Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 242 de 17/12/2020

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento, el día 19 de noviembre de 2020, en el transcurso de la sesión celebrada los días 18 y 19 del mismo mes y año, ha aprobado las Resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Industria y Energía sobre el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2018, 11-20/ICG-000001, cuyos textos se insertan a continuación:

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

a) Mejorar la metodología de las auditorías de presupuesto y género desarrolladas por la Dirección General de Presupuestos, en especial, impulsando una mejor definición de los indicadores de género, desarrollando, asimismo, el funcionamiento de la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, aprobando las correspondientes normas internas.

b) Actualizar la normativa sobre el uso de los sistemas informáticos y de redes comunicación de la Junta de Andalucía, para adecuarla a la regulación general vigente en 2020. Deben mejorar los procesos y actuaciones que afectan a la ciberseguridad y a la protección de datos, especialmente en los organismos responsables de la Política de Seguridad, avanzando en el análisis de riesgos, homogeneizando criterios, y en los procesos de certificación ENS de los sistemas de la Junta de Andalucía, impulsando así mismo la aplicación efectiva del Plan de Acción 2019-2020.

c) Elaborar un proyecto de ley que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados que permita la mejora de la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, definiendo las actividades, objetivos e indicadores de cada uno de ellos.

d) Permitir la convergencia de los sistemas y procedimientos de la Junta de Andalucía para posibilitar la implantación de un Registro Contable de Facturas que incluya todas las entidades que puedan encuadrarse dentro del sector público, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Continuar con las medidas que, conforme indica la propia Cámara de Cuentas, han permitido la disminución de los saldos de libramientos pendientes de justificar, así como la adopción de actuaciones tendentes a propiciar el cumplimiento de las obligaciones de justificación y su comprobación definitiva, estableciendo, en su caso, medidas de depuración de los saldos, de tal forma que figuren registrados los que supongan un derecho real a favor de la Hacienda Pública. Se pide, además, actuar con la debida transparencia en la aplicación del Decreto Ley 1/2020, de la Junta de Andalucía.

f) Aprobar las normas precisas para determinar y justificar las cuentas extrapresupuestarias que deban conformar los apartados de operaciones no presupuestarias del remanente de tesorería de la Junta de Andalucía y de su agencias administrativas y sus agencias de régimen especial, para permitir un cálculo y un contenido normalizado, fiable y razonado, facilitando su depuración, regularización e imputación definitiva al presupuesto.

g) Contabilizar como parte de un servicio diferenciado los gastos financiados con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

h) Disponer de las medidas oportunas para completar, en lo posible, el contenido de la Cuenta General, conforme lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública, de forma que se facilite la comprensión de la información de carácter financiero de las cuentas anuales y del resto de la Cuenta General.

i) Analizar previamente a la adopción de cualquier medida relacionada con los gastos, en particular en supuestos de modificaciones presupuestarias, así como con la reducción de ingresos, para de esta forma asegurar en lo posible el cumplimiento de las obligaciones de sostenibilidad y equilibrio financiero y de programación plurianual de las previsiones presupuestarias.

j) En lo que toca a entidades públicas empresariales, articular procedimientos para que sus entidades dependientes conozcan y cumplan con la obligación de comunicar sus participaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada.

k) Continuar con el proceso de análisis de adscripción, incluyendo, en su caso, modificaciones de los correspondientes estatutos de fundaciones públicas y consorcios.

l) Cumplir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en materia de la Cuenta General de la Junta de Andalucía.

2. El Parlamento de Andalucía considera lesivo para el interés general de los andaluces la falta de atención del Gobierno andaluz durante el ejercicio 2018 a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y mandatos aprobados por el Parlamento de Andalucía, tal y como queda constatado en el informe de fiscalización de referencia, especialmente en los apartados 8 y 9, relativos al «seguimiento de las recomendaciones del informe anterior» y de «las resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía».

3. El Parlamento de Andalucía considera perjudicial para la igualdad de género en Andalucía el incumplimiento del Ejecutivo andaluz del artículo 7 de la Ley 12/2007, de 19 de diciembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, al no encontrarse vigente ningún Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el ejercicio 2018, como tampoco existían los planes de igualdad en todas las consejerías a los que se refiere el apartado 2 del citado artículo.

