Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 204 de 22/10/2021

3. Otras disposiciones

Parlamento de Andalucía

Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Financiación Europea sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019.

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PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento, el día 29 de septiembre de 2021, en el transcurso de la sesión celebrada los días 29 y 30 del mismo mes y año, ha aprobado las resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019, cuyos textos se insertan a continuación:

1. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a proveer a todos los organismos de una Política de Seguridad, Comité de Seguridad y Responsable de Seguridad, y a continuar avanzando en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso de certificación ENS (Esquema Nacional de Seguridad) de los sistemas de los organismos y entidades de la Junta de Andalucía.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a seguir mejorando el proceso de actualización de la clasificación de los programas presupuestarios según la Escala G+, así como la definición de los objetivos y de los indicadores de género, de forma que éstos sean precisos y claros y no se limiten a desagregar por sexo.

3. El Parlamento de Andalucía valora positivamente las medidas adoptadas para la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, reducidos en 2019 en más de 290 millones de euros, un 22,87% menos, respecto al ejercicio 2018. Los relativos al ejercicio corriente se situaron en 11,33 millones de euros y los de ejercicios cerrados en 974,67 millones de euros, lo que ha supuesto un 88,74% y 17,24% menos que en el ejercicio anterior, respectivamente. Por ello, se insta al Consejo de Gobierno a continuar con la labor de reducción de saldos de libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Aprobar una norma que determine y justifique las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del Remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía, sus Agencias Administrativas y Agencias de Régimen Especial, en consonancia con lo establecido para la Administración General del Estado y para las Entidades Locales en sus planes e instrucciones de contabilidad, con el fin de que el contenido y cálculo de la mencionada magnitud sea normalizado, fiable y razonado.

2.º Mejorar los módulos de seguimiento contable de los gastos con financiación afectada, completándose la información con la correspondiente al endeudamiento a largo plazo.

3.º Revisar la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General, con el fin de evitar la dispersión y atomización de la información, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma.

5. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a, en aras de dotar al registro de cuentas de la Junta de Andalucía de una mayor fiabilidad y eficacia para el control de la tesorería, adoptar mecanismos para la actualización y depuración de dicho registro.

6. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a recordar a la Consejería competente en materia de Hacienda y, en particular, a la Dirección General de Patrimonio el deber que les corresponde de conocer y exigir de sus entidades dependientes el cumplimiento riguroso de la normativa que obliga a comunicar las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada, y con ello permitir salvar las dificultades para conocer o determinar la dimensión de este ámbito y estimar el valor patrimonial que representa para la Junta de Andalucía.

7. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a la voluntad expresada por la Cámara de Cuentas de Andalucía de trasladar la obligatoriedad y establecer medidas de penalización, para que la información presupuestaria y las cuentas anuales de todas las entidades que forman parte del sector público andaluz sean presentadas en plazo y de una manera homogénea. Es imposible concebir la transparencia de la Administración si existen partes del propio sector público que no facilitan la información correspondiente.

8. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Revisar, mejorar y completar la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

2.º Adoptar medidas permanentes e independientes de los cambios de estructura, que permitiese la mejora de aquellos procesos y medidas que presentan carencias y redunden en la mejora de los valores del índice de madurez, índice de cumplimiento e indicador de organización de la seguridad. Especialmente sería necesario proveer a todos los organismos de Política de Seguridad, Comité de Seguridad y Responsable de Seguridad; asimismo, avanzar en la madurez de procesos tales como el análisis de riesgos y el proceso de certificación ENS de los sistemas de los organismos y entidades de la Junta de Andalucía. En este sentido, dado el bajo grado de ejecución de los hitos del plan de acción 2019-2020 de adecuación al ENS, sería conveniente impulsar la aplicación efectiva del mismo.

3.º Mejorar la coordinación y conciliación de distintas fuentes de información sobre seguridad, tal como la herramienta INES y la que se emplea para realizar el seguimiento del plan de adecuación al ENS, para que la información al respecto no presente incoherencias entre ellas y sea confiable y precisa.

4.º Continuar con la adopción de medidas que permitan la elaboración y aprobación de las resoluciones y los documentos técnicos referidos a todos los ámbitos de materias relacionadas en la Orden de 9 de junio de 2016.

