El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, en el que se modifica la normativa estatal de evaluación de impacto ambiental, por vulneración de las competencias autonómicas en esta materia.
A juicio del Gobierno Andaluz, esta invasión competencial se produce al atribuir dicho real decreto al Ministerio de Medio Ambiente el carácter de órgano competente en relación con la evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos que deben ser aprobados o autorizados por la Administración central. De igual modo, la norma vulnera las competencias autonómicas al prever la regulación de un procedimiento abreviado por parte del Estado para aquellos proyectos autorizados el mismo y sujetos a evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica pero no por la estatal.
El Consejo de Gobierno subraya además que, atendiendo a los aspectos formales, no concurren en este caso las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que el artículo 86 de la Constitución exige para la utilización de la fórmula del real decreto-ley.
Por todo ello, el Gobierno Andaluz considera que el citado Real Decreto-Ley 9/2000 vulnera los artículos 86.1 y 149.1.23 y otros concordantes de la Constitución Española, así como el artículo 15.1.7 y otros concordantes del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
De acuerdo con sus competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta desde 1994 con una ley propia de protección ambiental que, respecto a la normativa estatal, amplía y refuerza las garantías ambientales exigibles a los diversos proyectos y actividades socioeconómicas, atendiendo a las necesidades específicas de la región.