El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado
un Decreto que establece un plazo de tres meses para facilitar
el acceso a la propiedad de los titulares adjudicatarios de viviendas
de promoción pública en régimen de acceso
diferido a la propiedad. Mediante este Decreto, la Junta pretende
vender a sus adjudicatarios 18.400 viviendas.
Estas viviendas fueron construidas durante los años 50,
60 y 70 por el Instituto Nacional de la Vivienda y cedidas posteriormente
a sus adjudicatarios en régimen de "acceso diferido
a la propiedad". Este régimen es una figura jurídica
híbrida entre el arrendamiento y la compraventa, por el
cual se transfiere al cesionario la posesión de la vivienda,
conservando el cedente su dominio hasta tanto aquél haya
satisfecho las cantidades a que esté obligado. La Junta
de Andalucía asumió en 1983 la gestión y
conservación de este parque integrado por más de
45.000 viviendas, cuyos adjudicatarios abonan una cuota entre
150 y 500 pesetas al mes. Con este Decreto la Junta oferta a los
adjudicatarios la posibilidad de amortizar anticipadamente el
importe de las viviendas para que adquieran la plena titularidad
de las mismas, siendo de cuenta de la Administración Autonómica
los gastos notariales y registrales.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes viene
desarrollando un amplio programa de amortizaciones anticipadas
desde 1990, cuya aplicación ha supuesto hasta el momento
la enajenación de cerca del 60 por ciento de las viviendas
afectadas, obteniendo un beneficio neto de casi 850 millones de
pesetas. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
ha enajenado hasta fecha 26.000 viviendas de este tipo.
La aprobación de este Decreto permitirá dar cumplida
respuesta a una petición insistentemente demandada por
gran número de los usuarios afectados. La Junta pretende
así completar el objetivo de vender a corto plazo las viviendas
a sus respectivos adjudicatarios, que tendrán de esta forma
la posibilidad de contar con su título de propiedad de
manera inmediata debido a la poca cuantía de las amortizaciones
pendientes.
Según el Decreto aprobado, las solicitudes presentadas
con anterioridad serán tramitadas de oficio, introduciendo
la posibilidad de regularizar en la titularidad aquellas situaciones
de ocupación de viviendas que lo requieran. Además
y a fin de ofrecer las mayores facilidades económicas para
la aceptación de la oferta, se permite fraccionar el pago
de la liquidación resultante durante 12 meses, sin interés,
cuando el importe de la misma sea igual o superior a 150.000 pesetas.
No obstante, el importe medio de la amortización de estas
viviendas se ha estimado en torno a 75.000 pesetas por vivienda.