5.º Seguir llevando a cabo medidas que permitan continuar acortando en lo posible el ciclo de resolución de los incidentes significativos por parte de las distintas entidades. Para ello, resultaría necesario reforzar la estructura y medios disponibles, mejorar y agilizar el proceso de gestión de incidentes, así como avanzar en la coordinación para la resolución de incidentes.

6.º Adoptar las medidas pertinentes que permitan establecer unos criterios homogéneos para el nombramiento del DPD de los distintos organismos y determinar que esta designación cumple con los criterios definidos en el RGPD.

7.º Realizar actuaciones que permitan homogeneizar el tratamiento del registro de actividades previsto en el artículo 30 del RGPD.

8.º Fijar unos criterios comunes que permitan homogeneizar la procedencia de la realización de análisis de riesgo, referido en los artículos 24.1 y 25.1 del RGPD, así como su alcance y metodología.

9.º Delimitar criterios que permitan clarificar la pertinencia de la realización de las evaluaciones de impacto.

10.º Homogeneizar el procedimiento y las pautas a seguir por parte de las entidades para evaluar la eficacia de las medidas técnicas y organizativas en relación con la protección de datos.

11.º Impulsar los trabajos necesarios para alcanzar la convergencia en los sistemas y procedimiento de recursos de la Junta de Andalucía, con el fin de que se pueda implantar lo antes posible y de forma efectiva un Registro Contable de Facturas que incluya a todas las entidades que integran el sector público y que legalmente tengan la consideración de Administración Pública a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.

12.º Continuar adoptando medidas que permitan la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados.

9. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que, en consonancia con lo establecido para la Administración general del Estado y para las entidades locales en sus planes e instrucciones de contabilidad, se justifiquen las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del Remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía, sus AAAA y ARES, con fin de que el contenido y cálculo de la mencionada magnitud sea normalizado, fiable y razonado.

10. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Mejorar los módulos de seguimiento de los gastos con financiación afectada, en especial aquellos derivados del endeudamiento a largo plazo, teniendo en cuenta el carácter afectado de parte de esta fuente de financiación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la LOFCA y el artículo 66 del TRLGHP.

2.º Revisar la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General en aras de evitar la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General rendida, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma. En tal sentido, la mayor parte de la información que se contiene en los distintos estados que forman actualmente parte de la Cuenta General están previstos en la Memoria del PGCP-2010, por lo que los estados que pudieran integrar la Cuenta General deberían ser fundamentalmente los contemplados en el citado plan, teniendo en cuenta que éste se configura como marco para todas las administraciones públicas. Todo ello facilitaría además la elaboración y aplicación de unas normas sobre consolidación.

3.º Completar el contenido de la memoria según lo previsto en el PGCF.

4.º Mejorar e impulsar la gestión de los créditos incorporados del ejercicio anterior, dada su baja ejecución en el ejercicio 2019, teniendo en cuenta que se trata de créditos financiados con fondos finalistas.

5.º Culminar el proceso de actualización y depuración del fichero de cuentas de tesorería lo antes posible, toda vez que la causa fundamental de las incoherencias y debilidades observadas tiene su origen en la implantación en el año 2015 del sistema GIRO, habiendo transcurrido un plazo razonable desde la finalización de este proceso.

6.º Adoptar un plan que establezca los mecanismos necesarios para el impulso y seguimiento de los trabajos de depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto de todas estas incidencias, de forma sistemática y diligente.

7.º Elaborar, por parte de la entidad gestora del FEyDE, una guía de carácter general que detalle todas las opciones de financiación que el Fondo ofrece, los objetivos y destinatarios a las que van dirigidas, y los instrumentos financieros creados para tal fin. Asimismo, y con el propósito de un mayor conocimiento de la capacidad de actuación del FEyDE por parte de las distintas consejerías, celebrar jornadas formativas y la elaboración de documentación y manuales específicos para las áreas competenciales afectadas.

11. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que la Consejería competente en materia de Hacienda, y en particular la Dirección General de Patrimonio, deben conocer y exigir de sus entidades dependientes el cumplimiento riguroso de la normativa que obliga a comunicar las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada, y con ello permitir salvar las dificultades para conocer o determinar la dimensión de este ámbito y estimar el valor patrimonial que representa para la Junta de Andalucía.

12. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a depurar los saldos que figuran en el Mayor de Gastos y que corresponden a entidades extinguidas.

13. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a, en el caso del SAE, aprobar el plan de acción anual, tal como disponen los estatutos de esta agencia.

14. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a aplicar obligatoriamente las recomendaciones económicas y financieras llevadas a cabo por el órgano responsable del control externo del sector público de Andalucía en cada uno de los Informes de Fiscalización.

15. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a mejorar y completar la información económica del Portal de Transparencia, con el objetivo de dar una información más completa al conjunto de la ciudadanía.

16. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a la puesta en marcha el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, según establece el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género en Andalucía.

17. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a que se tomen las medidas oportunas para que las distintas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles envíen en tiempo y forma la remisión de la documentación para la formulación de la Cuenta General.

18. Igualmente, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:

1.º Llevar a cabo los trabajos necesarios para implantar el Registro Contable de Facturas, que incluya a todas las entidades que integran el sector público y que legalmente tengan la consideración de Administración Pública, a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público.

2.º Adoptar medidas que permitan la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, así como depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

3.º Aprobar una norma que determine y justifique las cuentas de extrapresupuestaria que deban conformar los apartados relativos a operaciones no presupuestarias del Remanente de Tesorería.

4.º Mejorar los módulos de seguimiento de los gastos con financiación afectada.

5.º Revisar la normativa reguladora del contenido de la Cuenta General, en aras de evitar la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General rendida, así como de favorecer la armonización y homogenización de la misma.

6.º Realizar una evaluación de la estimación de los efectos o impacto de la pandemia COVID-19 sobre la actividad de la Junta de Andalucía, de forma que los estados financieros proporcionen información adecuada y específica sobre tal impacto.

7.º Analizar en profundidad la repercusión de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra circunstancia que se produzca a lo largo del ejercicio presupuestario, y mejorar la gestión de los créditos incorporados del ejercicio anterior.

8.º Elaborar, por parte de la entidad gestora del FEyDE, una guía de carácter general que detalle todas las opciones de financiación, los objetivos y destinatarios a las que van dirigidas, y los instrumentos financieros creados para tal fin.

19. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que la Consejería de Hacienda conozca y exija de sus entidades dependientes el cumplimiento riguroso de la normativa que obliga a comunicar las participaciones directas e indirectas y sus modificaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada, y con ello permitir salvar las dificultades para conocer o determinar la dimensión de este ámbito y estimar el valor patrimonial que representa para la Junta de Andalucía.

20. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que el Servicio Andaluz de Empleo apruebe el plan de acción anual, tal como disponen los estatutos de esta agencia.

21. Asimismo, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno a:

1.º Articular mecanismos para cumplir y hacer cumplir las recomendaciones incluidas en el Informe de la Cámara de Cuentas, con la finalidad de que tanto las limitaciones de alcance, incumplimientos, incorrecciones y otras deficiencias detectadas sean corregidas en el futuro.

2.º Cumplir con las recomendaciones del Parlamento recogidas en las propuestas de resolución relativas al Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial.

22. El Parlamento de Andalucía manifiesta su apoyo a la voluntad expresada por la Cámara de Cuentas de Andalucía de acelerar los plazos para la rendición de la Cuenta General y se muestra dispuesto a emprender las modificaciones necesarias en la legislación vigente.

23. Asimismo, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Elaborar una norma autonómica que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados.

2.º Continuar revisando la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, de modo que sean útiles para proyectar las políticas presupuestarias desde el punto de vista funcional. En este sentido, sería necesario seguir avanzando en la mejora de la definición de los objetivos, actividades y, sobre todo, indicadores, de forma que fueran más precisos, que existiera una clara correlación entre objetivos e indicadores, que la cuantificación de las previsiones se realizara de forma realista y soportada, así como que su seguimiento permitiera la medición tanto de la eficacia como de la economía.

3.º Ampliar y perfeccionar los indicadores sobre cambio climático, así como identificar actuaciones presupuestarias que contribuyan a mitigar y adaptarse a sus efectos.

4.º Seguir depurando los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores (de los que 884,09 millones de euros datan de ejercicios anteriores a 2015), de manera que figuren registrados los que supongan realmente derechos a favor de la Hacienda Pública de Andalucía.

5.º Seguir avanzando en la revisión de los criterios de dotación de provisiones de dudoso cobro y recoger en la memoria de forma más clara el criterio empleado. Asimismo, para la realización del cálculo debe coordinarse la información de contabilidad y de recaudación.

