El Consejo de Gobierno manifiesta:
Que la violencia es una forma inaceptable de relación entre los seres humanos. Los malos tratos que viene sufriendo muchas mujeres forman parte de esa lacra de violencia que sufre nuestra sociedad, debido a la cual muchas mujeres reciben un trato violento, en ocasiones perdiendo la vida.
Que la violencia contra las mujeres está basada en razones estructurales relacionadas con el tipo de sociedad que tenemos, sociedad patriarcal, en la que las mujeres están en situación de dependencia y subordinación con respecto a los hombres.
Que la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 reconoce "...los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales..." la violencia en todas sus formas es incompatible con la dignidad y valía de la persona, debiendo sus prácticas ser eliminadas a través de medidas que cambien los patrones socioculturales y políticos que son su origen y contribuyen a su mantenimiento".
Que actualmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo padecemos las consecuencias de toda una ideología social arrastrada durante generaciones que condiciona completamente las relaciones entre los hombres y las mujeres en general y muy especialmente dentro de la pareja y la familia donde las relaciones se basan en muchos casos en la desigualdad.
Que con el desarrollo del II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres se ha perfeccionado el sistema de prevención, sensibilización y atención con la articulación de una red de recursos de atención a las víctimas, y de medidas que están mejorando la coordinación de las diversas instituciones responsables en el tema. No obstante, todas estas medidas deben ir acompañadas de una actuación de la justicia más eficaz y contundente, que conlleve la protección y defensa de las víctimas y la penalización de los agresores.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno acuerda:
Contribuir con todos los medios a su alcance para luchar contra este grave problema social, poniendo en juego todos los recursos necesarios y coordinando las actuaciones a fin de conseguir más efectividad en la prestación de la atención a las víctimas y en la persecución de los agresores.
En el convencimiento de que para conseguir una sociedad cada vez más justa, más igualitaria y más democrática, es necesario eliminar la violación de los derechos humanos que supone la violencia contra las mujeres.