Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 81 de 25/04/2007

Las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) han convocado una huelga con motivo del cierre patronal de la Empresa

Delphi Automotive Systems España, que afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados públicos de las empresas y organismos establecidos dentro del ámbito geográfico comprendido por los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Rota, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, San José del Valle, Puerto Real, San Fernando, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Paterna de la Rivera, Medina Sidonia y Trebujena, y que tendrá lugar durante la jornada del día 18 de abril de 2007, y su duración será de 24 horas.

La Constitución en su artículo 28.2 reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, resultando incuestionable que también los funcionarios públicos están legitimados para ejercer aquel derecho fundamental.

Pero el mencionado artículo 28 de la Constitución es muy claro en el sentido de que la Ley ha de establecer las garantías precisas para asegurar en caso de huelga, el mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad, los cuales, como ha señalado el Tribunal Constitucional, son prioritarios respecto del derecho de huelga, hacen referencia y conectan con los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos y en su establecimiento debe existir y primar una "razonable proporción" entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquellos (TC 43/1190 por todas).

En atención a los criterios anteriores, esta Consejería ha considerado como servicios esenciales a prestar con carácter de mínimos durante la jornada de la Huelga del 18 de abril de 2007 los servicios mínimos que se mencionan en el Anexo I, por cuanto una total paralización del mismo puede afectar al derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos en los órganos judiciales y en el resto de los servicios de la Administración de Justicia, ya que de otro modo se podría infringir un perjuicio irreparable para los derechos e intereses de los ciudadanos, bien por hacer imposible con carácter irreversible su protección jurisdiccional, bien por generar una situación contraria al principio de seguridad jurídica en las actuaciones de los ciudadanos ante los Tribunales, y además porque en ambos casos se produciría la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 24 de la Constitución Española. Dicho servicio se llevará a cabo por el personal funcionario que se establece en el Anexo II a la presente.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Constitución Española; Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981 y de 15 de marzo de 1999, en uso de las facultades que me confieren las Disposiciones Legales vigentes,

RESUELVO

1. Establecer como servicios esenciales para la Comunidad a prestar con carácter de mínimos en la jornada de Huelga fijada para el 18 de abril de 2007 los que figuran en el Anexo I de la presente Resolución, y que serán prestados por el personal funcionario destinado en los centro de trabajo de las localidades comprendidas en el ámbito geográfico afectado por la huelga, que se fijan en el Anexo II.

2. La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de la huelga.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Viceconsejero, Mariano Marín Patón.

ANEXO I

Se consideran servicios esenciales los siguientes:

- Actuaciones de Registro Civil.

- Registro de documentos.

- Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento puede suponer pérdida o perjuicio de derechos.

- Medidas cautelares o provisionales.

- Servicios de Juzgados de Guardia.

ANEXO II

Un funcionario para la realización de las funciones de registro de documentos en todos los órdenes jurisdiccionales donde esté previsto este servicio, y en particular un funcionario en la Audiencia Provincial, un funcionario en las Audiencias Provinciales, en los Decanatos y Servicios Comunes de Partido Judicial.

Un médico Forense en cada una de las sedes del IML.

En los órganos judiciales donde estuviera prevista la celebración de vista oral, un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Por último, un funcionario para los servicios de guardia que lo estén en las horas del paro.

De los Servicios anteriormente señalados se dará cuenta a los distintos órganos judiciales a fin de que quede garantizado, por un lado el ejercicio constitucional que tienen los funcionarios públicos de ejercer el derecho de huelga y por otro la obligación que tiene la Administración por el ordenamiento jurídico a establecer las garantías necesarias que hagan posible el funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad.

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