4. El Parlamento de Andalucía considera gravemente perjudicial que, si bien en 2018 han disminuido un 31,58% los libramientos pendientes de justificar respecto a 2017 en la Junta de Andalucía, en las agencias se han incrementado un 224,37%. Por este motivo, el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a continuar adoptando medidas que permitan la disminución de dichos saldos, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

a) Impulsar los cambios normativos necesarios que permitan avanzar en el correcto cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el informe de fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2018 emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como a implementar las resoluciones aprobadas por el Pleno de este Parlamento, dado que, tal y como constata este informe, el anterior Gobierno andaluz ni cumplió las recomendaciones de informes anteriores ni implementó las resoluciones aprobadas, por lo que nunca se solventaron incidencias que se repitieron ejercicio tras ejercicio.

b) Aprobar una nueva normativa sobre concienciación del personal en el uso de los sistemas informáticos y redes de comunicación de la Junta de Andalucía, ya que la vigente data de 2004, anterior a la normativa actual en la materia. Sería necesario proveer a todos los organismos de Política de Seguridad, Comité de Seguridad y Responsable de Seguridad; asimismo, avanzar en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso de certificación ENS de los sistemas de los organismos y entidades de la Junta de Andalucía.

c) Elaborar una norma autonómica que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.

d) Continuar con la depuración de los saldos de derechos pendientes de cobro, que a finales del ejercicio 2018 supusieron 2.948,87 millones de euros, con especial atención a aquellos de mayor antigüedad (816,90 millones de euros datan de ejercicios anteriores a 2014), de manera que los que figuren registrados supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

e) Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada, completándose la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo.

f) Aumentar el grado de ejecución de los remanentes de crédito que son objeto de incorporación por tener una financiación afectada, a fin de agilizar la gestión presupuestaria de los gastos con ingresos afectados.

g) Realizar una adecuada valoración del eventual impacto que las modificaciones presupuestarias puedan tener en los objetivos de gasto programados, tal como establece el artículo 51.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

h) En aras de dotar al registro de cuentas de la Junta de Andalucía de una mayor fiabilidad y eficacia para el control de la tesorería, adoptar mecanismos para la actualización y depuración de dicho registro.

i) Adoptar mecanismos para la depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto de los saldos de operaciones extrapresupuestarias.

j) Implementar las medidas normativas y mejoras de procedimientos pertinentes en materia de recuperación de cantidades derivadas de los quebrantos de avales, en los distintos órganos implicados y particularmente en la Agencia IDEA.

k) Realizar campañas de promoción y difusión de los programas, de forma que permitan a los potenciales proyectos conocer el posicionamiento, las ventajas y características del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FEyDE), con el fin de hacerlo realmente competitivo y atractivo, y que ello se perciba claramente. Asimismo, se considera necesario implementar, lo antes posible, el cuadro normativo que permita adoptar medidas conducentes a la mejora de la eficacia y eficiencia del FEyDE y, en definitiva, establecer un mayor acceso de las empresas andaluzas a los mecanismos de financiación ofertados.

l) Recomendar a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y en particular a la Dirección General de Patrimonio, en cuanto al deber que le corresponde de conocer y exigir de sus entidades dependientes el cumplimiento riguroso de la normativa que obliga a comunicar las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada, y con ello permitir salvar las dificultades para conocer o determinar la dimensión de este ámbito y estimar el valor patrimonial que representa para la Junta de Andalucía.

m) Continuar con el análisis de la Intervención General de la Junta de Andalucía para determinar las fundaciones que cumplen los criterios de adscripción a una Administración pública que establece la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

n) Impulsar desde la Junta de Andalucía la modificación de los estatutos de aquellos consorcios en los que tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un régimen jurídico (presupuestario, contable, de patrimonio, personal y control) distinto. Asimismo, la creación del censo de entidades al que alude la disposición adicional vigésima de la Ley 5/2017 supondría determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta de Andalucía.

