| Andalucía, 6 de abril de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto para incentivar políticas específicas en materia de juventud y avanzar en la apuesta institucional por un colectivo que integra en Andalucía a más de la cuarta parte de su población (1.824.461 jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 29 años).
El "Decreto Joven" incluye medidas en todos aquellos ámbitos que afectan de manera fundamental a los jóvenes, tales como el empleo, la vivienda, la salud, la formación, el voluntariado, el deporte, la creatividad o el ocio, con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes en la sociedad.
Para facilitar el acceso al primer empleo, la Junta asumirá la totalidad de los costes de la cotización empresarial a la Seguridad Social en los contratos indefinidos de los menores de 30 años; en los contratos temporales que se conviertan en indefinidos a tiempo parcial y en los contratos de jóvenes para sustituciones por causas de maternidad, vacaciones, Prestación Social Sustitutoria o Servicio Militar.
Otra de las apuestas del "Decreto Joven" es el apoyo a los jóvenes emprendedores, bien por la vía del autoempleo o de la creación participada de empresas. Para acceder a estos programas, la Junta introduce como novedad la superación de un curso previo de formación teórica y práctica con el que se pueda garantizar la viabilidad del proyecto y ajustar su financiación.
Dentro del Programa Jóvenes Emprendedores, el Gobierno autonómico recoge incentivos de hasta el 50% de la inversión a realizar en maquinaria y útiles necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, así como préstamos de hasta cinco millones de pesetas con devolución a cuenta de beneficios. También subvencionará los intereses generados por financiación externa, con el límite de la inflación prevista.
Por otra parte, los jóvenes que inicien una actividad en régimen de autónomos contarán con ayudas de hasta un millón de pesetas para los gastos de puesta en marcha del proyecto y para asegurarles unos ingresos mínimos, limitados al 62% del Salario Mínimo Interprofesional, por un periodo de seis meses. Además, dispondrán de incentivos de hasta tres millones de pesetas, amortizables en seis años, destinados a la adquisición de maquinaria o útiles necesarios para el ejercicio de la profesión.
Vivienda
El "Decreto Joven" aprobado hoy por el Consejo de Gobierno también pretende facilitar el acceso a la vivienda de aquellos que busquen su autonomía personal. Con el objetivo de que cualquier joven andaluz menor de 35 años, cuyos ingresos no superen los dos millones de pesetas, disponga de un alquiler inferior a 25.000 pesetas mensuales, la Junta reservará un cupo del 35% de cada promoción pública del Tercer Plan de Vivienda, fijando una renta máxima del 3% del precio del inmueble. Para facilitar el alquiler en vivienda libre, la Junta colaborará en una póliza de seguro que ayude a vencer la resistencia de aquellos propietarios recelosos de los inquilinos jóvenes.
En cuanto a la compra de la primera vivienda, la Junta sufragará la adquisición de una vivienda de promoción pública con 100.000 pesetas y la cuantía de los intereses en aquellos casos en que sea necesario un préstamo complementario al hipotecario. Asimismo, subvencionará el 6% del régimen especial e introducirá la novedad de ayudas económicas de hasta 175.000 pesetas por la compra de una vivienda de segunda mano. Para las viviendas que se adquieran en régimen de autoconstrucción, la Junta aportará hasta tres millones de pesetas.
Otro gran objetivo del decreto aprobado hoy se dirige a lograr que los jóvenes participen más activamente en la construcción de la Andalucía del siglo XXI. En este sentido, se incluyen medidas novedosas como el Aula de Informática Joven, que permitirá el acceso a Internet y el conocimiento de las nuevas tecnologías en todos los colegios andaluces, y el programa "Europa a tu alcance", que pretende facilitar el conocimiento de del entorno comunitario a jóvenes menores de 25 años con ingresos familiares que no superen las 175.000 pesetas. La Junta colaborará en los gastos de viaje (hasta 40.000 pesetas) y manutención (2.700 pesetas diarias) de aquellos jóvenes que se desplacen para realizar trabajos temporales y estudios específicos en los países de la Unión Europea.
