El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación incluidas en el Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, cuyo presupuesto total alcanza los 220 millones de euros.
Respecto a la regulación anterior, esta norma simplifica y agiliza todo el procedimiento de concesión, ya que sólo será necesaria una única notificación a la Comisión Europea durante todo el periodo 2000-2006. Esta comunicación se realizaba antes, con carácter anual, para cada una de las órdenes de convocatorias elaboradas por las distintas consejerías encargadas de canalizar las subvenciones.
El Consejo de Gobierno ya reguló el pasado año en la misma línea las ayudas para medio ambiente, agricultura e inversiones empresariales de desarrollo regional. Actualmente se elabora el decreto correspondiente a formación y empleo, que completará el régimen de las subvenciones acogidas al Marco Comunitario de Apoyo.
La norma aprobada hoy incluye incentivos de los que se pueden beneficiar todos los sectores de la economía andaluza, pero especialmente las actividades relacionadas con la industria aeronáutica, la información y la comunicación, la minería y los sectores agrario, agroalimentario y pesquero. El decreto define tanto los posibles beneficiarios como los tipos de ayudas, los criterios para su concesión y los costes que se subvencionan, entre otros aspectos.
Como empresas beneficiarias se señalan todas aquellas privadas y públicas que se encuentren radicadas en Andalucía. Entre los objetivos concretos de las ayudas, destaca el de apoyar a proyectos que contribuyan a la creación y desarrollo de empresas tecnológicamente avanzadas, competitivas y generadoras de empleo.
En cuanto al tipo de incentivos, se trata fundamentalmente de subvenciones, aunque también están previstos préstamos, bonificaciones de intereses y aportaciones a fondos y sociedades de capital riesgo.
Entre los costes subvencionables, el decreto señala los relativos a gastos de personal, asesoría y adquisición de material, terrenos y locales, así como inversiones en bienes de equipo y desembolsos suplementarios derivados de la actividad investigadora.
Las ayudas incluidas en el decreto se canalizan a través de las consejerías de Presidencia, Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca y Educación y Ciencia.