ñ) Elaborar una orden de contabilidad cuyo ámbito se extienda a los consorcios.

o) Trasladar la obligatoriedad y establecer medidas de penalización, para que la información presupuestaria y las cuentas anuales de todas las entidades que forman parte del sector público andaluz sean presentadas en plazo y de una manera homogénea. Es imposible concebir la transparencia de la Administración si existen partes del propio sector público que no facilitan la información correspondiente.

6. El Parlamento manifiesta su apoyo a la voluntad expresada por la Cámara de Cuentas de Andalucía de acelerar los plazos para la rendición de la Cuenta General, y se muestra dispuesto a emprender las modificaciones necesarias en la legislación vigente.

7. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

a) Que impulse los cambios normativos necesarios para que la Cuenta General de cada año se forme antes del 10 de julio del siguiente y se remita al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación, antes del 31 de julio.

b) Revisar la Orden de 9 de junio de 2016 para adaptarla, en caso necesario, a la situación actual y adoptar aquellas medidas que permitan la elaboración y aprobación de las resoluciones y los documentos técnicos de todas las materias relacionadas en la misma.

c) Culminar con el proceso de revisión y aprobación de una nueva normativa sobre concienciación del personal en el uso de los sistemas informáticos y redes de comunicación de la Junta de Andalucía, acorde con la legislación vigente.

d) Adoptar medidas permanentes, e independientes de los cambios de estructura, que permita la mejora de aquellos procesos y medidas que presentan carencias, en lo referido al cumplimiento y organización de la seguridad. Especialmente, sería necesario proveer a todos los organismos de Política de Seguridad, Comité de Seguridad y Responsable de Seguridad; asimismo, avanzar en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso de certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de los sistemas de los organismos y entidades de la Junta de Andalucía, impulsando la aplicación efectiva del Plan de Acción 2019-2020, de adecuación al ENS.

e) Que adopte medidas en lo referente a ciberseguridad y protección de datos, que permitan acortar en lo posible el ciclo de resolución de los incidentes significativos por parte de las distintas entidades, reforzando la estructura y medios disponibles, que permitan la mejora y agilización del proceso de gestión de incidentes, así como avanzar en la coordinación para la resolución de incidentes.

f) Que determine criterios homogéneos para que la designación del delegado de Protección de Datos cumpla con los requisitos definidos en el RGPD (Reglamento  UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de datos).

g) Que se cumpla el tratamiento previsto en el artículo 30 del RGPD, de forma homogeneizada, entre las entidades instrumentales del sector público.

h) Que fije criterios comunes que permitan homogeneizar la procedencia de la realización de análisis de riesgo, referido en los artículos 24.1 y 25.1 del RGPD, así como su alcance y metodología.

i) Estandarizar el procedimiento y las pautas a seguir por parte de las entidades para evaluar la eficacia de las medidas técnicas y organizativas en relación con la protección de datos.

j) Que articule los mecanismos necesarios para que se cumpla con los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados, de conformidad con la legislación vigente.

k) Seguir adoptando las medidas necesarias que permitan la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, propiciando el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

l) Depurar los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores (a fin del ejercicio 2018, en la Junta de Andalucía ascienden a 2.948,87 M€), de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

m) Que establezca de forma clara el criterio de dotación de provisiones, incorporando para determinados casos el criterio de antigüedad junto con el de recaudación, así como que el cálculo de dicha provisión se efectúe de forma automática en el sistema informático y no de forma manual.

n) Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada, completándose la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo.

ñ) Continuar con el análisis sobre la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores incluidos en las fichas de programa presupuestario, así como la implementación de las medidas que, a tal efecto, hayan sido adoptadas, de manera que los indicadores permitan evaluar la repercusión que sobre los objetivos pueden tener las modificaciones presupuestarias.

o) Exigir de los órganos gestores un esfuerzo en la gestión de estos créditos incorporados del ejercicio anterior, teniendo en cuenta que se trataba de créditos financiados con fondos finalistas.

p) Ahondar en una mayor fiabilidad y eficacia en el control de la tesorería, para lo que se considera necesario la culminación del proceso de actualización y depuración de dicho registro lo antes posible, toda vez que la causa fundamental de las incoherencias y debilidades observadas tiene su origen en la implantación en el año 2015 del sistema GIRO, habiendo transcurrido un plazo razonable desde la finalización de este proceso.

