El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado
un Decreto que establece los programas de Formación Profesional
Ocupacional (FPO) que se impartirán durante el próximo año y
se regulan las normas comunes para su funcionamiento. Se estima
que durante 1998 se impartirán unos 4.000 cursos de FPO en los
que participarán unos 60.000 alumnos, con un coste para la
Administración andaluza de 13.250 millones de pesetas.
La aprobación de este Decreto fue un compromiso adquirido en el
Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía
(PEDEA) firmado con los agentes sociales en abril pasado, por lo
que viene a desarrollar este acuerdo de concertación social.
Este Decreto sustituye y deroga el que rigió durante anteriores
convocatorias, que databa de 21 de febrero de 1995
La Formación Profesional Ocupacional, recogida en la Ley de
Organización General del Sistema Educativo (LOGSE) como un
subsistema de la Formación Profesional, tiene una importancia
vital en las políticas de empleo al ser un instrumento
estratégico para la readaptación de los trabajadores en
desempleo a nuevas aptitudes profesionales y laborales con el fin
tanto de corregir los desajustes del mercado de trabajo como de
atender a los cambios que se producen, de manera cada vez más
acelerada, en los sistemas productivos.
La vinculación de las actuaciones para la promoción de empleo y
las de formación profesional de los trabajadores en paro es una
prioridad del Gobierno andaluz para generar más y mejores
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, aumentar la capacitación de
los trabajadores favorece las políticas destinadas a potenciar
las actividades productivas, al mejorar la productividad y la
eficiencia de los recursos humanos, consiguiendo así una mayor
competitividad de las empresas.
El Decreto aprobado consta de 22 artículos agrupados en 3
capítulos, 4 disposiciones adicionales, 1 disposición
derogatoria y 2 disposiciones finales. En el artículo 2 se
recogen los objetivos concretos de las actuaciones de FPO:
conectar mejor la oferta formativa y las necesidades del mercado
de trabajo, facilitar la inserción laboral de los desempleados,
detectar las necesidades de formación profesional y mejorarla,
favorecer a colectivos con especiales dificultades de inserción
en el mercado laboral, promover acciones de formación
específicas para las pequeñas y medianas empresas, impulsar la
formación dirigida a los llamados "yacimientos de
empleo" (nuevas actividades en las cuales se considera
posible generar puestos de trabajo) y ampliar la formación
relacionada con el medio ambiente.
De esa manera, el Decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno
establece ocho programas diferentes: 1) Programa con compromiso
de inserción laboral para los alumnos. 2) Programa para
trabajadores ocupados en pymes, en empresas de la economía
social y para autónomos. 3) Programa para jóvenes desempleados.
4) Programa para mujeres. 5) Programa para colectivos con
especial dificultad de inserción laboral. 6) Programa para
desempleados en especialidades demandadas prioritariamente por el
mercado de trabajo. 7) Programa para actividades relacionadas con
los nuevos "yacimientos de empleo". 8) Programa de
acciones para mejorar la FPO (formación de formadores, mejora de
los contenidos y la gestión, etc).
El Decreto establece igualmente las normas comunes de
funcionamiento de los programas, regulando por lo tanto los
criterios para la selección de los alumnos; las características
de los dos tipos de actividad formativa: presencial y
semipresencial; la realización de prácticas por los alumnos en
empresas, organismos públicos y otras entidades (para lo cual se
suscribirán convenios específicos de colaboración), y las
relaciones de la Administración con las entidades colaboradoras,
que son, en su mayor parte, las que imparten los cursos. Para
ello, se firmarán convenios con las organizaciones empresariales
y sindicales, en el marco del diálogo social.
El seguimiento y evaluación de las acciones será realizado por
la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía,
que informará periódicamente al Consejo Andaluz de la
Formación Profesional.
En sus disposiciones adicionales, el Decreto recoge el
establecimiento de un sistema de prospección del mercado de
trabajo que permita un mayor conocimiento del mismo en aras a
lograr una mejor adecuación de la oferta y la demanda del tejido
productivo y una mayor adecuación de la realidad formativa a los
requerimientos del desempleado y del sector productivo.
Igualmente, se establece que la Junta de Andalucía desarrollará
las actividades formativas relacionadas con las iniciativas
comunitarias vinculadas a la formación de los recursos humanos
NOW, HORIZON, INTEGRA, YOUTHSTART Y ADAPT. También se prevé que
las Consejerías de Trabajo e Industria y de Educación y Ciencia
crearán los mecanismos de coordinación precisos para ejecutar
algunas de las acciones previstas, así como para buscar la
mejora de los recursos formativos de la Comunidad Autónoma.