Con el "Decreto Joven", el Gobierno andaluz introduce además medidas de apoyo al asociacionismo y voluntariado juvenil y aumenta los cauces de comunicación con un teléfono del joven y una página web de información juvenil, además de favorecer el derecho al ocio mediante las propuestas incluidas en el "Pacto por la Noche", la utilización de la Red de Albergues y Campamentos Juveniles o la celebración anual de Campeonatos de Andalucía, entre otras propuestas.
Por último, el programa de medidas aprobado incluye, como mecanismo para mejorar la eficacia de las ayudas, la creación de la "Cuenta Joven", que se negociará con una entidad bancaria y a través de la cual se adelantarán automáticamente las subvenciones que tramite la Administración andaluza.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios. Esta normativa se ha sometido, durante varios meses, a un largo proceso de debate entre todos los sectores de la comunidad educativa, que culminó el pasado enero con su aprobación, sin ningún voto en contra, por el pleno del Consejo Escolar de Andalucía.
La Carta de Derechos y Deberes, que entrará en vigor en los próximos días, prevé la creación de una comisión de convivencia, integrada por padres, profesores y alumnos, que se encargará de resolver de manera inmediata los conflictos que puedan alterar la armonía del centro. Este órgano tendrá capacidad para decidir las sanciones que se aplican en cada caso, ateniéndose siempre al código de conducta previamente establecido por el Consejo Escolar de cada centro, que, a partir de ahora, sólo intervendrá en las situaciones en las que se haga necesario el traslado del alumno a otro centro docente.
El texto aprobado se ajusta a la realidad actual de los colegios e institutos andaluces y les concede una mayor autonomía para que puedan adaptar las normas de convivencia a las peculiaridades de la población que atienden. Con este documento, la Consejería de Educación pretende evitar el desconcierto que hasta ahora provocaban entre la comunidad educativa las carencias normativas sobre convivencia diaria en los centros docentes.
El decreto recoge sugerencias y aportaciones realizadas durante el proceso de debate, regulándose entre ellas el derecho de reunión en horario lectivo y el derecho a la no asistencia a clase, además de asegurar la presencia de representantes de los alumnos en la comisión de convivencia. En el documento también figuran explícitamente los derechos del alumno a la libertad de expresión y al respeto de su integridad como persona y de su libertad de conciencia, así como el derecho a recibir una educación de calidad en las condiciones que establece la ley.
La norma aprobada por el Gobierno andaluz, a diferencia de la estatal, define cuáles son las conductas mínimas que dificultan la convivencia. Entre ellas destacan la comisión de actos que impidan el normal desarrollo de las clases o actividades del centro, la reiterada actitud pasiva del alumno en relación a sus actividades, el no respetar los derechos de los compañeros, las faltas reincidentes de asistencia a clase, los actos de desconsideración hacia el resto de integrantes de la comunidad educativa o los daños intencionados en instalaciones y materiales del centro.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que establece el régimen sancionador y de inspección de la comercialización y transporte de productos pesqueros, norma que pretende evitar la competencia desleal y conservar y mejorar los recursos imprescindibles para el mantenimiento del sector y de sus puestos de trabajo.
Este régimen se aplicará a la comercialización de especies pesqueras que no tengan las autorizaciones establecidas en el decreto, así como a la tenencia, consignación, almacenamiento, transformación, distribución, exposición y venta de productos de talla inferior a la reglamentaria; al transporte sin la correspondiente documentación y a la venta en forma o lugar no autorizados.
El decreto aprobado hoy reparte las funciones de inspección entre los veterinarios oficiales de la Consejería de Salud, que realizarán su labor en almacenes, centros de manipulación, mercados mayoristas y minoristas y lonjas después de la primera venta; los inspectores de la Consejería de Trabajo e Industria (en mercados minoristas, comercios y establecimientos de restauración); los inspectores de Obras Públicas (en el ámbito del transporte); el personal habilitado por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y los funcionarios habilitados por la Consejería de Agricultura y Pesca, que actuarán en todos los ámbitos de la comercialización y del transporte, en este último caso a petición de la Guardia Civil y de la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía. Por su parte, esta unidad policial realizará inspecciones en las lonjas, en los puertos y en todo el proceso de comercialización y transporte.
Sanciones
Las competencias sancionadoras recaen en la Consejería de Agricultura y Pesca. No obstante, y por razones de urgencia o necesidad, las distintas autoridades inspectoras también podrán adoptar medidas provisionales precisas, entre las que se incluye el decomiso de productos, cuando conozcan o detecten una presunta infracción.