q) Atendiendo a una mejora en la transparencia de las cuentas claras de la Junta de Andalucía, adoptar mecanismos para depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto de aquellas cuentas con saldos que no han tenido movimiento y de partidas de aplicación contabilizadas en operaciones extrapresupuestarias de significativa antigüedad.

r) Continuar con los procedimientos de ejecución de cuantos derechos le sean inherentes a la Agencia IDEA, así como a la materialización de las garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de la operación avalada, que según la normativa debería ser suficiente para cubrir el riesgo asumido por la entidad. También a adoptar, por parte de los distintos órganos implicados, todas las medidas normativas y las mejoras de procedimientos pertinentes en materia de recuperación de cantidades derivadas de los quebrantos de avales. Asimismo, se considera necesaria la implantación de la totalidad de las medidas y mecanismos de coordinación previstos, con el fin de evitar las discrepancias en las líneas de actuación a seguir por los diferentes órganos gestores.

s) Exigir de sus entidades dependientes el cumplimiento riguroso de la normativa que obliga a comunicar las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada, y con ello permitir salvar las dificultades para conocer o determinar la dimensión de este ámbito y estimar el valor patrimonial que representa para la Junta de Andalucía.

t) Modificar los estatutos de aquellos consorcios en los que tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un régimen jurídico distinto. De igual modo, la creación del censo de entidades al que alude la disposición adicional vigésima de la Ley 5/2017 supondría determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta de Andalucía. Todo ello a la espera del resultado definitivo de las auditorías externas licitadas por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

a) Revisar la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional y que permita la cuantificación de las previsiones de forma realista y soportada, así como que su seguimiento permita la medición tanto de la eficacia como de la economía. Asimismo, se hace preciso definir de forma más precisa las actividades, los objetivos y los indicadores, de forma que existiera una clara correlación entre ellos y que la cuantificación de las previsiones se realizara de forma realista y soportada.

b) Impulsar los trabajos necesarios para alcanzar la convergencia en los sistemas y procedimientos de recursos de la Junta de Andalucía, con el fin de que se pueda implantar lo antes posible y de forma efectiva un Registro Contable de Facturas que incluya a todas las entidades que integran el sector público y que legalmente tengan la consideración de Administración Pública a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Aprobar una norma que determine y justifique las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del remanente de tesorería de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, en consonancia con lo establecido para la Administración General del Estado y para las entidades locales en sus planes e instrucciones de contabilidad, con el fin de que el contenido y cálculo de la mencionada magnitud sea normalizado, fiable y razonado.

d) Contabilizar en un servicio diferenciado los gastos financiados con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

e) Revisar la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General en aras de evitar la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General rendida, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma. En tal sentido, la mayor parte de la información que se contiene en los distintos estados que forman actualmente parte de la Cuenta General están previstos en la Memoria del PGCP-2010, por lo que los estados que pudieran integrar la Cuenta General deberían ser fundamentalmente los contemplados en el citado plan, teniendo en cuenta que éste se configura como marco para todas las administraciones públicas. Todo ello facilitaría, además, la elaboración y aplicación de unas normas sobre consolidación.

9. El Parlamento de Andalucía, en aras a promover una mejor Administración pública autonómica, más eficaz, eficiente y transparente, insta al nuevo Consejo de Gobierno a seguir impulsando los cambios normativos necesarios que permitan avanzar en el correcto cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2018 emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como a implementar las resoluciones aprobadas por el Pleno de este Parlamento, dado que, tal y como constata este Informe de 2018, el anterior Gobierno socialista andaluz ni cumplió las recomendaciones de informes anteriores, ni implementó las resoluciones aprobadas, por lo que nunca se han solventado las incidencias que se han venido repitiendo ejercicio tras ejercicio.

