El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado en su reunión de hoy interponer un recurso de inconstitucionali- dad contra ocho artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 así como contra determinadas partidas presupuestarias de las secciones 32 y 33.
Concretamente, el Gobierno de Andalucía recurre contra los artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 y 90 de la Ley de Presupuestos del Estado, así como contra las citadas partidas presupuestarias por considerar que vulneran diversos preceptos constitucionales, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
En relación a la Constitución, el recurso de la Junta se fundamenta en los artículos 1, 2, 9, 14, 31, 40, 131, 134, 137, 138, 139, 141.1 (apartados 1º, 13º y 14º), 150, 156, 157, 158, 161.1. c.
En cuanto al Estatuto, el Gobierno andaluz sostiene que la Ley de Presupuestos del Estado vulnera lo establecido en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 74 y Disposición Transitoria Sexta.
Finalmente, el recurso de la Junta de Andalucía se asienta en lo establecido en los artículos 2, 4, 13, 16 y Disposición Transitoria Primera de la LOFCA.
Entre los argumentos jurídicos del Gobierno andaluz se encuentran, de un lado, los mismos motivos de inconstitucio- nalidad que justificaban los anteriores recursos planteados contra los precedentes Presupuestos Generales del Estado en los ejercicios de 1997 y 1998. Se trata de la vulneración de los principios constitucionales de unidad y autonomía financiera, de coordinación con la Hacienda Estatal, de solidaridad, territorialidad, de libertad de circulación y establecimiento de personas y bienes, de igualdad básica de todos los españoles en el cumplimiento de los deberes constitucionales y de proscripción de privilegios económicos y sociales.
Asimismo, los anteriores recursos se han planteado, además, por la vulneración de los principios de legalidad, publicidad de las normas y seguridad jurídica recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Finalmente, los citados recursos rechazaban la aplicación unilateral por parte del Estado del sistema de financiación contemplados en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1992 a aquellas Comunidades autónomas que no asumieron el nuevo modelo.
En el nuevo recurso cuya interposición ha sido acordada hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, además de los citados argumentos, se añaden nuevos motivos de inconstitucionalidad.
Entre ellos destaca el hecho de que no se revisa el porcentaje de participación de Andalucía en los ingresos del Estado establecidos en el sistema de financiación para el quinquenio 1992-1996, aún existiendo dos causas determinantes para dicha revisión, como la profunda modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el incremento del porcentaje de cesión de dicho impuesto a las Comunidades Autónomas que han aceptado el modelo.
Por otra parte, el recurso del Gobierno andaluz aprecia un nuevo motivo de inconstitucionalidad por cuento la Ley de Presupuestos del Estado no contempla la habilitación de un crédito destinado a cubrir la liquidación definitiva de la participación de aquellas comunidades autónomas que no han aceptado el modelo.