Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 115 de 5/10/2000

2. Autoridades y personal2.1 Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2000, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombra a doña Ana Mercedes Fernández Romero como funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de Intervención en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

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Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva), a favor de doña Ana Mercedes Fernández Romero para que efectúe nombramiento a su favor como funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo de Intervención, y el acuerdo favorable adoptado por la citada Corporación con fecha 12 de septiembre de 2000, y habiendo quedado acreditado que se han observado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional; artículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo

11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Ana Mercedes Fernández Romero, con DNI 28.489.387-T, funcionaria interina para el desempeño del puesto de Intervención del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de septiembre de 2000.- El Director General, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

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