El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que establece el régimen sancionador y de inspección de la comercialización y transporte de productos pesqueros, norma que pretende evitar la competencia desleal y conservar y mejorar los recursos imprescindibles para el mantenimiento del sector y de sus puestos de trabajo.
Este régimen se aplicará a la comercialización de especies pesqueras que no tengan las autorizaciones establecidas en el decreto, así como a la tenencia, consignación, almacenamiento, transformación, distribución, exposición y venta de productos de talla inferior a la reglamentaria; al transporte sin la correspondiente documentación y a la venta en forma o lugar no autorizados.
El decreto aprobado hoy reparte las funciones de inspección entre los veterinarios oficiales de la Consejería de Salud, que realizarán su labor en almacenes, centros de manipulación, mercados mayoristas y minoristas y lonjas después de la primera venta; los inspectores de la Consejería de Trabajo e Industria (en mercados minoristas, comercios y establecimientos de restauración); los inspectores de Obras Públicas (en el ámbito del transporte); el personal habilitado por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y los funcionarios habilitados por la Consejería de Agricultura y Pesca, que actuarán en todos los ámbitos de la comercialización y del transporte, en este último caso a petición de la Guardia Civil y de la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía. Por su parte, esta unidad policial realizará inspecciones en las lonjas, en los puertos y en todo el proceso de comercialización y transporte.
Sanciones
Las competencias sancionadoras recaen en la Consejería de Agricultura y Pesca. No obstante, y por razones de urgencia o necesidad, las distintas autoridades inspectoras también podrán adoptar medidas provisionales precisas, entre las que se incluye el decomiso de productos, cuando conozcan o detecten una presunta infracción.
De acuerdo con el régimen aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, la decisión sobre el decomiso de los productos y su destino deberá realizarse cuando se inicie un expediente sancionador. Si los productos decomisados son aptos para el consumo, podrán ser distribuidos entre entidades benéficas u otras instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro; en caso contrario, se destruirán.
Por su parte, los gastos que originen las operaciones de intervención, inmovilización, depósito, decomiso, transporte y destrucción correrán a cargo del imputado.
Coordinación y seguimiento
El decreto establece, asimismo, la creación de nueve Comisiones de Coordinación y Seguimiento, una de carácter regional y ocho provinciales.
La Comisión Regional, adscrita a la Consejería de Gobernación y Justicia, tendrá como funciones elaborar un plan de actuación coordinado sobre las materias reguladas en el decreto; realizar un seguimiento de dicho plan; promover la colaboración de los distintos inspectores y canalizar iniciativas con otras administraciones y entidades públicas y privadas.
Esta comisión, que se reunirá con carácter ordinario una vez al semestre y con carácter extraordinario a instancia de cualquiera de sus miembros, estará compuesta por los directores generales de Política Interior, Pesca, Comercio, Consumo y Cooperación Económica y Salud Pública y Participación, así como por el director gerente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y un jefe de servicio de la Consejería de Agricultura y Pesca, que actuará como secretario, con voz y sin voto.
En cuanto a las Comisiones Provinciales de Coordinación y Seguimiento, adscritas a las distintas Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, sus funciones se centrarán en aplicar el Plan Regional de Actuación Coordinada; desarrollar en el ámbito provincial las funciones encomendadas a la Comisión Regional e informar a ésta de los resultados de sus actuaciones. Cada una de estas comisiones provinciales, cuyas reuniones ordinarias tendrán una periodicidad trimestral, estará integrada por el delegado del Gobierno de la Junta y por los delegados provinciales de Agricultura y Pesca, Salud, Trabajo e Industria, Obras Públicas y Transportes, además de un funcionario de la Delegación de Agricultura y Pesca que actuará como secretario.