El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Carreteras de Andalucía, cuyo objetivo es dotar a la Comunidad Autónoma de un marco normativo propio para el ejercicio de sus competencias exclusivas en materia de carreteras. Este instrumento legal, que garantizará la prestación de los servicios viarios a los usuarios y a la economía en general, se adapta tanto a las nuevas necesidades de servicios públicos como a la realidad territorial, ambiental y cultural de Andalucía.
El proyecto incluye, como principal novedad, la regulación del dominio público viario, un concepto jurídico que comprende tanto las carreteras propiamente dichas como sus zonas funcionales y áreas de titularidad pública adyacentes. Para ello se establecen zonas de no edificación a ambos márgenes de la carretera, con anchuras de 100 metros en las vías rápidas, 50 metros en las convencionales y 25 en el resto. Dentro de estas zonas de no edificación destaca la zona de dominio público adyacente, integrada por unas franjas de terreno laterales de entre 6 y 8 metros de anchura.
La norma también regula los denominados "elementos funcionales y áreas de servicio", que incluyen desde estaciones de suministro de carburante a hoteles y restaurantes para prestación de servicios a los conductores. Estas instalaciones, de titularidad privada, funcionarán en régimen de concesión administrativa, por la cual se pagará una cuota a la Administración competente.
Otra de las novedades destacadas del texto aprobado hoy es, precisamente, la clarificación de la titularidad y competencias de cada Administración sobre la Red de Carreteras de Andalucía. En este sentido, se establece una distinción básica entre Redes de Interés de la Comunidad Autónoma y Redes de Interés Provincial. Las primeras, competencia de la Junta de Andalucía, están integradas por la Red Principal y la Red Metropolitana (en el entorno de las grandes ciudades). La Red Principal se subdivide a su vez, de mayor a menor envergadura, en Red Básica, Red Intercomarcal y Red Complementaria. Por su parte, las Redes de Interés Provincial, competencia de las Diputaciones provinciales, incluyen tanto la Red Comarcal como la Red Local.
Además de esta clarificación en el reparto de la titularidad de los distintos tipos de vías, el proyecto de ley fija mecanismos para la inclusión de cada carretera en una u otra red, todo ello en un proceso de negociación para el que se crea una comisión específica con la participación de la Junta de Andalucía, la Diputaciones y otros organismos públicos.
En materia de financiación de proyectos en el dominio público viario, destaca la creación del Fondo Andaluz de Carreteras, que se destinará a obras de mejora y conservación de la red. Este fondo se dotará, entre otros ingresos, de los procedentes de la explotación de las carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma, del derecho al aprovechamiento urbanístico que corresponda a los terrenos de la red viaria, del patrimonio que se le adscriba y del cobro de las sanciones.
Respecto a la seguridad vial, la norma amplía las obligaciones de las Administraciones Públicas en las tareas de evaluación permanente, a fin de detectar los tramos de concentración de accidentes y desarrollar programas para la eliminación de riesgos. En este sentido, se crea la Comisión de Seguridad Vial de Andalucía, organismo encargado de evaluar las actuaciones en esta materia y de informar los Planes de Seguridad Vial de la Red de Carreteras de Andalucía.
En el capítulo de calidad de las obras, el proyecto de ley añade otros dos controles por parte de la Junta al informe que actualmente es obligatorio para los contratistas. El carácter de los mismos se definirá en el desarrollo normativo posterior a la aprobación de este texto legal por el Parlamento de Andalucía.
Planificación
El proyecto de Ley de Carreteras fija tres tipos de planes: el Plan General de Carreteras de Andalucía, que se erige en el instrumento técnico y jurídico superior de la planificación viaria en la Comunidad Autónoma; los Planes Provinciales y los Planes Sectoriales y Territoriales. En estos últimos se prevén las singularidades de determinados proyectos atendiendo, respectivamente, a su especificidad funcional y al ámbito territorial en que se circunscriben.
La futura ley otorga un especial protagonismo a la prevención y restauración ambiental en el dominio público viario, así como a la protección del patrimonio cultural, arqueológico e histórico. Para ello incluye una figura denominada Proyecto de Restauración Paisajística, que contendrá el diseño concreto de las medidas preventivas y correctoras de carácter medioambiental.
En materia organizativa, además de la citada Comisión de Seguridad Vial de Andalucía, el proyecto establece la creación de la Comisión de Carreteras de Andalucía, organismo que tendrá funciones de coordinación interadministrativa en la planificación viaria y en la programación de los distintos proyectos.
Por último, el texto legal aprobado hoy define el Catálogo de Carreteras de Andalucía, instrumento de carácter público para la identificación e inventario de las carreteras, y crea el Sistema de Información de Carreteras de Andalucía, que contendrá los datos básicos de la red actualizados y a disposición del usuario.