El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para que presente demanda de intervención en apoyo a las pretensiones de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en el recurso de anulación, interpuesto por esta organización agraria ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, contra el reglamento comunitario de la Organización Común de Mercado (OCM) en el sector de las materias grasas.
Según el Consejo de Gobierno, esta OCM supone una violación de los objetivos de la Política Agrícola Común establecidos en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ya que asigna al Estado español una cantidad máxima garantizada de aceite de oliva (760.027 tm por campaña) netamente inferior a su potencial y a su realidad productiva, además de ser sinónimo de penalizaciones estructurales para los productores españoles.
Por otra parte, a juicio del Gobierno andaluz, la desaparición del mecanismo de intervención también pone en peligro la equidad respecto a los productores andaluces, ya que implica una tendencia a la baja de los precios de mercado, provocando daños irreparables a las explotaciones más desfavorecidas.
Andalucía es la primera región productora de aceite de oliva en Europa, con unas cifras que en 1997 representaron el 27% de la producción final agraria y el 51% del empleo agrario en la comunidad autónoma.