La consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, ha presentado en el Consejo de Gobierno el documento que recoge las propuestas para el desarrollo del Pacto Local Andaluz, iniciativa cuyos objetivos se centran en clarificar el ámbito competencial de la Administración Local y resolver con mayor eficacia las demandas de los ciudadanos mediante el acercamiento de la Administración a los mismos.
El documento presentado hoy, que también será remitido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), recoge tanto las propuestas de descentralización planteadas por la Junta a partir del proceso negociador llevado a cabo con la FAMP como el desarrollo legislativo y reglamentario realizado por las distintas Consejerías de forma paralela a dicho proceso.
Entre las propuestas de la Junta de Andalucía para desarrollar el pacto local, destacan las siguientes:
- El proyecto del Plan Concertado Andaluz para la cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios, elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales, incluye la delegación en las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la coordinación y gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, además de regular la financiación de los mismos y establecer criterios objetivos para su distribución entre Ayuntamientos y Diputaciones.
- En materia de vivienda, el nuevo plan que actualmente elabora la Consejería de Obras Públicas establece la posibilidad de delegación de la gestión de viviendas. Asimismo, el proyecto de Decreto de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública atribuye esta competencia en exclusiva a los Ayuntamientos. Por último, el proyecto de Ley de Bienes de las Entidades Locales, en tramitación, permite a éstas la enajenación directa de inmuebles de su propiedad destinados a vivienda en los supuestos que en el mismo se determinan.
- El anteproyecto de Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros establece la competencia de los Ayuntamientos para la ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros dentro de sus términos municipales.
- El anteproyecto de Ley de Carreteras amplía la participación y el alcance de las competencias municipales en esta materia.
- El proyecto de Ley de Turismo prevé la atribución de importantes competencias a los Ayuntamientos, además de contemplar otros aspectos como el concepto de municipio turístico o la relación entre el turismo y los servicios municipales.
- En materia de Educación se propone potenciar la participación de las corporaciones locales en determinados aspectos de la formación del profesorado y de la programación de la enseñanza (establecimiento de la Red de Centros y enseñanzas, planificación y gestión de construcciones escolares, cumplimiento de la escolaridad obligatoria, realización de actividades o servicios complementarios, Programas de Garantía Social). De otra parte, la reivindicación municipal para la desafectación de viviendas de maestros sin autorización previa de la Consejería de Educación y Ciencia se ha recogido en el Proyecto de Ley de Bienes de las Entidades Locales.
- El Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en tramitación, recoge un conjunto de competencias municipales en materia de concesión de licencias, prohibición o suspensión de espectáculos o actividades, establecimiento de horarios y funciones de policía de espectáculos, así como el ejercicio de la potestad sancionadora.
- Finalmente, en materia de consumo, y sobre la base de las previsiones contenidas en la Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía, la Consejería de Trabajo e Industria propone la delegación de determinadas actividades inspectoras, así como de la actividad sancionadora en esta materia dentro de los límites cuantitativos que se establezcan.
Desarrollo normativo
Además de estas propuestas, el documento presentado hoy por la consejera de Gobernación y Justicia incluye una relación de las normas e iniciativas que la Administración autonómica ha ido desarrollando en paralelo al proceso de negociación del Pacto Local Andaluz. Entre estas normas, que recogen ya algunas de las demandas de descentralización planteadas por la FAMP, destacan las siguientes:
- La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que prevé ya la posibilidad de atribuir, por delegación de la Junta de Andalucía, determinadas competencias a los Ayuntamientos y Diputaciones.
- El Decreto 77/1994, de 5 de abril, en el que se recoge la posibilidad de delegar en los Ayuntamientos la mayor parte de las competencias reivindicadas en materia de Urbanismo.
- El Plan Andaluz de Vivienda 1992/1999, elaborado con la participación efectiva de las corporaciones locales; y el Decreto 51/1996, de 6 de febrero, que atribuye a los Ayuntamientos no sólo la promoción y gestión de la vivienda pública, sino también la titularidad de las promociones resultantes.
- Los Planes Intermodales de transporte, que establecen Comisiones de Coordinación con participación de los Ayuntamientos comprendidos en las áreas afectadas.
- En materia de Medio Ambiente, la Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, que contempla la posibilidad de delegar en las corporaciones locales la administración de los Parques Periurbanos y de los Monumentos Naturales; y el Reglamento de la Ley Forestal de Andalucía, de 1997, que atribuye a las entidades locales la administración y gestión de sus montes.
- La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, que atribuye a las entidades locales una serie importante de competencias y funciones, estableciendo diversos cauces de participación en la planificación de instalaciones.
- En materia de Cultura, los reglamentos del Sistema Bibliotecario y del Sistema de Archivos, que establecen la participación de las corporaciones locales, y la Ley del Patrimonio Histórico, que les atribuye diversas competencias, de manera directa o mediante delegación.
- La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que potencia el papel de los municipios, atribuyéndoles competencias tanto en materia de salud pública como de participación y gestión sanitaria.
Proceso negociador
El objetivo de desarrollar el Pacto Local Andaluz se planteó formalmente en la IV Asamblea de la FAMP, celebrada en Sevilla a fines de 1995. Esta iniciativa de los municipios fue favorablemente acogida desde un primer momento por la Junta de Andalucía, consciente de la necesidad de profundizar en la autonomía local y del papel fundamental que tienen en este proceso las Comunidades Autónomas, en cuanto que a ellas están atribuidas la mayor parte de las competencias que afectan al núcleo de interés de las corporaciones locales.
Tras una primera fase de estudio y valoración de las demandas iniciales de los municipios por parte de los diversos departamentos de la Administración Autonómica, se elaboró conjuntamente con la FAMP un primer documento de trabajo. En este documento se incluían, entre otras propuestas, la constitución de una Mesa del Pacto Local Andaluz, que se reunió por primera vez, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, el día 4 de marzo de 1998; y la constitución de mesas sectoriales para los distintos sectores competenciales: Asuntos Sociales; Trabajo e Industria; Obras Públicas y Transportes; Medio Ambiente; Turismo y Deportes; Educación y Cultura; Presidencia, Gobernación y Justicia; y Salud y Consumo. Todas ellas se constituyeron a lo largo del segundo semestre de 1998.
Junto a la creación de este marco negociador, imprescindible para el desarrollo del Pacto Local Andaluz, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1999 contempla las repercusiones económicas del mismo, autorizando en su artículo 26.4 a la Consejera de Economía y Hacienda para realizar en el Presupuesto las adaptaciones necesarias derivadas de los procesos de traspaso y delegación de competencias acordados en el marco del Pacto Local.
El citado documento de trabajo contemplaba, finalmente, un proyecto de desarrollo del Pacto Local Andaluz en diversas fases, atendiendo a la complejidad de las materias y al grado de acuerdo entre ambas partes respecto a su descentralización. El documento presentado hoy ante el Consejo de Gobierno constituye la primera fase de este proceso.