El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Esta norma sustituirá a la legislación estatal vigente sobre bienes y patrimonio de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, actualizándola y adaptándola a la Comunidad Autónoma. Asimismo, como novedad destacada, extenderá su regulación a los organismos autónomos y a las sociedades mercantiles dependientes de estas entidades, que hasta ahora quedaban fuera.
El proyecto de Ley, que completa el desarrollo normativo de la Junta de Andalucía en materia de régimen local, pretende, entre otros objetivos, adaptar a los nuevos modos y figuras del mercado inmobiliario las facultades de las entidades locales sobre la disposición de sus bienes y patrimonios. En este sentido, al procedimiento de subasta, único hasta la fecha para proceder a la venta por las entidades locales, se añade el concurso público y la venta directa bajo determinadas condiciones.
Otro aspecto innovador es la introducción de figuras procedentes del derecho privado que hasta el momento no han tenido aplicación en el ordenamiento jurídico público. Entre estas figuras destacan la permuta de cosa futura, que permitirá a las entidades locales cambiar bienes de su propiedad por otros futuros, y la aportación de bienes patrimoniales e incluso concesiones administrativas a las sociedades municipales.
El nuevo tratamiento legislativo previsto en el borrador también abre vías para solucionar antiguos y graves problemas que vienen afectando a sectores socialmente desfavorecidos, como residentes en viviendas de propiedad municipal ocupadas, con pago diferido o promesa de venta, y residentes en viviendas construidas en terrenos cedidos con fines sociales. Para ello, el proyecto contiene una disposición transitoria que faculta a las entidades locales, excepcionalmente y bajo condiciones, a enajenar directamente inmuebles de su propiedad en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, normalizando así la situación legal de los residentes.
Por otra parte, el proyecto obliga a las entidades locales a la conservación, protección y defensa de los bienes de su propiedad mediante inventario o inscripción registral. Finalmente, incluye un régimen sancionador que permite la imposición de multas que pueden alcanzar hasta el doble del daño ocasionado, con independencia de la reparación del perjuicio o restitución de lo usurpado.