Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 232 de 26/11/2004
2. Autoridades y personal2.1 Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Justicia y Administración Pública
RESOLUCION de 17 de noviembre de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se nombra a don Eduardo Molina Martínez, Interventor General del Ayuntamiento de Sevilla con carácter provisional.
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Vista la petición formulada por don Eduardo Molina Martínez, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría superior, titular de la plaza de Viceintervención del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, así como la conformidad de esta Corporación manifestada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 11 de noviembre de 2004, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de
27 de junio y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a don Eduardo Molina Martínez, con DNI
26.342.459, como Interventor General, con carácter provisional del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.
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