millones de pesetas a veinticinco millones de pesetas, por cada infracción muy grave, artículo 19.a) de la reiterada Ley 10/1991, de 4 de abril.

En su virtud, y conforme se establece en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos Taurinos, y en aplicación del Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero, por el que se aprueba el vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos, así como a tenor de lo previsto en el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, por el que se regula el Ejercicio de las Competencias transferidas a la Junta de Andalucía en materia de Espectáculos Públicos,

Esta Delegación de Gobernación acuerda: Con esta fecha, la incoación de expediente sancionador contra el presunto infractor, que aparece como denunciado, tramitándose el mismo, con arreglo a lo preceptuado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo

149.3 de la Constitución Española.

Igualmente, y de conformidad con el art. 13.c) del Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora antes citado, se acuerda el nombramiento como Instructor y Secretario de este expediente sancionador, a los funcionarios adscritos a esta Delegación de Gobernación:

Instructor: María José Sosa Lozano.

Secretario: Enrique Ramos Bernabé.

A quienes el denunciado podrá, en su caso, recusar con arreglo al procedimiento establecido en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La competencia para la Resolución de expedientes sancionadores, corresponde al Delegado de Gobernación, para las sanciones de hasta un millón de pesetas, y al Consejero de Gobernación para las sanciones que excedan de esta cantidad; todo ello de conformidad con el artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991, de 4 de abril, y el Decreto 50/1985, de 5 de marzo.

En aplicación de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el artículo 16.1 del mismo cuerpo legal, se pone en conocimiento de todos los interesados en el expediente, que disponen de un plazo de quince días hábiles, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes en su defensa, y en su caso, proponer pruebas, concretando los medios de que intenten valerse.

De este acuerdo de Incoación, y conforme a lo previsto en el art. 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, dése traslado al inculpado, interesados en su caso, y al Instructor del expediente.

Málaga, 6 de septiembre de 1995.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

Descargar PDF