De acuerdo con el régimen aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, la decisión sobre el decomiso de los productos y su destino deberá realizarse cuando se inicie un expediente sancionador. Si los productos decomisados son aptos para el consumo, podrán ser distribuidos entre entidades benéficas u otras instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro; en caso contrario, se destruirán.
Por su parte, los gastos que originen las operaciones de intervención, inmovilización, depósito, decomiso, transporte y destrucción correrán a cargo del imputado.
Coordinación y seguimiento
El decreto establece, asimismo, la creación de nueve Comisiones de Coordinación y Seguimiento, una de carácter regional y ocho provinciales.
La Comisión Regional, adscrita a la Consejería de Gobernación y Justicia, tendrá como funciones elaborar un plan de actuación coordinado sobre las materias reguladas en el decreto; realizar un seguimiento de dicho plan; promover la colaboración de los distintos inspectores y canalizar iniciativas con otras administraciones y entidades públicas y privadas.
Esta comisión, que se reunirá con carácter ordinario una vez al semestre y con carácter extraordinario a instancia de cualquiera de sus miembros, estará compuesta por los directores generales de Política Interior, Pesca, Comercio, Consumo y Cooperación Económica y Salud Pública y Participación, así como por el director gerente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y un jefe de servicio de la Consejería de Agricultura y Pesca, que actuará como secretario, con voz y sin voto.
En cuanto a las Comisiones Provinciales de Coordinación y Seguimiento, adscritas a las distintas Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, sus funciones se centrarán en aplicar el Plan Regional de Actuación Coordinada; desarrollar en el ámbito provincial las funciones encomendadas a la Comisión Regional e informar a ésta de los resultados de sus actuaciones. Cada una de estas comisiones provinciales, cuyas reuniones ordinarias tendrán una periodicidad trimestral, estará integrada por el delegado del Gobierno de la Junta y por los delegados provinciales de Agricultura y Pesca, Salud, Trabajo e Industria, Obras Públicas y Transportes, además de un funcionario de la Delegación de Agricultura y Pesca que actuará como secretario.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha adoptado, en su reunión de hoy, un acuerdo en virtud del cual se destinan 100 millones de pesetas del Presupuesto de Cooperación para ayuda humanitaria a los refugiados albanoskosovares damnificados por el conflicto en los Balcanes.
El citado acuerdo incluye, además, la creación de un Grupo de Trabajo para articular y coordinar la colaboración solidaria de la Junta de Andalucía con los afectados por el conflicto de Kosovo. En este grupo de trabajo, coordinado por la Consejería de la Presidencia y en colaboración con el Gobierno Central se integrarán los departamentos correspondientes de las consejerías de Asuntos Sociales; Trabajo e Industria; Educación; Salud, Agricultura y Pesca y Medio Ambiente.
El Consejo de Gobierno acordó también manifestar la disposición de la Junta de Andalucía a recibir a un contingente de refugiados kosovares que necesiten ayuda especial en estas difíciles circunstancias.
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 900,7 millones de pesetas en la construcción de tres Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) en Huétor-Vega (Granada), El Viso (Córdoba) y Sabiote (Jaén). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por los ayuntamientos de estas localidades para llevar a cabo los proyectos.
El Instituto de Huétor Vega, primero que se construye en esta localidad granadina, tiene un presupuesto cercano a los 344 millones de pesetas y acogerá a 480 alumnos de Secundaria.
Por su parte, el IES de El Viso, de 12 unidades, ofertará 360 puestos escolares a partir del próximo curso. Su construcción supondrá una inversión de 295,2 millones.
En cuanto al nuevo centro de Sabiote, presupuestado en 261,4 millones, estará concluido en el curso 1999/2000 y tendrá capacidad para 240 estudiantes.
Los tres institutos contarán con aulas de Música, Plástica, Idiomas e Informática, así como biblioteca, taller de Tecnología, laboratorio, gimnasio y todo el equipamiento necesario para impartir la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Con la construcción de estos centros, enmarcados en el Plan Aula 2000, se cubrirán las demandas de escolarización de los citados municipios, en cumplimiento de las previsiones del Mapa de Enseñanzas y Red de Centros de Andalucía.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, ha acordado autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a interponer recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la Ley 3/99, de 11 de enero, por la que se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada. El recurso afecta a siete artículos y otros concordantes de la citada ley que, según el Gobierno andaluz, vulneran determinados preceptos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Andalucía, normas que otorgan a la comunidad autónoma competencias exclusivas en materia de medio ambiente y espacios naturales protegidos.
