| Andalucía, 6 de noviembre de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se regula el uso de la marca Calidad Certificada, distintivo creado por la Junta para la promoción de productos agroalimentarios y pesqueros andaluces en función de una calidad diferenciada y de la garantía de su elaboración bajo controles específicos. Esta marca podrá ser utilizada e insertada, previa solicitud, en las etiquetas de todos aquellos productos que estén protegidos por denominaciones de origen y especificas, agrupados bajo las indicaciones de Agricultura Ecológica y Producción Integrada o certificados por los organismos acreditados que cumplan la norma comunitaria EN–45011.
El nuevo distintivo sustituye al de Alimentos de Andalucía, que durante los últimos diez años ha sido el principal referente de calidad para más de 600 productos agroalimentarios y que fue derogado en marzo de 2000 ante la recomendación de la Unión Europea de no vincular las distinciones de este tipo a zonas geográficas.
Para acceder al uso del sello Calidad Certificada, los productos deberán inscribirse en un registro en el que se reflejarán tanto sus principales características como las de la entidad productora, fabricante o comercializadora. Los solicitantes, que tendrán acceso a un manual de uso de la marca, deberán aportar un proyecto de localización del distintivo en el etiquetado. La autorización será válida para un periodo de cinco años renovable por otros cinco y sólo beneficiará al producto o productos para los que se solicite, no a toda la gama de artículos elaborados por el interesado.
Las empresas que participen en la nueva marca de calidad de la Junta podrán beneficiarse de campañas de comunicación comunes y de estrategias específicas de promoción en los ámbitos nacional e internacional. En este sentido, Calidad Certificada funcionará como un complemento de otros distintivos ya existentes, como las denominaciones de origen o las indicaciones de Agricultura Ecológica, a los que no sustituirá ni excluirá.
Plan de Promoción
La creación de la marca Calidad Certificada se incluye en la estrategia de la Junta de Andalucía para la promoción de los productos agroalimentarios de Andalucía, especialmente de aquellos que estén avalados y reconocidos por una garantía de calidad específica. Dentro de esta política, la Consejería de Agricultura y Pesca desarrolla desde el pasado año el Plan Global de Promoción Agroalimentaria, que constituye el punto de partida del nuevo símbolo de calidad y en el que se han invertido ya unos 600 millones de pesetas.
El Plan Global de Promoción, que hasta ahora se ha desarrollado bajo el lema Andalucía se sale, incorpora tanto un programa de comunicación dirigido a productores, restauradores y consumidores como un programa técnico para impulsar la búsqueda de nuevos mercados y fomentar los intereses comerciales y tecnológicos del sector agroalimentario andaluz. Con la aprobación del decreto de hoy, el Plan Global de Promoción entra en una nueva fase más centrada en el lanzamiento y e implantación del nuevo sello de calidad.
La industria agroalimentaria andaluza representa actualmente el 38% de la producción industrial de la comunidad autónoma, con unas ventas que superan los 1,8 billones de pesetas y una generación de empleo cercana a los 60.000 puestos de trabajo. Durante la última década este sector ha experimentado un crecimiento del 150% en sus ventas al exterior, como consecuencia, entre otros factores, de las iniciativas de promoción e internacionalización llevadas a cabo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la Violencia hacia las Mujeres 2001-2004, que contará con una inversión total de 38 millones de euros (6.324 millones de pesetas), el doble de lo destinado al plan anterior.
La nueva estrategia de la Junta para erradicar este tipo de violencia recoge un total de veinte medidas agrupadas en los ámbitos de prevención y sensibilización, atención a las víctimas y coordinación institucional. Respecto al plan anterior, desarrollado entre 1998 y 2000, la principal novedad es la especial atención que se presta al restablecimiento de los derechos de las víctimas y a la reparación de los daños causados por las agresiones.
