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La Ilma. Sra. Delegada Provincial de Obras Públicas y Transportes en Huelva, con fecha 24 de septiembre de 2002 ha dictado la siguiente Resolución, que se reproduce en su integridad.
Visto el expediente administrativo de desahucio A-31/2001, incoado contra don Luis Martín Andreu, por presunta infracción al régimen legal que regula las Viviendas de Protección Oficial, resultan los siguientes:
H E C H O S
Primero. De acuerdo con el informe remitido por el Excmo. Ayuntamiento de Punta Umbría, con fecha 9.1.2002, se notificó al interesado la incoación del expediente de desahucio, el nombramiento de Instructora y Secretaria, así como el correspondiente pliego de cargos, imputándole como cargo el no ocupar la vivienda de promoción pública sita en la Bda. El Rocío, blq. 5-3.º A, de Punta Umbría.
Segundo. Con fecha 9.1.2002, se notifica al interesado propuesta de resolución elevada al Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, concediéndole un plazo de ocho días hábiles para la presentación de alegaciones que considerara oportunas convenientes para su defensa.
Tercero. Que, en base a las alegaciones formuladas, con fecha
21.6.2002, se realiza nueva visita de inspección de la vivienda, comprobándose que don Luis Martín Andreu y doña Antonia Pozón Garrido, titulares en arrendamiento de la misma, se encuentran en la actualidad ocupando dicha vivienda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En virtud de lo dispuesto en el apartado II, del artículo único del Decreto 86/1984, de 3 de abril, son competentes para resolver los expedientes de desahucio administrativo contra los titulares, ocupantes de viviendas, locales comerciales y edificaciones complementarias de propiedad de la Junta de Andalucía, los Delegados Provinciales de la Consejería de Política Territorial (hoy Consejería de Obras Públicas y Transportes según Decreto 10/1987, de 3 de febrero).
Segundo. De conformidad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 142 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, la Administración a la vista de los hechos podrá acordar el archivo del expediente.
Tercero. Las alegaciones y documentación presentadas hacen que quede desvirtuado suficientemente el hecho que constituye el fundamento del presente expediente administrativo de desahucio.
Esta Delegación Provincial, a la vista de lo anterior y teniendo en cuenta el cumplimiento de las formalidades exigidas en la normativa aplicable, ha resuelto acordar el archivo del expediente administrativo de desahucio A-31/2001. Huelva, 24 de septiembre de 2002.- La Delegada Provincial, Fdo. Rocío Allepuz Garrido.
Mediante este documento le notifico la presente Resolución, según lo exigido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haberse podido practicar en su domicilio.
Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio Arquitectura y Vivienda, Sección de Gestión Patrimonio Público, de esta Delegación Provincial, sita en calle José Nogales, núm., de Huelva, pudiendo acceder al mismo, previa acreditación de su identidad.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de la presente Resolución, y sin perjuicio de que por vd., se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Huelva, 19 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz Garrido.
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