El Consejo de Gobierno ha acordado el cierre definitivo de la residencia de mayores "San Bernardo", de Sevilla, y de un centro-vivienda tutelada de mayores en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Respecto a la residencia "San Bernardo", el Consejo de Gobierno ha acordado declarar a su titular, Fátima Ortega González, responsable de las infracciones, por lo que se la inhabilita definitivamente para el ejercicio de sus funciones. Además se le impone una multa de 415.620 pesetas por obstrucción a la acción de la inspección pública y otra de 831.240 por la falta de requisitos materiales y funcionales mínimos exigidos por la normativa vigente.
El expediente contra esta residencia se inició en 1998 cuando el inspector de Servicios Sociales recibió una llamada de fiscalía informándole de una actuación judicial en la misma. Una inspección realizada por Asuntos Sociales el 3 de julio de ese año determinó graves incumplimientos de la normativa, además de deficiencias como falta de control de los medicamentos y falta de personal sanitario acreditado. Todo ello motivó el cierre cautelar decretado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de septiembre.
En cuanto al centro-vivienda tutelada de Mairena del Aljarafe, además de decretar el cierre de la misma, el Consejo de Gobierno ha impuesto a su titular, María Luz Guerrero Díaz, una multa de 210.119 pesetas por obstrucción a los servicios de inspección y otra de 417.929 por falta de los requisitos materiales y funcionales mínimos.
El expediente contra este centro se inició el 20 de agosto de 1998 a raíz de una visita de inspección para comprobar si se había producido el cierre acordado con la propietaria en una anterior visita, realizada ante la deficiente situación que presentaba. Al inspector de Servicios Sociales le fue denegado el acceso a la primera planta, donde luego se comprobó que había dos ancianos residiendo. Posteriormente, el 24 de agosto el inspector confirmó en un informe las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias del centro, así como el incumplimiento de la normativa. Finalmente, el consejero de Asuntos Sociales decretó su cierre cautelar, ratificado el pasado 10 de noviembre por el Consejo de Gobierno.