El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta del consejero de la Presidencia, solicitar al Gobierno de la Nación el pago de indemnizaciones a los ex presos y represaliados políticos que, como consecuencia de la Guerra Civil española, sufrieron prisión por su defensa de la democracia y la libertad.
El acuerdo concierne a aquellos ciudadanos andaluces acogidos a la Ley de Amnistía Política de 1977 que quedaron excluidos de las compensaciones fijadas en los Presupuestos Generales de 1990. Esta norma compensaba con un millón de pesetas a los represaliados políticos que hubieran cumplido 65 años antes de su entrada en vigor y hubieran sufrido privación de libertad al menos durante un trienio. En caso de fallecimiento, la indemnización correspondería a los familiares.
La Consejería de la Presidencia ha realizado, a instancia de la Proposición no de Ley planteada por los grupos socialista y andalucista en el Parlamento andaluz el pasado 17 de junio, un estudio sobre los ciudadanos andaluces que sufrieron prisión y quedaron excluidos de las indemnizaciones de 1990.
En cumplimiento de esta Proposición no de Ley, el consejero de la Presidencia traslada el informe al Gobierno central y se hace eco de la recomendación del Congreso de los Diputados de 11 de noviembre de 1998. El pleno de las Cortes aprobó entonces "instar al Gobierno central a realizar un estudio sobre la situación económica del colectivo de personas que sufrieron prisión y que no resultaron beneficiados de las indemnizaciones previstas en la Disposición Adicional 18ª, así como la repercusión socioeconómica y presupuestaria que conllevaría el pago de tales indemnizaciones a quienes la privación de libertad se elevó a un año".
La citada Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento andaluz recoge también que la Junta asuma las indemnizaciones en caso de que el Gobierno central no dé una respuesta positiva en el plazo de tres meses.