El Consejo de Gobierno ha acordado requerir al Gobierno central la modificación del Real Decreto 330/2002, de 5 de abril, que regula diversos aspectos de la normativa europea de ayuda a la producción de algodón. A juicio del Gobierno andaluz, este texto vulnera competencias exclusivas de Comunidad Autónoma al otorgar en exclusiva al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la posibilidad de limitar la superficie con derecho a ayuda a partir de la próxima campaña 2003/2004.
El Consejo ha acordado también autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta para plantear el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional en el caso de que el requerimiento no sea atendido en el plazo de un mes o se atienda de manera insuficiente.
La nueva normativa comunitaria de ayuda a la producción de algodón, aprobada el pasado año, establece 249.000 toneladas de cuota española con derecho a subvención y un sistema añadido de penalización más fuerte cuando se superen las 362.000 toneladas (equivalentes a 100.000 hectáreas). Asimismo, permite limitar las superficies en función, entre otros criterios, de las particularidades de las economías agrarias de las regiones. Al desarrollar este último aspecto, el Real Decreto 330/2002 atribuye enteramente dicha facultad a la Administración central, impidiendo que la Junta pueda hacer uso de ella, pese a que Andalucía concentra el 95% de la producción nacional de algodón.
Conflicto
Además de la invasión de competencias, motivo por el que la Junta plantea su modificación, esta norma estatal supone también el último eslabón del conflicto que enfrenta desde hace meses al Gobierno central con los algodoneros andaluces, quienes consideran que no se atienden sus peticiones de limitar y ordenar el cultivo con criterios racionales.
El pasado 17 de enero, y desoyendo las propuestas del sector y de la Junta de Andalucía, el Ministerio aprobó unilateralmente una orden reguladora para la actual campaña 2002/2003 en la que se fijaba como único criterio limitativo la rotación obligatoria una de cada tres campañas. Esta norma permitía incrementar la superficie de siembra, con el consiguiente riesgo de que se produjeran penalizaciones muy altas, además de facilitar la entrada en el cultivo de agricultores no tradicionales.
Por su parte, la Consejería de Agricultura, ejerciendo las competencias autonómicas, aprobó el 11 de febrero una orden complementaria que mantenía dicha rotación pero además establecía, con carácter extraordinario para 2002/2003, la limitación adicional de no sembrar algodón en aquellas parcelas en las que no se hubiera optado por este cultivo en al menos una de las tres últimas campañas. La orden fue avalada por la Comisión Europea.
Posteriormente, el Ministerio y los algodoneros firmaron el 21 de febrero un acuerdo que permitía modificar la orden estatal para que los afectados por la rotación pudieran sembrar al menos el 50% de la superficie que cultivaron el año pasado. A su vez, se pedía a la Junta que flexibilizara su orden complementaria en casos que estuvieran justificados. Ambas órdenes fueron revisadas y están vigentes en la actual campaña.
En el acuerdo de febrero también se incluía negociar el contenido de algunos aspectos del marco regulador de la ayuda que regirá a partir de la próxima campaña. Sin embargo, esta norma –el Real Decreto cuya impugnación inicia ahora la Junta por invasión de competencias– fue aprobada unilateralmente el 5 de abril, desatendiendo nuevamente las peticiones de los algodoneros andaluces.
La Comunidad Autónoma de Andalucía concentra el 95% de la producción de algodón en España, con más de 10.000 explotaciones, en su mayor parte de pequeño y mediano tamaño. En la actual campaña 2002/2003, la aplicación de la orden estatal modificada y de la norma complementaria autonómica, así como la contención de la siembra por parte de los agricultores, ha dado como resultado una superficie cultivada de 83.709 hectáreas, cifra que permitirá alcanzar unos márgenes de rentabilidad razonables.