10. El Parlamento de Andalucía considera muy perjudicial para la posición financiera y la imagen de la comunidad autónoma la total falta de observancia de los preceptos constitucionales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera durante el ejercicio 2018 por parte del anterior Gobierno socialista, dado que ha quedado certificado que fue la única comunidad que incumplió la totalidad de los objetivos (deuda, déficit y regla de gasto), e insta al nuevo Consejo de Gobierno a gestionar las finanzas públicas desde el rigor y la responsabilidad, con la finalidad de sanear las cuentas públicas y restablecer la buena imagen de Andalucía.

11. El Parlamento de Andalucía certifica, tras las evidencias recogidas en el Informe de Fiscalización, que el anterior Gobierno socialista andaluz ha venido incumpliendo de manera sucesiva el artículo 3.3 de la Ley 12/2007, de 19 de diciembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, al no guardar una representación equilibrada en la presencia de hombres y mujeres de los órganos de dirección, tal y como se constata en el punto 20.40 del Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, así como el artículo 7 de dicha ley, al no tener vigente ningún Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, tal y como se constata en el apartado 11.2  del informe de referencia, por lo que se insta al Consejo de Gobierno a adoptar las medidas oportunas para cumplir con las disposiciones legales.

12. El Parlamento de Andalucía considera gravemente perjudicial para la lucha contra la violencia de género en Andalucía y la asistencia a víctimas la falta de ejecución por parte del anterior Gobierno socialista del programa 31T para dicha finalidad, ya que, pese a disponer inicialmente de un presupuesto de 4,2 millones de euros, finalmente sólo se han ejecutado 1,27 millones, tal y como se evidenciaba tanto en la Cuenta General de 2016, 2017, y 2018 como en el informe de Fiscalización de referencia, e insta al Consejo de Gobierno a mejorar la presupuestación de este programa, a fin de no generar las falsas expectativas que se han evidenciado durante el Gobierno socialista.

13. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

a) Atender las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en el área de ciberseguridad y protección de datos, con la finalidad de mejorar la adaptación a lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica (ENS).

b) Aprobar, en el ámbito de la regulación contable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una normativa que desarrolle el procedimiento de consolidación para la totalidad de los entes integrantes del sector público andaluz.

c) Ante el elevado volumen y antigüedad de los saldos de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo anteriores a 2018, como constata el informe de referencia, que ascienden a 1.493 millones en consejerías y agencias, continuar adoptando medidas que permitan la disminución de dichos saldos, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

d) Mejorar las actuaciones de depuración de los saldos de derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a fin de ejercicio 2018 –en la Junta de Andalucía ascienden a 2.948 millones de euros–, de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

e) Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada, complementándose la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo.

f) Continuar con el análisis sobre la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores incluidos en las fichas de programa, así como la implementación de las medidas que, a tal efecto, hayan sido adoptadas, de manera que los indicadores permitan evaluar la repercusión que sobre los objetivos pueden tener las modificaciones presupuestarias.

g) Incrementar el grado de ejecución de los remanentes de crédito que se incorporan al presupuesto, agilizando la gestión presupuestaria de los gastos con ingresos afectados, teniendo en consideración además que una parte de dichos créditos se financian con ingresos finalistas procedentes de otras administraciones, para los que existe un plazo máximo para su ejecución y, en su defecto, la pérdida de dichos recursos, tal y como ha sucedido en los fondos finalistas del Estado para Formación para el Empleo, tras la decisión de la anterior presidenta de la Junta de Andalucía de mantener paralizada dicha política, tal y como se recoge en el Informe de Fiscalización de referencia.

h) Con el fin de dotar al registro de cuentas de la Junta de Andalucía de una mayor fiabilidad y eficacia para el control de la tesorería, culminar el proceso de actualización y depuración de dicho registro, toda vez que la causa fundamental de las incoherencias y debilidades observadas tiene su origen en la implantación en el año 2015 del sistema GIRO, habiendo transcurrido un plazo razonable desde la finalización de este proceso.

i) Maximizar las actuaciones financiadas con ingresos finalistas obtenidos por la recaudación del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad autónoma, regulado en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que alcanzaba, al cierre de 2018, 582 millones de euros, tal y como constata el informe de fiscalización de referencia, con la finalidad de ejecutar las inversiones de depuración y dar cumplimiento en la Ley de Aguas para Andalucía, y al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010.

j) Establecer las oportunas medidas normativas y mejorar los procedimientos en materia de recuperación de cantidades derivadas de los quebrantos de avales, con la finalidad de recuperar dichos recursos públicos, dado que, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, los distintos órganos implicados durante 2018 no han adoptado medidas a tal fin, pese a las resoluciones aprobadas por este Parlamento, tal y como constata el informe de referencia.

