Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 117 de 21/06/2023

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo regula los aspectos mínimos que han de satisfacer los distintos cauces de información a través de los cuales una persona física que sea conocedora en el contexto laboral de una infracción del Derecho comunitario o nacional pueda dar a conocer la existencia de la misma a fin de que pueda ser investigada y, en su caso, sancionada. Aparte de su eficacia práctica para la protección de los intereses públicos pues es evidente que las personas que prestan servicios en la propia organización son en ocasiones las primeras en detectar posibles infracciones y que precisamente por advertirse en fase temprana se hace más fácil la adopción de medidas correctoras, con estos cauces se dota de un nuevo contenido el derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

En desarrollo de esa Directiva se promulgó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuya entrada en vigor se produjo el 13 de marzo de 2023. La finalidad de la ley expresada en su artículo 1 es doble: Por una parte otorgar protección frente a posibles represalias a las personas informantes y por otra fortalecer y fomentar la cultura de la información o comunicación como medio para prevenir y detectar amenazas para el interés público.

En efecto, la máxima preocupación tanto de la Directiva como de la ley es dotar de protección frente a represalias a la persona que facilita la información. Por ello, es imprescindible el diseño de un procedimiento de uso y gestión que necesariamente ha de tener carácter y garantía de confidencialidad (whistleblower) e inmediata respuesta, para que cualquier implicado pueda comunicar eventuales incumplimientos, quiebras del sistema o prácticas que incrementen los riesgos.

La entrada en vigor de la citada Ley 2/2023, de 20 de febrero, obliga a las Administraciones Públicas a dotarse de un sistema interno de información mediante el cual cualquier persona empleada de la misma o que trabaja para o bajo la supervisión o dirección de contratistas, subcontratistas o proveedores podrán poner en conocimiento cualquier posible infracción comprendida en el ámbito de aplicación material de la ley de la que tengan conocimiento en el contexto de una relación laboral o profesional, siempre que se pueda tratar de manara efectiva la infracción, si el informante considera que no hay riesgo de represalias y sin perjuicio de que éste pueda optar por cualquier otra vía de denuncia que considere apropiada.

En paralelo al establecimiento de canales internos de información, el artículo 16 de la ley prevé también la existencia de un canal externo abierto a cualquier persona física para informar de posibles acciones u omisiones que pudieran ser constitutiva de delito o infracción administrativa a la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.), condición que en la Comunidad Autónoma de Andalucía asume la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Para ello, mediante Resolución de la misma de 20 de marzo de 2023 (BOJA núm. 57, de 24.3) se creó un canal de denuncias externo.

La implantación de un sistema interno de información tiene como objetivo constituir un mecanismo eficaz, para que, a través de la colaboración (incluso de forma anónima) de las personas antes mencionadas, se puedan detectar irregularidades que puedan poner en riesgo los intereses públicos de la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía. Constituye una oportunidad para impulsar la gestión del buen gobierno corporativo e integrar la cultura de la prevención en la dinámica cotidiana de esta Administración, para crear un clima de confianza y dotarla de una mayor transparencia, cercanía a la ciudadanía y eficacia en la prevención y sanción de conductas reprobables.

Con fecha 12 de junio de 2023 tuvo lugar la consulta a la representación legal de las personas trabajadoras conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada Ley 2/2023, de 20 de febrero. Igualmente el Consejo de Gobierno en su sesión de la misma fecha ha tomado conocimiento de la puesta en funcionamiento de este Sistema interno de información.

A la vista de los antecedentes anteriormente descritos y en el uso de las competencias atribuidas por el artículo 8.1.j) del Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública,

RESUELVO

Primero. Dar publicidad a la puesta en funcionamiento del Sistema interno de información de la Administración de la Junta de Andalucía. El acceso a este Sistema se lleva a cabo a través del enlace https://canaldedenuncias.junta-andalucia.es/

Esta url deberá habilitarse en las páginas webs internas de los distintos entes y organismos de la Junta de Andalucía.

Segundo. La regulación básica del funcionamiento del referido Sistema interno de Información se contiene en la Instrucción 1/2023, de 12 de junio, de la Secretaría General para la Administración Pública, que ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de junio de 2023.- El Secretario General, Arturo E. Domínguez Fernández.

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