6.º Contabilizar en un servicio diferenciado los gastos financiados con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

7.º Realizar una evaluación de la estimación de los efectos o impactos de la pandemia COVID-19 sobre la actividad de la Junta de Andalucía, de forma que los estados financieros proporcionen información adecuada y específica sobre tal impacto, exponiendo de una manera clara y no estereotipada cómo se espera que afecte a la gestión, la situación financiera y los flujos de efectivo, ofreciendo además una valoración de los recursos financieros afectados y los efectos sobre las áreas contables relevantes.

8.º Continuar con el análisis sobre la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores incluidos en las fichas de programa, así como la implementación de las medidas que, a tal efecto, hayan sido adoptadas, de manera que los indicadores permitan evaluar la repercusión que sobre los objetivos pueden tener las modificaciones presupuestarias, siendo necesario justificar en el expediente las razones que permitan valorar el eventual impacto que las modificaciones pudieran tener en los objetivos de gastos de los programas.

9.º Continuar con los procedimientos de ejecución de cuantos derechos le sean inherentes a la agencia IDEA, así como a la materialización de las garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de la operación avalada, que según la normativa debería ser suficiente para cubrir el riesgo asumido por la entidad.

10.º Continuar con el análisis iniciado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, al objeto de concluir si determinadas fundaciones cumplen los criterios de adscripción a una Administración Pública que establece el artículo 129 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en aras de elaborar un censo de entidades que deben adscribirse a la Administración de la Junta de Andalucía.

11.º Impulsar la modificación de los estatutos de aquellos consorcios en los que la Junta de Andalucía tenga participación, ya que la adscripción de los mismos a una u otra Administración supone el sometimiento a un régimen jurídico (presupuestario, contable, de patrimonio, personal y control) distinto. Así mismo, la creación del censo de entidades al que alude la disposición adicional vigésima de la Ley 5/2017 supondría determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta de Andalucía.

12.º Adoptar por parte de los distintos órganos implicados todas las medidas normativas y las mejoras de procedimientos pertinentes en materia de recuperación de cantidades derivadas de los quebrantos de avales. Asimismo, se considera necesaria la implantación de la totalidad de las medidas y mecanismos de coordinación previstos, con el fin de evitar las discrepancias en las líneas de actuación a seguir por los diferentes órganos gestores.

24. El Parlamento de Andalucía, en aras a promover una mejor Administración Pública autonómica, más eficaz, eficiente y transparente, insta al Consejo de Gobierno a seguir impulsando los cambios normativos necesarios que permitan avanzar en el correcto cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2019, emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía, y valora positivamente que a lo largo del ejercicio 2019 se hayan asumido por parte de la Junta de Andalucía el 86% de las recomendaciones aprobadas por este Parlamento respecto al informe de 2018.

25. El Parlamento de Andalucía recomienda continuar con la mejora de la información financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, de manera que permita conocer y transmitir de una manera más sencilla y ágil a la ciudadanía las mejoras de la situación financiera de la Comunidad, el control de los fondos públicos, el aumento de la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera, el resultado del sistema de financiación y la evolución de la deuda pública.

26. El Parlamento de Andalucía valora positivamente:

1.º El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ejercicio 2019, tal y como constata el Informe del Ministerio de Hacienda de 24 de noviembre de 2020, al que se refiere el Informe de Fiscalización, a diferencia del incumplimiento de todas las reglas en el ejercicio 2018 por parte del anterior Gobierno socialista, e insta al Consejo de Gobierno a seguir gestionando desde el rigor y la responsabilidad, con la finalidad de sanear las cuentas públicas y restablecer la buena imagen de Andalucía.

2.º La creación y puesta en funcionamiento durante 2020 de la Agencia Digital de Andalucía, que integra todos los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones y gobierno abierto de la Administración de la Junta de Andalucía, para avanzar en el desarrollo de actuaciones de transformación digital en toda la organización, mejorando la atención a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en el área de ciberseguridad y protección de datos, con la finalidad de mejorar la adaptación a lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica (ENS).

3.º La nueva redacción de los artículos 105 y 106 del TRLGHP, que se introducen tras la aprobación de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2021, que mejora, tal y como recomienda la Cámara de Cuentas, el contenido de la Cuenta General, en aras de evitar la dispersión y atomización de la información y las discrepancias entre el TRLGHP, la orden de contabilidad pública y la Cuenta General rendida, favoreciendo la armonización y la homogeneización de la misma.

4.º Las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para impulsar, en el ámbito de la regulación contable de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un procedimiento de consolidación contable para los entes integrantes del sector público andaluz.

