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Vista la petición formulada por doña Sandra María Antón García, funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención, titular del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León (Huelva), en virtud de Resolución de 15 de marzo de 2005, de la Dirección General de Cooperación Local (BOE núm., de 9 de abril), para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala (Huelva), así como la conformidad de esta Corporación manifestada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2005 y del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León (Huelva), de conformidad con lo establecido en el artículo del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo.1.e) del Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Nombrar a doña Sandra María Antón García, con DNI
44.042.455, como Secretaria-Interventora, con carácter provisional del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala (Huelva).
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Sevilla, 13 de abril de 2005.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.
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