Andalucía, 3 de
noviembre de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de la Presidencia, el proyecto de Ley Reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, que derogará la Ley 5/1995, de 6 de noviembre.
La nueva ley regulará, en general, la actividad informativa de las administraciones públicas y de las empresas participadas por éstas y, especialmente, en el período comprendido entre la convocatoria y la celebración de las elecciones, en función de las competencias exclusivas que recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Por primera vez, la normativa distinguirá entre las campañas de publicidad que prestan un servicio público o se refieren a actos administrativos, como ofertas de empleo o campañas sanitarias de prevención, de aquellas otras que tienen como objetivo explicar a los ciudadanos la gestión política realizada y que refuerzan la imagen corporativa de las administraciones.
La nueva ley aprobada por el Consejo de Gobierno también destaca la modificación de los criterios de contratación, ya que los actualmente vigentes colisionan con la legislación básica del Estado (Ley de Contratos, Ley Electoral General y Ley de la Competencia).
Las nuevas contrataciones que realicen las administraciones se regirán por principios objetivos que suprimen la segmentación obligatoria de la ley vigente, e incluyen como novedad la baremación de la "creatividad", con lo que la Junta se convierte en la primera administración que moderniza los criterios de adjudicación en función de valores asumidos por el sector publicitario.
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno exime de las restricciones publicitarias a aquellas empresas participadas por capital público, pero que por su carácter industrial o comercial no inciden en el desarrollo del proceso electoral. De esta forma, facilita la expansión de empresas andaluzas que vieron reducidas sus posibilidades de desarrollo por las limitaciones establecidas en la Ley 5/1995.
El texto aprobado permitirá, una vez en vigor, la realización de campañas destinadas a difundir el funcionamiento de los servicios públicos, como concursos de obras, ofertas de empleo público, convocatorias de cursos y becas, certámenes o ferias, anuncios de expropiaciones o de planeamiento urbanístico, campañas sobre prevención de incendios, vacunación infantil, o incluso la promoción turística de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado sendos decretos, por los que la Junta de Andalucía acepta la cesión gratuita por los Ayuntamientos de Torreperogil (Jaén) y Albolote (Granada) de parcelas de terreno para la construcción de dos nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria en dichos municipios, en cuyas obras la Consejería de Educación y Ciencia invertirá 725 millones de pesetas.
La construcción de estos centros, incluidos en el Plan de Infraestructuras Educativas "Aula 200", permitirá cubrir la demanda de escolarización de los alumnos que cursarán la etapa de Educación Secundaria en estas localidades. Los nuevos Institutos comenzarán a funcionar en el curso escolar 1999-2000.
El centro de la localidad granadina de Albolote, con una inversión de 434 millones, tendrá capacidad para 480 alumnos. Por su parte, el IES de Torreperogil contará con un presupuesto de 291 millones de pesetas y ofertará un total de 480 puestos escolares.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita a la Diputación Provincial de Cádiz, por un plazo de treinta años, de la finca "Junta de los Ríos", situada en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz), para la organización de actividades medioambientales.
El acuerdo del Consejo de Gobierno señala asimismo que la finca cedida revertirá a la Comunidad Autónoma si no fuera destinada al uso previsto. La Diputación de Cádiz, por su parte, asumirá los gastos necesarios para el buen uso del bien cedido, así como la obligación de mantener el inmueble en perfectas condiciones, durante el plazo mencionado, y correrá con los gastos para reparar daños, detrimentos o cualquier deterioro.
Esta decisión del Consejo establece además que, transcurrido el período de cesión, pasarán a propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin derecho a compensación, las pertenencias y revalorizaciones que se hubieran acometido por parte de la Diputación de Cádiz.
La finca "Junta de los Ríos" tiene una extensión de 9,33 hectáreas, está declarada como rústica, y se encuentra junto a la carretera Arcos-Paterna y el río Majaceite.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Educación y Ciencia, un decreto por el que se crea la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. El objetivo de la nueva institución es la promoción y el desarrollo de las manifestaciones artísticas.
La puesta en marcha de este nuevo organismo permitirá profundizar en la investigación de los asuntos ligados al progreso de las tareas científicas, artísticas y literarias. Entre otros fines se pretende la conservación y restauración de objetos, inmuebles y documentos relacionados con las manifestaciones artísticas, la promoción de exposiciones y concursos así como fomentar las relaciones con organismos oficiales y entidades.
La nueva institución estará integrada por treinta académicos numerarios, varios académicos nacionales o extranjeros, y otros diez académicos de honor, reservados a personalidades que se hayan distinguido por su labor en alguna de estas disciplinas. Todos estos miembros integrarán la Junta General, que será el órgano que rija el funcionamiento de la Academia.
Finalmente los estatutos de funcionamiento conceden a la Junta de Gobierno, integrada por el presidente, vicepresidente, un censor, secretario, tesorero, y bibliotecario, designados entre los académicos numerarios, la gestión y administración de la Academia. El mandato de estos cargos será de cuatro años.