27. El Parlamento de Andalucía recomienda al Consejo de Gobierno continuar con el análisis cualitativo de los objetivos e indicadores incluidos en las fichas de programas, de manera que se siga avanzando en mejorar los programas presupuestarios y en la evaluación de impacto de las modificaciones presupuestarias.

28. Asimismo, el Parlamento de Andalucía valora positivamente:

1.º La culminación del proceso de actualización y depuración del fichero de cuentas de tesorería, tal y como recomienda la Cámara de Cuentas.

2.º La aprobación, por el Consejo de Gobierno, del Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del proceso de justificación, comprobación, adecuación de la información contable y reintegro de los libramientos con justificación posterior, que ha permitido acelerar los procedimientos de justificación, realizar una revisión y depuración de los importes pendientes de justificar y evitar posibles prescripciones y la pérdida de ingresos por reintegros. Incidiendo, además, tal como ha recomendado de forma reiterada la Cámara de Cuentas, tanto en sus informes específicos como los relativos a la Cuenta General, en la mejora de los procedimientos de control y la gestión de los mismos, para propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y en la agilización de las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa. Todo ello ha permitido reducir en el ejercicio 2019 los libramientos pendientes de justificar desde los 1.392,7 millones de euros en consejerías y agencias registrados al cierre de 2018, hasta los 1.055,7 millones al cierre de 2019, una reducción de 356 millones en términos absolutos, un 25,6% de reducción en sólo un año.

3.º La gestión del Consejo de Gobierno durante el año 2019 sobre la recaudación y depuración de los derechos pendientes de cobro, habida cuenta que, tal y como recoge el Informe de Fiscalización a 1 de enero de 2019, el montante de derechos pendientes de cobro ascendía a 4.184,8 millones de euros, quedando pendientes de cobro, a fin del ejercicio 2019, 2.279,9 millones, logrando una reducción de 1.904,9 millones, es decir, el 45,5% menos en un solo año, lo que ha permitido, de una parte, recaudar 968,9 millones, y de otra, depurar 935 millones que figuraban anteriormente incorrectamente contabilizados a favor la Hacienda Pública de Andalucía, pese a, tal y como reiteradamente había señalado la Cámara de Cuentas, su necesidad de depuración, dada su antigüedad.

29. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno, con el fin de dotar al registro de cuentas de la Junta de Andalucía de una mayor fiabilidad y eficacia para el control de la tesorería, a culminar el proceso de actualización y depuración de dicho registro, toda vez que la causa fundamental de las incoherencias y debilidades observadas tiene su origen en la implantación en el año 2015 del sistema GIRO, habiendo transcurrido un plazo razonable desde la finalización de este proceso.

30. El Parlamento de Andalucía considera muy negativo el fracaso de la política de avales a empresas llevada a cabo por el Gobierno socialista andaluz, dado el alto índice de ejecuciones de aval por fallidos concedidos por la agencia IDEA, acumulando al cierre de 2019 110,9 millones de euros, tal y como constata el Informe de Fiscalización de referencia, y valora positivamente las actuaciones implementadas por el Consejo de Gobierno desde el inicio de 2019 para la recuperación de 8,2 millones de euros, así como la aprobación de la Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma, de manera que, a partir de su aprobación, estas operaciones se rijan por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, no discriminación e igualdad y confidencialidad, en relación con los datos económico-financieros de las destinatarias de las operaciones, fomentando el acceso igualitario a los recursos financieros, principios que no se contemplaban por el anterior Gobierno, así como la regulación para la gestión de recuperaciones y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones, y la creación de una base de datos de las mismas.

31. Finalmente, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.º Someter a una profunda revisión y mejora la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, tras detectar la Cámara de Cuentas que el portal sólo recoge los informes de auditoría y de fiscalización elaborados por la propia Cámara de Cuentas, sin que aparezcan otros informes de auditoría de control interno o contratados con auditoras privadas. Tampoco se ofrecen datos claros y específicos sobre los gastos en publicidad, su desglose por ejercicio, campañas realizadas y gasto por campaña.

2.º Proponer un proyecto de ley que regule los criterios y procedimientos de elaboración de los estados consolidados, que permita la mejora de la metodología de enunciación y seguimiento de los programas presupuestarios, definiendo las actividades, objetivos e indicadores de cada uno de ellos.

