El Consejo de Gobierno ha acordado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 4/2000, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes, aprobado el pasado 23 de junio por el Gobierno central. El recurso se fundamenta tanto en la posible invasión de las competencias autonómicas como en la inexistencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la utilización de la fórmula legislativa del Real Decreto-Ley.
A juicio del Gobierno andaluz, la norma recurrida no explica la urgencia del proceso de liberalización que regula y tampoco precisa cuáles son los elementos que podrían repercutir negativamente en la evolución de los precios del suelo si dicho proceso no se llevase a efecto. Por otra parte, el supuesto carácter urgente de la situación exigiría que las medidas de liberalización fueran efectivas a corto plazo, lo cual es imposible, ya que previamente habría que realizar una modificación de los planeamientos urbanísticos.
En cuanto a la posible invasión de competencias, el Consejo de Gobierno subraya que, al modificar la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, la norma recurrida entra a regular unas técnicas específicamente urbanísticas sobre las que el Estado carece de competencias, al estar las mismas transferidas a la Comunidad Autónoma y a los Ayuntamientos.
En concreto, el artículo 1 del citado real decreto-ley recorta la potestad de las Administraciones autonómica y municipal en la ordenación y diseño de la planificación territorial y urbanística, habilitando por el contrario a los particulares para delimitar los ámbitos de los suelos urbanizables y a fijar los requisitos para su desarrollo, sin aclarar los condicionamientos al planeamiento general. Además, la norma recurrida permite a Administraciones sin competencias, como la estatal, promocionar la transformación del suelo urbanizable.