El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, el proyecto de Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. Esta iniciativa tiene por objeto regular las actuaciones dirigidas a la atención y promoción del bienestar de las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, posibilitando su rehabilitación e integración social, así como la prevención de las causas que generan discapacidades.
El proyecto de ley aprobado viene a completar y racionalizar el marco normativo para la protección de las discapacidades en Andalucía y asegurar una respuesta coordinada a los problemas de estos colectivos. Así, el proyecto de ley contempla actuaciones en las áreas de la sanidad, educación, asistencia y servicios sociales, desarrollo comunitario, urbanismo y vivienda y deporte, cultura y ocio. También se crea el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad como órgano asesor de las Administraciones Públicas, del que formarán parte representantes de la Administración, de los agentes económicos y sociales y del movimiento asociativo.
En materia de salud, el proyecto de ley recoge aspectos como la prevención, asistencia sanitaria y rehabilitación médico-funcional de las personas con discapacidad, además de atención infantil temprana.
En el área de la educación, el texto presta una atención singular a los alumnos con necesidades educativas especiales, que dispondrán de sistemas de comunicación para facilitar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
En el campo de la integración laboral, la prioridad se centra en adecuar la Formación Profesional Ocupacional a las necesidades de estos colectivos y en incentivar medidas de fomento del empleo, en especial la primera inserción laboral.
En cuanto al acceso a la Función Pública, el proyecto de ley establece la necesidad de reservar un cupo no inferior al 3% de las plazas vacantes de las ofertas de empleo para las personas con discapacidad, con el objeto de que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos reales de la Administración de la Junta y de las entidades locales.
En el apartado de los servicios sociales, el texto aprobado por el Consejo de Gobierno distingue los niveles de atención que presta la Administración, los comunitarios y los especializados, similar al modelo hasta ahora en vigor. También se regulan los derechos y deberes de sus usuarios.
Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía promoverá para las personas con minusvalía psíquica programas sociales sustitutivos del cumplimiento de penas de privación de libertad en centros penitenciarios, además de impulsar la creación de entidades tutelares para personas incapacitadas.
Otro de los aspectos novedosos del proyecto de ley es el sistema de protección económica para las personas con alguna minusvalía. En este apartado se establece el derecho a las prestaciones no periódicas de carácter individual para cubrir necesidades específicas. Además, se complementan las hasta ahora existentes con una nueva enfocada a capacitar su inserción laboral y que no tienen derecho a otro tipo de ayudas.
Al mismo tiempo, este proyecto de ley presta especial atención a la normativa sobre accesibilidad urbanística, arquitectónicas, en el transporte y las comunicaciones, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios para el normal desarrollo de las personas con minusvalías.
Por último, en el capítulo dedicado a la vivienda, el proyecto de ley prevé que las Administraciones Públicas reservarán un mínimo del 3% de las viviendas que construyan.