3.º Disponer de las medidas oportunas para completar, en lo posible, el contenido de la Cuenta General, conforme lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública, de forma que se facilite la comprensión de la información de carácter financiero de las cuentas anuales y del resto de la Cuenta General.

4.º Permitir la convergencia de los sistemas y procedimientos de la Junta de Andalucía para posibilitar la implantación de un Registro Contable de Facturas que incluya todas las entidades que puedan encuadrarse dentro del sector público, conforme lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.

5.º Aprobar las normas precisas para determinar y justificar las cuentas extrapresupuestarias que deban conformar los apartados de operaciones no presupuestarias del Remanente de Tesorería de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y sus Agencias de Régimen Especial, para permitir un cálculo y un contenido normalizado, fiable y razonado, facilitando su depuración, regularización e imputación definitiva al presupuesto.

6.º Impulsar una mejora significativa en el seguimiento de los gastos con financiación afectada, especialmente los derivados del endeudamiento a largo plazo.

7.º Considerar, previamente a la adopción de cualquier medida relacionada con los gastos, en particular en supuestos de modificaciones presupuestarias, así como de las medidas relacionadas con la reducción de ingresos, las consecuencias sobre el cumplimiento de las obligaciones de sostenibilidad y equilibrio financiero y de programación plurianual de las previsiones presupuestarias.

8.º Cumplir lo previsto en el Presupuesto de 2019, en relación con la elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones.

9.º Articular, en lo que toca a Entidades Públicas Empresariales, procedimientos para que sus entidades dependientes conozcan y cumplan con la obligación de comunicar sus participaciones en cualquier tipo de entidad pública o privada.

10.º Continuar con el proceso de análisis de adscripción, incluyendo, en su caso, modificaciones de los correspondientes estatutos, de Fundaciones Públicas y Consorcios.

11.º Reforzar las actuaciones que siempre ha realizado la Agencia IDEA para la reclamación de los derechos de garantías ofrecidas por las empresas para cubrir el riesgo de operaciones avaladas por la misma, de forma que garantice en lo posible la recuperación de las cantidades abonadas, continuando con las medidas normativas y mejoras de procedimientos puestos en marcha en materia de recuperación de cantidades derivadas de quebranto de avales.

12.º Aprobar el Plan de Acción Anual del Servicio Andaluz de Empleo, al detectar la Cámara de Cuentas un incumplimiento de lo que disponen los estatutos de la agencia.

13.º Elaborar una evaluación detallada de los efectos o impacto de la pandemia COVID-19 sobre la actividad de la Junta de Andalucía, permitiendo que los estados financieros proporcionen información adecuada y específica. La Cámara de Cuantas reclama una exposición «clara y no estereotipada de cómo se espera que afecte a la gestión, la situación financiera y los flujos de 4 efectivo, ofreciendo además una valoración de los recursos financieros afectados y los efectos sobre las áreas contables relevantes».

14.º Dar la debida relevancia a los indicadores relativos al cambio climático, precisando cabalmente las actuaciones que contribuyan a mitigar y adaptarse a sus efectos.

15.º Completar los trabajos del Plan de Auditorías de Presupuesto y Género (APG) 2018-2020 que, según recoge el Informe de Fiscalización, incluye sólo 4 actuaciones. Se constata, además, que en 2019 no se encontraba vigente ningún Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tampoco en el ámbito de las consejerías, incumpliéndose la Ley 12/2007. Así mismo, se debe atender la recomendación de la Cámara de Cuentas de que el Plan de Auditorías abarque los programas presupuestarios con un mayor impacto y que se tengan en cuenta la importancia del alcance temporal para hacer las medidas eficaces. Para ello, se plantea una revisión metodológica en profundidad de las APG para incorporar las mejoras, en particular en el seguimiento de las recomendaciones y de los compromisos generales adquiridos.

16.º Impulsar, en materia de ciberseguridad, la adaptación a la Estrategia Nacional de Seguridad, tras detectar la Cámara de Cuentas un bajo grado de ejecución de los hitos del Plan de Acción 2019-2020. Así mismo, se deben adoptar medidas, permanentes e independientes de los cambios de estructura, que permitan la mejora de los procesos y medidas que presentan carencias y también la mejora de los índices de madurez, de cumplimiento y de organización de la seguridad. Se debe, por último, homogeneizar el procedimiento a seguir por parte de las entidades para evaluar la eficacia de las medidas técnicas y organizativas en relación con la protección de datos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 185.7 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de septiembre de 2021.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel Marrero García-Rojo.

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