El Consejo de Gobierno interpondrá la próxima semana un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones relativas a las concesiones de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITVs) contenidas en el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, sobre medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones. Concretamente, estas disposiciones modifican el régimen de autorización de concesiones y eliminan las tarifas para sustituirlas por precios máximos.
La Junta de Andalucía, al igual que han anunciado otras comunidades autónomas, presentará este recurso al considerar que dicha norma vulnera el marco competencial autonómico en materia de seguridad industrial. En este sentido, se subraya que la ITV es una competencia autonómica de industria y no de tráfico, como argumenta el Gobierno central para llevar a cabo su regulación. Además, el Consejo de Gobierno considera que no se dan los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" exigidos por la Constitución Española para utilización de la fórmula legislativa del Real Decreto-Ley.
A juicio del Gobierno andaluz, la norma que se va a recurrir puede ocasionar, entre otros efectos negativos, la modificación del marco legal de las concesiones vigentes; el riesgo para el equilibrio económico de la sociedad pública VEIASA –al modificarse el régimen de exclusividad– y la previsible aparición de fenómenos de dumping, derivados de la aplicación del régimen de tarifas máximas en detrimento de la calidad de las inspecciones. Por otra parte, el real decreto también suprime la incompatibilidad de la prestación del servicio de ITV con la de ser socio o directivo de talleres de reparación de vehículos, conculcando así el principio de imparcialidad que toda entidad de inspección debe tener.
El sector de la ITV factura actualmente en Andalucía 4.898 millones de pesetas anuales y da empleo a 500 trabajadores. Con una capacidad total de dos millones de inspecciones al año, la actividad se canaliza a través de 43 estaciones gestionadas por ocho empresas concesionarias durante 20 años y por la empresa pública VEIASA en las zonas libres de concesiones.
La decisión de interponer recurso de inconstitucionalidad viene avalada por numerosos informes técnicos y jurídicos, además de contar con el consenso de los principales agentes del sector de las ITVs, entre los que destacan la empresa VEIASA y la Asociación Andaluza de Entidades Concesionarias del Servicio de ITV.