El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, ha acordado sancionar con 100 millones de pesetas a la empresa "Antonio Bernal e Hijos, S.L." por dos infracciones muy graves contra la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos cometidas en el vertedero "El Acebuchal", situado en la antigua finca La Cerraja de Alcalá de Guadaira (Sevilla). La sanción impuesta incluye la obligación de reparar los daños causados en la zona.
Por un lado, el Gobierno andaluz ha multado a dicha empresa con 75 millones de pesetas por la gestión de residuos tóxicos y peligrosos sin las autorizaciones previstas en la normativa vigente, así como por la mezcla no autorizada de residuos peligrosos y la mezcla de éstos con residuos sólidos urbanos. Además, se le ha impuesto una sanción de 25 millones por el vertido, abandono y depósito incontrolado de residuos peligrosos.
El expediente sancionador estudiado por el Gobierno andaluz subraya que, tras las investigaciones efectuadas, se detectó en el citado lugar contaminación del terreno por metales pasados, aceites minerales e hidrocarburos halogenados. En concreto, se constató la presencia de arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo, níquel y zinc en concentraciones por encima de los límites permitidos. Asimismo, se observó contaminación de metales pesados en las aguas subterráneas, provocada por la filtración al subsuelo de sustancias tóxicas acumuladas en la zona del vertedero (lixiviados).
El alto riesgo de la contaminación detectada motivó la actuación inmediata de la Consejería de Medio Ambiente, tras evaluar los residuos depositados en el vertedero y sus efectos sobre el entorno.
Antecedentes
La empresa "Antonio Bernal e Hijos" es reincidente, ya que la Administración andaluza le impuso en 1993 una multa de 250.000 pesetas por la explotación ilegal de una parcela de su propiedad, localizada en el vertedero de "El Acebuchal", que infringía la Ley de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
El proceso sancionador que ha desembocado en la multa acordada hoy por el Consejo de Gobierno fue iniciado en agosto de 1996 por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla. Como medidas cautelares, este organismo adoptó la paralización inmediata de los vertidos y exigió a la empresa la presentación de un plan de recuperación de los terrenos afectados y la obligatoriedad de su descontaminación.
Ante la no presentación de dicho plan en el plazo que dispone la ley, la Consejería de Medio Ambiente acordó en octubre de 1997 la ejecución del mismo con carácter subsidiario. Para ello, a través de la empresa pública EGMASA, elaboró un proyecto de recuperación y regeneración de los suelos contaminados de "El Acebuchal", que actualmente se lleva a cabo con una inversión superior a los 1.300 millones de pesetas.