Entre las veinte medidas programadas destacan la creación de un servicio especializado de 24 horas para asesoramiento jurídico e intervención inmediata; el establecimiento de un sistema de garantías para aquellas mujeres víctimas de malos tratos con especiales dificultades económicas; la consolidación y homogeneización de la Red de Servicios de Atención y Acogida, y el compromiso de la Junta de Andalucía de personarse como acusación particular en los casos más graves.
El Plan también establece medidas para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre pago de pensiones alimenticias y consolida el sistema de asesoramiento jurídico integral y gratuito a través de los turnos de oficio especializados que funcionan en las ocho provincias andaluzas en colaboración con los Colegios de Abogados. Asimismo, se prevé la constitución, dentro de la Policía Nacional adscrita a la Junta, de un grupo especializado en atención y protección a mujeres maltratadas.
En cuanto al restablecimiento de los derechos de las mujeres que sufren agresiones, el Gobierno andaluz insistirá en la aplicación rigurosa de la Ley de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual e instará a la modificación de esta norma para que las afectadas por malos tratos puedan percibir indemnizaciones.
Prevención
En el área de la prevención y sensibilización, el nuevo plan enfoca sus prioridades hacia sectores concretos de la población, como las mujeres del ámbito rural y los jóvenes y los niños, a través de iniciativas específicas de concienciación en la enseñanza obligatoria y en la universitaria. Una de las medidas previstas en este campo se dirige expresamente a impulsar la colaboración con los medios de comunicación para fomentar el debate, la reflexión y los valores igualitarios entre hombres y mujeres.
El plan aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que ha sido elaborado con una amplia participación de asociaciones de mujeres, profesionales, grupos políticos parlamentarios y entidades sociales, incluye, finalmente, la constitución de la Comisión Andaluza contra la Violencia de Género, órgano que se encargará de coordinar todas las iniciativas de las distintas administraciones en esta materia, y la creación de la Red de Municipios contra la Violencia hacia las Mujeres.
Balance
Durante la aplicación del anterior plan, que supuso una inversión total de 3.365 millones de pesetas entre 1998 y 2000, los centros de atención y acogida pasaron de 15 a 49, y el número de plazas ofertadas por este servicio se incrementó de 207 a 479. El pasado año fueron atendidas 3.600 personas, incluidas tanto las mujeres maltratadas como sus hijos, frente a las 769 que recibieron asistencia en 1997.
Una de las principales medidas pioneras desarrolladas, que situó a la Junta de Andalucía como administración de referencia en la lucha contra la violencia doméstica, fue la creación en julio de 1998 del Servicio Gratuito de Defensa Legal, que proporcionó asistencia letrada a más de un millar de mujeres hasta el año 2000.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se crea la categoría de Técnico de Salud de Atención Primaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los profesionales que ostenten esta condición desarrollarán, con criterios de mayor especialización, funciones de apoyo directo al personal sanitario de los Equipos Básicos de Atención Primaria para las que hasta ahora no se exigían titulaciones específicas.
En concreto, el decreto establece cuatro especialidades dentro de la nueva categoría laboral: Medicamento, para la cual será necesario estar en posesión del título de Licenciado en Farmacia; Epidemiología y Programas, que requerirá el título de Licenciado en Medicina, y Sanidad Ambiental y Educación para la Salud y Participación Comunitaria, especialidades destinadas a licenciados, ingenieros, arquitectos o titulados equivalentes.
Los técnicos de Salud de Atención Primaria desempeñarán funciones de asesoramiento en la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades relacionadas con sus respectivas materias. En el caso de la especialidad del Medicamento, ejercerán adicionalmente la dirección técnica de la adquisición, conservación y dispensación de los productos que deban administrarse en los centros asistenciales de Atención Primaria del SAS, además de gestionar y mantener los sistemas de información sanitaria relativos a farmacia. En la especialidad de Epidemiología y Programas, el trabajo de los técnicos también incluirá la gestión y mantenimiento de los sistemas de información sanitaria relacionados con estas materias.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que regula la integración, en la organización de la Función Pública de la Junta de Andalucía, de 350 trabajadores transferidos a la Administración autonómica y procedentes de centros sanitarios de las Diputaciones Provinciales, principalmente hospitales y centros de asistencia psiquiátrica.
