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Vista la denuncia formulada con fecha 2-2-1998, por 223 Comandancia Guardia Civil contra Juan Manuel Pérez Sierra, se observan presuntas infracciones a la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Siendo este órgano competente para la iniciación y resolución de expediente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos; Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la competencia a la Consejería de Gobernación, y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d, de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y al amparo de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
He acordado la iniciación del expediente sancionador, nombrando instructor del mismo a M. Dolores Alvarez Halcón, funcionaria de esta Delegación del Gobierno, contra quien podrá promover recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada la documentación remitida por el denunciante constan los siguientes hechos ocurridos en el término municipal de La Puebla de Cazalla, en Los Arcos (Cafetería), en Avda. Antonio Fuentes, 16:
Indisponibilidad o carencia de aptitud de todos o algunos de los extintores de incendios necesarios, lo que contraviene el contenido del art. 51 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, tipificado como infracción Grave en el art. 23.n) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conducta que puede ser sancionada con una multa desde 50.001 ptas. hasta 5.000.000 de ptas., de conformidad con el art. 28.a) de la mencionada Ley
1/1992.
Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.
En cualquier momento del procedimiento podrá reconocer la responsabilidad de los hechos denunciados con los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora ya citado.
Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el expediente y proponer las pruebas que considere oportunas, advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho en el plazo indicado, el presente Acuerdo de Iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del indicado Reglamento de procedimiento sancionador.
Trasládese al instructor del expediente y notifíquese al interesado.
Sevilla, 27 de febrero de 1998.- El Delegado, José Antonio Viera Chacón.
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