14. El Parlamento de Andalucía considera gravemente perjudicial para la mejora de la empleabilidad y la igualdad de oportunidades en Andalucía el bloqueo mantenido, también durante el ejercicio 2018, por orden de la entonces presidenta de Andalucía, en las políticas de empleo, y especialmente en las de Formación Profesional, circunstancias que han quedado evidenciadas tanto en la Cuenta General de 2018 como en el Informe de Fiscalización de referencia, donde se muestra una ejecución de sólo el 43,89% del presupuesto definitivo del Servicio Andaluz de Empleo (dejando sin ejecución 441 millones de euros), y de apenas un 27% en el programa 32D de Formación Profesional (dejando sin ejecutar 222 millones), circunstancias que han dejado fuera de estas políticas públicas a los colectivos más vulnerables y que han supuesto una pérdida de financiación de los fondos estatales finalistas.

15. El Parlamento de Andalucía considera muy negativo el fracaso de la política de avales a empresas llevada a cabo por el Gobierno socialista andaluz, dado el alto índice de ejecuciones de aval por fallidos y el mantenimiento de importes ejecutados en 2018 en la Agencia IDEA, y que ha supuesto un quebranto adicional de fondos públicos en dicho ejercicio por valor de 0,51 millones de euros, tal y como constata el Informe de Fiscalización de referencia, e insta al Consejo de Gobierno a que ponga en funcionamiento una revisión de los procedimientos de análisis técnicos que efectúa para el otorgamiento de estas garantías, de manera que se incida de manera más estricta sobre el análisis empresarial de la viabilidad e idoneidad de los proyectos y ello redunde en una disminución de las ejecuciones de aval por fallidos, especialmente en la Agencia IDEA, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en resoluciones que se refieren a la fiscalización de la correspondiente Cuenta General de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, pero que ha sido ignorado por el Consejo de Gobierno socialista, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

16. El Parlamento de Andalucía considera gravemente lesivo para los andaluces que únicamente se haya conseguido en el ejercicio el reintegro de 280.000 euros de avales ejecutados, acumulando más de 119,18 millones de euros por avales ejecutados pendiente de cobro (350.000 euros más que los existentes al cierre de 2017), tal y como constata el Informe de Fiscalización de referencia; por todo ello, se insta al Consejo de Gobierno a aumentar el nivel de cobro en relación a los importes atendidos por ejecuciones de avales mediante el replanteo de los procedimientos de reclamación ante empresas cuyas operaciones de crédito devinieron impagadas, ejecutando cuantos derechos sean inherentes a Administración o Agencia, compensando pagos a realizar con la empresa o haciendo uso de beneficios de excusión, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento mediante resoluciones que se refieren a la fiscalización de la correspondiente Cuenta General de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 pero que ha sido ignorado por el Consejo de Gobierno, tal y como constata el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

17. El Parlamento de Andalucía insta al nuevo Consejo de Gobierno para que determine la población de entidades minoritariamente participadas, directa o indirectamente por la Junta de Andalucía, así como a elaborar y facilitar la información relativa a porcentajes y valores de dichas participaciones, las condiciones y modificaciones habidas durante el ejercicio; requiriendo a sus entidades dependientes el cumplimiento de la normativa que les obliga a comunicar y a solicitar autorización para llevar a cabo los cambios de participaciones en cualquier tipo de entidad, pública o privada, y publicando, mandato que ha sido aprobado por este Parlamento en resolución que se refiere a la fiscalización de la correspondiente Cuenta General de 2015, 2016, 2017 pero que ha sido ignorado por el anterior Consejo de Gobierno socialista, constatándose nuevamente el incumplimiento en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- El Letrado Mayor, Ángel Marrero García-Rojo.

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