El Consejo de Gobierno ha acordado hoy manifestar su criterio contrario a la tramitación de las proposiciones de Ley de Carreteras y de Ley Fomento y Coordinación de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica, presentadas ante el Parlamento de Andalucía por el Grupo Parlamentario Popular, y de la proposición de Ley para la Igualdad Jurídica de las Parejas de Hecho, presentada por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA).
En el caso de la proposiciones del Grupo Popular, la posición en contra se justifica por el hecho de la existencia de sendos proyectos elaborados por la Junta de Andalucía. Se trata del proyecto de Ley de Carreteras –aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 1 de septiembre– y del antepoyecto de Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica, actualmente en avanzado estado de tramitación administrativa.
Este último borrador, que será aprobado próximamente por el Consejo de Gobierno, ha contado en su proceso de elaboración con el concurso de todas las universidades de Andalucía, así como de las principales organizaciones, entidades e instituciones implicadas. La proposición del Grupo Popular se limita a reproducir casi literalmente diferentes párrafos y artículos del mismo. Además, incluye diversas medidas que suponen un incremento del gasto y una disminución de los ingresos, sin que se explique cómo se obtendría la financiación necesaria para ello.
En cuanto a la proposición de ley de IU-LV-CA, el Consejo de Gobierno recuerda que la Consejería de Asuntos Sociales está elaborando actualmente un anteproyecto de ley para garantizar la protección jurídica de las parejas de hecho. Al contrario que la citada proposición, el borrador de la Junta respeta las competencias exclusivas del Estado. Concretamente, la propuesta de IU-LV-CA incluye diversas medidas que afectan a materias reguladas actualmente por la normativa estatal, como la prestación de alimentos, las limitaciones a la disposición de la vivienda común, la posibilidad de adopción y el régimen sucesorio, fiscal y laboral de las parejas estables.