El Gobierno andaluz presentará este recurso no sólo por coherencia jurídica sino también para que se profundice en el análisis de las discrepancias surgidas con motivo del modelo de cogestión de los parques nacionales planteado por el Gobierno central. En este sentido, la Junta ya formuló recurso de inconstitucionalidad contra la Ley estatal 41/97 (que modificaba la Ley 4/89 sobre Conservación de Espacios Naturales) por vulnerar, entre otras, la capacidad de autogobierno de Andalucía y las funciones que le corresponden en la administración y gestión de estos espacios.
A juicio del Gobierno andaluz, la Comisión Mixta de Gestión, órgano cuya creación establece la ley que se va a recurrir, no sólo desconoce las facultades de la comunidad autónoma en materia de espacios protegidos, sino que coloca al Gobierno central en una situación de primacía ante diversas funciones relacionadas con la congestión del Parque Nacional. Entre estas funciones destaca la referida al Plan de Desarrollo Sostenible de Sierra Nevada, cuya aprobación se atribuye al Gobierno central en detrimento del Gobierno andaluz, lo que en opinión de éste supone un claro exceso de las funciones del Estado.
Asimismo, la citada ley hace depender del Ministerio de Medio Ambiente la regulación y funcionamiento de los órganos de gestión y participación (el Patronato del Parque Nacional y los nombramientos de su presidente y secretario), lo que también se considera que excede de las facultades estatales e invade la normativa de autonomía administrativa.
El Consejo de Gobierno entiende además que la ley aprobada por el Gobierno central vulnera la autonomía financiera de Andalucía, ya que permite a los órganos estatales aplicar partidas presupuestarias para Sierra Nevada que se niegan a la Administración andaluza, a la que se obliga a suscribir un acuerdo previo de financiación con el Estado, contraviniendo competencias transferidas a la comunidad.
Según la norma que el Gobierno andaluz va a recurrir, la citada Comisión Mixta de Gestión ostentaría la decisión última en la planificación de los instrumentos de regulación del Parque Nacional (Plan Rector de Uso y Gestión, planes anuales de inversión, planes sectoriales, etc). En relación a las potestades sancionadoras y de control e inspección, esta comisión privaría a Andalucía del ejercicio de las mismas, dejando vacías de contenido sus facultades gestoras y cediendo al Estado el control material y el mantenimiento de los valores naturales del espacio.
El recurso de inconstitucionalidad cuya interposición ha autorizado hoy el Consejo de Gobierno se refiere concretamente a los artículos 3 (apartado 3), 4 (apartado 2), 6, 7, 8, 9 (apartados 2 y 3) y 10 (apartados 2, 3, 4 y 5), además de artículos concordantes y conexos, de la Ley 3/99 que crea el Parque Nacional de Sierra Nevada.
No obstante lo anterior, el Gobierno andaluz nombró recientemente a los cinco representantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Patronato del Parque Nacional de Sierra Nevada, que aportarán su trabajo de gestión independientemente de la situación de provisionalidad que genera el recurso de inconstitucionalidad. Estos cinco miembros son los viceconsejeros de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Turismo y Deporte, además de los delegados del Gobierno andaluz en las provincias de Almería y Granada.
El Consejo de Gobierno ha nombrado, a propuesta del consejero de Educación y Ciencia, Manuel Pezzi, a María del Pilar Sánchez Muñoz y a María Teresa Jiménez Vilchez delegadas del citado departamento en las provincias de Cádiz y Granada, respectivamente.
María del Pilar Sánchez, nueva responsable de la Consejería de Educación en Cádiz, nació en Ceuta y es profesora de EGB. En la actualidad es coordinadora de Educación de la zona de Jerez y Sierra de Cádiz.
Por su parte, María Teresa Jiménez, natural de Lanjarón (Granada), es licenciada en Filología en las ramas de Hispánica y Románica y profesora de Secundaria de Lengua y Literatura. En 1991 fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lanjarón.