El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía, norma que tiene como objetivo principal ajustar el régimen jurídico y las funciones y prioridades de estos organismos para mejorar los servicios que prestan a las empresas y a la Administración.
El nuevo texto legal, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, apuesta por intensificar la coordinación entre las distintas Cámaras andaluzas y por agilizar sus órganos de gobierno para colocar a estas instituciones en la vanguardia de la modernización de la cultura empresarial en Andalucía.
En cuanto a las funciones, el proyecto consagra la doble vertiente pública y privada de las Cámaras de Comercio, al combinar la potestad de autoorganización del colectivo empresarial con los objetivos de asesoramiento a las Administraciones públicas.
En este sentido, el texto subraya, como prioritarios, los cometidos de formación empresarial; prestación de servicios a las pequeñas y medianas empresas (arbitraje mercantil, asesoramiento de mercados, información de coyuntura económica, etc.); búsqueda de nuevos mercados (apoyo al Plan de Internacionalización de la Empresa Andaluza) y gestión de servicios públicos (aeropuertos, instalaciones feriales, oficinas de organización de eventos, etc.).
Órgano común
El borrador establece, como principal novedad, la creación del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este órgano, con sede propia, englobará a todas las Cámaras de la comunidad autónoma con el objetivo de mejorar la coordinación, realizar tareas de asesoramiento al Gobierno andaluz y prestar a las empresas servicios de mayor nivel que los que pueden ofrecerse en el ámbito territorial de cada institución. Entre otras funciones concretas, el Consejo hará propuestas de reformas legislativas y dirimirá en las discrepancias que se planteen entre las distintas Cámaras.
El proyecto también plantea una reforma organizativa para incrementar la democratización y profesionalización de las Cámaras. Las principales aportaciones en este sentido son la creación de la figura del Gerente y la profesionalización de las tareas de contaduría, además de la reducción del número de miembros de los órganos de gobierno.
La regulación del régimen jurídico y económico de las Cámaras y del Consejo, recogida en los dos últimos capítulos del borrador, respeta plenamente la autonomía de estas instituciones, si bien se subraya el derecho de tutela sobre las mismas por parte del Ejecutivo andaluz.
Por último, el proyecto de Ley incluye también una regulación del ámbito territorial de las Cámaras y del régimen de fusiones, integraciones, segregaciones y desconcentración de funciones. La principal aportación en este terreno es la obligatoriedad del proceso de fusión para aquellas entidades que registren un déficit superior al 20% de sus ingresos durante cuatro ejercicios consecutivos.