La Consejería de Justicia y Administración Pública integrará a este colectivo en el régimen estatutario del Servicio Andaluz de Salud, mediante la elaboración de una relación de puestos de trabajo adaptada a los servicios que prestaban con anterioridad los nuevos funcionarios.
El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo adoptado el pasado 5 de octubre por la Mesa General de Negociación sobre los derechos de participación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. En virtud de este acuerdo, los representantes sindicales colaborarán de manera activa en el desarrollo y seguimiento de las normas e iniciativas relacionadas con la seguridad laboral en la función pública andaluza, incluyendo las administraciones docente y sanitaria.
En concreto, la Mesa General de Negociación, integrada por representantes de la Consejería de Justicia y Administración Pública y de los sindicatos UGT, CCOO, CSI-CSIF y Cemsatse, acordó concretar este derecho de participación a través de las figuras de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud.
Los Delegados de Prevención serán los representantes de los empleados públicos encargados de colaborar con la Administración en la mejora de la acción preventiva. Asimismo, fomentarán la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, vigilarán su cumplimiento y serán consultados en los asuntos relativos a la seguridad e higiene en el trabajo.
Los Comités de Seguridad y Salud, órganos colegiados de participación en los que se debatirán los proyectos y planes de la Junta en materia de prevención de riesgos, serán los encargados de proponer a la Administración andaluza medidas para la mejora de condiciones de trabajo y la corrección de deficiencias existentes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Rota (Cádiz) para adoptar su bandera municipal, símbolo que tendrá las siguientes características:
Bandera rectangular, de proporciones dos por uno, de color verde oliva, cargada en su centro con el escudo heráldico municipal.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de la red de colectores de aguas residuales de Montoro (Córdoba). Para ello, ha aprobado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, en el que la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 2,5 millones de euros (416 millones de pesetas).
La nueva red de colectores canalizará las aguas residuales hacia la futura depuradora de la localidad, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de contratación de obras. Ambas infraestructuras, que prestarán servicio a una población superior a los 9.000 habitantes, supondrán la eliminación de los actuales vertidos sin depurar que se realizan en el río Guadalquivir.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy retirar a trece asociaciones el reconocimiento como comunidades andaluzas asentadas en el exterior. La decisión se justifica al constatarse el incumplimiento de las funciones que estas entidades tienen encomendadas por ley, entre que figuran la difusión de la cultura andaluza y el mantenimiento de los vínculos con la comunidad autónoma. En algunos casos también se detectó que las asociaciones no estaban válidamente constituidas.
Las trece entidades afectadas son las siguientes: Casa de Andalucía de Guadalajara (constituida en 1987); Centro Cultural Andaluz Los Bambinos de Sabadell (1987); Centro Sociocultural Andaluz de Hostalrich, Barcelona (1988); Centro Cultural La Malena, Barcelona (1988); Asociación de Andaluces de Lausanne, Suiza (1988); Centro Cultural Andaluz Los Villares de Santa Coloma de Gramanet (1988); Taller Flamenco Andaluz de Toulouse, Francia (1989); Casa de Andalucía de Montcada, Valencia (1990); Centro Cultural de Andalucía en Alcorcón (1990); Casa Cultural Andaluza en Montcada, Valencia (1991); Centro Cultural Andaluz en Alicante (1997); Asociación Cultural Andaluza Hijos del Sur, de Santa Coloma de Gramanet (1997), y Asociación Cultural Andaluza de Kasell y alrededores, Alemania (1997).
Ante la decisión adoptada hoy por el Consejo de Gobierno, las asociaciones pueden interponer un recurso de reposición o un recurso contecioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.